Abel Alvarado Maestre fue el último mamo (guía espiritual) de la comunidad kankuama de Atánquez, en Valledupar. Fue asesinado el 8 de diciembre del 2002, junto con otros tres indígenas, por paras del Bloque Norte. (Vea audiogalería sobre memoria de pueblos indígenas en el conflicto colombiano).
Desde entonces, más de 5 mil miembros de la comunidad esperan que nazca otro con el don para curar y salvar vidas. El del mamo es el primero de más de 200 asesinatos de kankuamos en llegar a la etapa de legalización de cargos en Justicia y Paz, y el caso piloto del modelo de justicia diferencial para indígenas.
"Para trabajar como fiscales con la comunidad hay que entrar descalzos. Tenemos que hacer sus rituales y orar con ellos", explica Daysi Jaramillo, fiscal de Justicia y Paz.
Este año, Leonardo Sánchez Barbosa, alias el Paisa, reconoció su responsabilidad en la masacre donde murió el mamo y dijo que se cometió porque decían que el pueblo ayudaba a la guerrilla. Fue condenado a 20 años.
También, los ex paras Mario José y Geiber José Fuentes Montaño fueron sentenciados a 40 años de prisión.
Además, por la violencia que ha padecido este pueblo de la Sierra Nevada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas de protección especial.
Guía judicial indígena
Ya van cinco años desde que comenzó la Ley y la justicia llegó a las 34 comunidades indígenas victimizadas. Esta semana, con el apoyo del Proyecto ProFis, de la embajada alemana, se lanzó la Guía de Procedimientos de la Unidad de Justicia y Paz para las comunidades indígenas, un manual que fiscales están obligados a seguir.
"Hemos compartido con indígenas en Cauca, La Guajira, Santa Marta (...) Aprendemos a entender estas comunidades. Solo así podemos acceder a ellas y se acercan a pedirnos y darnos ayuda en investigación", asegura Elba Silva, jefe de la Unidad.
El próximo caso de la Unidad tiene que ver con la exhumación de civiles en la Sierra, asesinados por arhuacos.
"Los indígenas entregaron los responsables a la justicia y piden la exhumación porque la madre naturaleza les reclama que esos cuerpos salgan de su comunidad. Para eso necesitamos autorización de gobernadores indígenas y hacer un ritual", dice Silva.
Atter Abel Alvarado, hijo del mamo, señala: "Mi papá tenía 12 hijos y 22 hermanos. Espero que su memoria se convierta en una señal de justicia y de no repetición".
REDACCIN JUSTICIA
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