La propuesta para que los celadores de edificios residenciales y centros comerciales no porten armas de fuego, revelada el lunes por EL TIEMPO, empezó a generar polémica.
El superintendente Luis Felipe Murgueitio aseguró en entrevista con este diario que es "mejor un vigilante bien comunicado con la Policía que uno armado", y planteó el debate sobre el desarme.
Por su parte, la Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana reveló que se evalúa si el tema se incluye en un proyecto que metería en cintura el porte y la tenencia de armas para los civiles y que empezó a discutirse tras la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de prohibir permanentemente el porte de armas con salvoconducto.
La Policía, que se apoya en la vigilancia privada para su plan de seguridad por cuadrantes, se declaró abierta al debate e insistió en que lo importante es "controlar que no haya informalidad y que los que prestan el servicio de seguridad sean personas idóneas y bien entrenadas".
En los países más avanzados, dice el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la tendencia es restringir cada vez más el uso de armas de fuego.
"Muchos vigilantes tienen un bajo nivel de entrenamiento, lo que podría poner en riesgo al mismo vigilante y a quienes están en su entorno", afirma Jorge Restrepo, director del centro de investigación en violencia.
Piden controlar academias
Según el académico, varios estudios señalan que "América Latina es la región con el mayor índice de armas por empleado, unas diez veces más que el promedio de Europa occidental".
Paradójicamente, señala, el índice de crímenes y delitos también es mucho mayor.
En todo caso, hay consenso en que para que una propuesta semejante se abra camino se necesita primero que las autoridades sean capaces de prevenir riesgos en seguridad y de reaccionar rápidamente ante las emergencias.
"Más que recoger medidas que pueden sonar agradables al oído, la Superintendencia debe empezar a cumplir con el mandato de controlar a las empresas y a las academias de vigilancia para que sean más profesionales y confiables", señala Augusto Posada, representante a la Cámara.
Les exigirían certificado psicofísico
Un proyecto de ley, al cual solo le falta un debate en la Cámara, implementaría el certificado psicofísico para que vigilantes y escoltas puedan portar armas de fuego. Actualmente, ese examen se exige a los civiles.
La idea, según scar de Jesús Marín, ponente de la iniciativa, es que el examen psicofísico también se exija a los vigilantes y escoltas, que son conscientes de que van a tener que utilizar un arma muy a menudo, porque es su herramienta de trabajo.
REDACCIN JUSTICIA
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