El alto consejero para la Reintegración, Alejandro Éder, advierte que el Estado debe garantizar a los ex combatientes que no se les cambiarán las reglas de juego de la desmovilización.
¿Cuál es la realidad de la reintegración hoy en Colombia?
Ese es un proceso complejo que ha tenido que superar grandes obstáculos, pero a pesar de eso es exitoso. Hemos logrado que más de 50 mil personas dejen las armas y de ellas ya casi 9 mil están trabajando y otras 20 mil reciben formación académica.
Pero hay una percepción de que no ha sido efectiva...
Les estamos dando una salida a los violentos, pero sigue habiendo mucha estigmatización. Hay quienes dicen que las bandas criminales están llenas de desmovilizados, pero, realmente, desde el 2006, unas 1.000 personas, es decir, menos del 3 por ciento de los reinsertados, se han vinculado a esas organizaciones. No se puede olvidar que al menos el 85 por ciento sí está cumpliendo.
Y si ellos están cumpliendo, ¿el Gobierno también lo está haciendo?
Hay que dejar claro que la reintegración no es un premio, es parte de un proceso de paz, y eso obliga a que sea un plan de Estado y no de gobierno. Para eso necesitamos la estabilidad jurídica, para que los combatientes confíen y se entreguen. No les podemos cerrar la puerta, porque eso los mantiene en la ilegalidad.
¿Qué se requiere para tener esa estabilidad jurídica?
Estamos en una democracia que exige respeto entre los poderes, pero todos como Estado debemos decidir qué queremos como sociedad. Esta pelea que está dando el Gobierno no es por los desmovilizados, sino por la paz del país. Debemos garantizar que no les vamos a cambiar las reglas de juego por el camino.
¿Qué riesgos hay si no se garantiza esa seguridad jurídica?
Debemos hacer valer la palabra del Estado. Nosotros los invitamos a la legalidad y no podemos fallar. Nuestra preocupación es que hay miles todavía en el monte y hay que darles garantías. Las entregas han empezado a bajar y tenemos que hacer que ellos confíen y dejen las armas.
¿Cómo está funcionando la llamada ley de los desmovilizados?
Esa ley se está aplicando a los rasos; los jefes y responsables de crímenes de lesa humanidad están en justicia y paz. Unos 26 mil están cobijados por la Ley 1424, de esos hay 18 mil que están activos en el proceso y otros 8 mil que ya salieron y tendrán que regresar para aclarar su situación jurídica.
¿Esos 8 mil a qué van a regresar?
Para acceder a los beneficios de la ley -incluyendo la suspensión de la pena- se tendrán que presentar. Tienen hasta el 28 de diciembre; si no lo hacen, tendremos que notificar a la Policía y podrían perder su libertad. Ya hemos hablado con 1.300 personas.
¿Qué garantiza que esos desmovilizados rasos no hubieran cometido delitos graves?
Eso es difícil de garantizar; lo que buscamos es que se castigue a los máximos responsables de los crímenes y los demás se reintegren a la sociedad.
¿Cómo hacer para no volver a cambiar las reglas de juego?
El Gobierno está al tanto de la situación y es consciente del compromiso de paz que adquirió en la desmovilización. Ellos deben saber que estamos buscando las mejores soluciones para la reinserción. Han dicho que confían, pero con preocupación.
¿Todos los sectores del país están comprometidos con ese proceso?
Creo que todo el mundo está poniendo de su parte, pero aún hay muchos mitos sobre los desmovilizados. Eso se traduce en problemas para la reinserción y, de paso, para el país.
¿Verdad sin justicia?
¿Cómo va el proceso de construcción de la memoria histórica?
Eso es importante para las víctimas; es fundamental que se sepa la verdad de lo que pasó en el país. Esos relatos sobre los grupos y sus actos ilegales son el camino para lograr el perdón de los colombianos.
Pero esa verdad no va a tener un desarrollo judicial. ¿Qué decirles a las víctimas sobre eso?
Lo más importante es saber la verdad, qué pasó con los familiares desaparecidos y que esos hechos no se repitan. Además, los máximos responsables de los crímenes sí van a ser castigados. Hay que buscar un balance entre la justicia y la paz.
¿En su balanza qué pesa más: la búsqueda de la paz o la de la justicia?
Eso el país lo debe decidir; si uno quiere la paz, toca buscar ese balance y toca tener una dosis muy importante del perdón que no necesariamente implica olvido. Nuestra meta con este proceso es quitarle cada día más personas al conflicto, y eso requiere un compromiso y una voluntad de todo el país.
SAIR BUITRAGO MEDINA
REDACTOR DE JUSTICIA
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