Los documentos donde reposa la historia de muchos de los hechos violentos que han sacudido al país, y que sirven para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, están al alcance de cualquier persona y sin control sobre préstamos o compartiendo espacio con una carpintería o un depósito de equipos.
Estos fueron algunos de los hallazgos que la Procuraduría hizo en las 14 entidades que custodian la información sobre la violencia en Colombia, documentada después de la Ley de Justicia y Paz.
Según el Ministerio Público, esa información -que debería estar archivada y clasificada en un centro documental de memoria histórica que evite que sea "sustraída, destruida y falsificada"- está en riesgo de deterioro y pérdida.
Acción Social, la Comisión de Reparación, la Alta Consejería para la Paz, la Policía y las Fuerzas Militares son algunas de las entidades que se rajaron en el examen, realizado desde septiembre del 2010. El común denominador es que no cuentan con las instalaciones adecuadas.
El estudio, hecho por el grupo de Archivo Nacional delegado para la revisión, y que hace parte de la unidad de derechos humanos de la Procuraduría, busca prevenir la pérdida del único recurso que les quedará a las futuras generaciones: la memoria de lo que no se debe volver a repetir.
Uno de los casos críticos sobre la custodia que tiene esa documentación, de acuerdo con el informe conocido por EL TIEMPO, se encuentra en la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). "El edificio donde funciona el archivo central sirve a su vez de carpintería, almacén y oficinas del almacén", cuestiona la Procuraduría. Y agrega que "se evidencian gases tóxicos e inflamables, los cuales afectan la documentación y ponen en riesgo la salud de los que trabajan allí".
La FAC respondió que, efectivamente, les hicieron varias observaciones sobre el tema, por lo que pusieron en marcha un plan de mejoramiento, y en este momento "están mirando qué se puede reubicar, pero se necesitan recursos".
Otro caso que llamó la atención del Ministerio Público es el de la Alta Consejería para la Reintegración, entidad que lleva el registro de los 52 mil desmovilizados de grupos armados ilegales. "Los documentos están guardados en cajas de archivo de apertura frontal. Las carpetas de los participantes tienen folios sueltos, lo que podría generar su pérdida, y no hay controles de seguridad, tales como cámaras. No se piden documentos de identificación a personas que ingresen", advierte.
La Procuraduría asegura que ni siquiera el despacho del Ministro de Defensa, donde se producen "series de importancia", cuenta con el mobiliario adecuado para el almacenamiento de archivos: "No se debe sobrescribir en los documentos, ni utilizar resaltador sobre originales", añade. En este caso, el Ministerio tiene en proceso la firma de un convenio con el Archivo General.
Y al Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, la Procuraduría le recomienda retirar el tapete del piso (es un elemento inflamable y puede ocasionar un incendio) y "verificar las acciones que han emprendido los presidentes, desde Virgilio Barco, en materia de DD. HH., y de la cual debe dar cuenta la Presidencia".
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