Seis de cada diez colombianos que tienen trabajo no cuentan con un empleo digno. Ellos laboran por cuenta propia y la mayoría son informales, han sido enganchados sin contrato laboral, ganan menos del mínimo y están por fuera de los sistemas de seguridad social.
Así lo revela un estudio que acaba de terminar la Procuraduría, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia). La investigación concluye que 63 por ciento de los trabajadores en Colombia (18,8 millones de personas ocupadas, según el Dane) cuentan con empleos de baja calidad que reproducen altos niveles de iniquidad y desigualdad. Ese es uno de los factores que ubica a Colombia como el país más desigual de Suramérica y el tercero en Latinoamérica, según la Cepal.
El informe, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Usaid) y MSD Colombia , advierte que esta forma de trabajo no sólo desperdicia el capital humano que ahora puede aportar al desarrollo del país sino que agudizará en el futuro los problemas sociales.
En su diagnóstico, el estudio revela que un trabajador en Quibdó (Chocó) recibe una sexta parte del sueldo que gana un bogotano y que las oportunidades de conseguir empleo formal en ciudades como Popayán, Cartagena, Manizales o Pereira son casi nulas.
La investigación de la Procuraduría concluyó que el 46 por ciento del total de asalariados perciben menos de 0,95 de un sueldo mínimo diario. Y de ellos, solo el 16 por ciento cuentan con algún nivel de educación superior.
Entre 1960 y el 2007, el nivel de enganche directo de las empresas industriales en Colombia -dice el informe de la Procuraduría- pasó del 96 al 72 por ciento. En marzo del 2011, de cada cien trabajadores, 48 laboraban sin contrato en las ciudades y 63 en el campo.
Y de los que tienen contrato, sólo la mitad lo firmó a término indefinido; pero los de término fijo aumentaron del 10 por ciento al 24 por ciento en los últimos 20 años.
Sin prestaciones
Lo más cuestionable, según el informe, es que apenas el 62 por ciento recibe cesantías y el 57 por ciento cuenta con la posibilidad de vacaciones remuneradas. Esto indica que más de la mitad de los trabajadores firma convenios de tipo civil -como prestación de servicios o como contratista- y no laboral.
Según los autores del estudio, el Gobierno debe adoptar políticas para regular de manera urgente el mercado laboral, combatir el desempleo, combinar una mayor flexibilización de las condiciones laborales con mecanismos de protección y diseñar nuevas estrategias de seguridad social.
Para ello, advierte la Procuraduría, es necesario volver a contar con un Ministerio del Trabajo, reformar el Código Sustantivo del Trabajo y aplicar una agresiva política de generación de empleo que se convierta en el centro de la Política macroeconómica.
De no tomarse estas medidas en corto tiempo, concluye el estudio, la relación de la que habla la Cepal, según la cual en Colombia el 10 por ciento de la población más pobre sólo recibe el 0,5 por ciento de los ingresos y el 10 por ciento más rico se queda con el 50 por ciento, convertirá al país en una bomba de tiempo social.
Mujeres y jóvenes
La investigación del Ministerio Público reafirma un fenómeno que ya ha sido advertido en el país: que las mujeres no sólo ganan menos que los hombres, así cuenten con un nivel educativo alto, sino que tienen mayor dificultad para conseguir un empleo. Esta situación las obliga a desistir de buscar trabajo para dedicarse al cuidado del hogar; las responsabilidades familiares son, de hecho, la causa más común de deserción laboral en ellas.
Las mujeres, al igual que las personas con un mayor nivel educativo y los mayores de 35 años, demoran más tiempo en lograr un empleo.
Lo mismo sucede entre los jóvenes. Tanto hombres como mujeres, que cuentan con baja preparación educativa, tienen más probabilidades de perder el empleo.
La situación también es preocupante en grupos de población como la afrodescendiente. Según una encuesta que cita el estudio, realizada recientemente por la Escuela Nacional Sindical, en Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín el 65 por ciento de los afrocolombianos encuestados reciben menos de un sueldo mínimo mensual y el 47 por ciento tiene empleo informal.
Aumentan contratos de tercería
Otro fenómeno que preocupa a la Procuraduría, según el informe, es el aumento de la contratación por medio de terceras empresas (temporales o cooperativas de trabajo asociado). Esta modalidad de contratación pasó de representar el 3,9 por ciento del total de empleo industrial en 1960, al 27,4 por ciento en 2007. El estudio calcula que las cooperativas generaron en el 2008 540.773 empleos, mientras que las empresas temporales lograron colocar a 930.881 trabajadores. Si se contrasta esto con el número de ocupados promedio de la economía para ese año (17.448.000 personas), estas empresas estarían generando un 8,4 por ciento de ocupación total nacional.
Un millón de niños siguen trabajando
El informe señala que Colombia continúa violando los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la presencia en el mercado laboral de 1050.174 niños entre los 5 y los 17 años, según cifras del Dane.
Las cifras se vuelven más preocupante si se tiene en cuenta que 179.334 estaban buscando trabajo y que el 34 por ciento de ellos no está estudiando.
Según Sergio Chaparro, uno de los investigadores de DeJusticia, que hizo parte del equipo de trabajo del informe final, esta situación, aparte de ser inadmisible moral y jurídicamente, es también un fenómeno que desde la perspectiva económica es un muy mal negocio para el país. Esto, según Chaparro, se convierte hacia el futuro en una pérdida de capital humano capacitado en el mercado laboral. Además, desplaza a personas que están en edad de trabajar en oficios no calificados.
REDACCIN EL TIEMPO
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