Inmobiliaria ASA, empresa que absorbió el proyecto ganadero Guacamayas, en el Urabá antioqueño, y cuyo representante legal es Humberto de Jesús Duque Peláez, está a punto de perder más de 700 hectáreas que, según la Fiscalía, fueron arrebatadas a sangre y fuego por los paramilitares.
Este martes, en Medellín, la Unidad de Justicia y Paz solicitará que se devuelvan para las víctimas 12 propiedades en área rural de los corregimientos de Belén de Bajirá, Blanquicet y Barranquillita, municipios de Turbo y Mutatá, y pedirá que ganaderos y terratenientes de esa zona del país que aparecen mencionados en declaraciones de víctimas y de paramilitares como Raúl Emilio Hazbún, alias Pedro Bonito, expliquen formalmente cómo se hicieron a ellas.
Inversiones ASA, como lo reveló EL TIEMPO hace dos semanas, aparece entre los compradores de los lotes donde se levantó la polémica Zona Franca de Occidente, en Mosquera (Cundinamarca).
La inmobiliaria aparece relacionada en los cuadernos hallados por la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación que adelanta contra el exsenador Mario Uribe. Por esos cuadernos se compulsaron copias para que se evalúe una eventual investigación contra Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe.
Inmobiliaria ASA, conocida antes como Sociedad Guacamayas, fue conformada en 1997 por Duque Peláez y su familia. Desde un año antes, en la zona que se ordenará devolver hectáreas, se comenzaron a negociar decenas de predios que fueron vendidos a la fuerza y a bajos precios por los campesinos.
En ese entonces, quien se habría encargado de las negociaciones fue el ganadero Jairo Lopera, asesinado en Medellín en plena vía pública en 1997, supuestamente por líos con paramilitares.
Documentos en manos de la justicia y testimonios de víctimas de despojo señalan que Lopera presionó las ventas con el respaldo de grupos de autodefensa. Varios de los predios que negoció terminaron en manos Guacamayas, luego Inmobiliaria ASA.
"Llegó Lopera con otra persona y me dejaron la razón con la esposa que venían a comprar la finca. Dije que no estaba en venta y me responden que si no vendo los paramilitares le compran a la viuda. Ofreció 200 mil pesos la hectárea, lo cual era muy barato pero terminé aceptando por temor", dice uno de los testimonios que serán presentados este martes ante un magistrado de Justicia y Paz para justificar la solicitud de restitución.
Según la Fiscalía, tras la muerte de Lopera, quien siguió con las negociaciones fue el mismo Duque Peláez, con el apoyo de Rubén Darío Ruiz y Juan Fernando Mejía Montoya.
"Más o menos a los tres días de que nos dijeron que teníamos que vender comenzaron a llegar hombres escoltados por paramilitares. El único que se identificaba era Juan Mejía (...) Llegó con el notario encargado de Chigorodó y venía como con diez personas más", dice otro de los testimonios.
Según la Fiscalía, las propiedades fueron englobadas y se conformó una gran hacienda destinada a la ganadería. El exjefe paramilitar Pedro Bonito dijo que varios de los empresarios detrás de ASA eran aportantes de las autodefensas. Entre ellos mencionó directamente a Jaime Uribe Castrillón y Arley Muñoz, a quienes la Fiscalía de Justicia y Paz pedirá interrogar.
Masacre precedió la venta forzada
La noche antes de que el para alias Lázaro, del bloque Bananero -dirigido por Raúl Hazbún-, reuniera en la escuela de Guacamayas a los campesinos para decirles que tenían que vender las tierras que hoy están en manos de Inmobiliaria ASA, otros paras llegaron hasta las parcelas y asesinaron y secuestraron a varios.
Fueron asesinados Alfonso Mesa Mendoza, Roberto Cheché, Juan Manuel Toscano, Manuel Mayid Correa y Manuel Jiménez Vargas. Los secuestrados fueron Osiel Arenas y Manuel Díaz. A José Espitia lo desaparecieron. De las 120 familias de este caso, 50 son representadas ante la justicia por la Fundación Forjando Futuros, cuyo representante es el abogado Gerardo Vega.
REDACCIN JUSTICIA
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