Por cuenta de la inoperancia histórica de la Comisión de Acusación de la Cámara, la Corte Penal Internacional (CPI) podría reclamar competencia sobre parte del expediente por las desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia.
La tesis es del fiscal Eduardo Montealegre, quien advierte, 28 años después de los hechos, que el país se expone a una intervención de ese tribunal si no hay una investigación seria sobre la conducta del Gobierno de la época.
En diálogo con EL TIEMPO, el Fiscal reveló que le pidió a la Comisión de Acusación remitir copia de todas sus actuaciones en el caso.
“No estamos pidiendo la condena del expresidente Belisario Betancur –dijo Montealegre–, pero sí estamos advirtiendo que se tiene que dar una investigación seria para llegar a la verdad de lo sucedido en el alto gobierno durante la retoma”.
Los estatutos de la Corte Penal indican que esta no opera para hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia. Para Colombia empezó a regir en el 2002, en casos de crímenes de lesa humanidad y, en el 2009, para crímenes de guerra. Sin embargo, las desapariciones forzadas son delitos que se proyectan en el tiempo.
Como de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia aún no se sabe nada, la conducta siguió cometiéndose después de que el país aceptó esa jurisdicción. La CPI opera en casos en los que los países no han podido administrar justicia o no ha existido voluntad de hacerlo.
“Es evidente que la justicia ha operado, aunque tarde, en el caso de los militares, y vendrán nuevas decisiones para evitar la impunidad. Pero no puede decirse que hubo una investigación rigurosa en la Comisión de Acusación”, dijo el Fiscal.
En julio de 1986, la plenaria de la Cámara archivó la primera investigación contra el expresidente Betancur. En 1990, la Comisión de Acusación hizo lo propio, en un momento en el que se decidió también el indulto general para el M-19.
La reactivación del proceso por los desaparecidos, a mediados de la década pasada, removió los expedientes contra Betancur. En junio del 2010, al condenar al coronel Alfonso Plazas, la jueza María Stella Jara compulsó copias contra la cúpula militar y policial de la época y pidió que la Comisión reabriera el caso contra Betancur.
Al ratificar esa condena, el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias del caso a la Corte Penal, “ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad de Betancur”. El expresidente ha asegurado que siempre buscó salvar la vida de los rehenes y que no tuvo conocimiento de desvíos en las actuaciones de los militares.
REDACCIÓN JUSTICIA
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