Desde este lunes y hasta el miércoles, en Brasilia, donde sesiona extraordinariamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano se juega sus últimas cartas en el proceso por el Palacio de Justicia.
De entrada, se da por descontada una nueva condena contra el país en el Sistema Interamericano de Justicia, que en todo caso no se oficializará antes del primer semestre del próximo año.
Pero la nueva estrategia en el caso, que incluyó el cambio de abogado defensor, le apunta a que esa sentencia de responsabilidad reconozca los esfuerzos realizados por Colombia para esclarecer uno de los episodios más dolorosos de su historia: el asalto del Palacio de Justicia por el M-19 y el contragolpe del Ejército, el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
En las audiencias de cierre del caso en Brasilia serán escuchadas tres víctimas, tres testigos y tres peritos propuestos por las partes. Dos son extranjeros: un experto en el uso de la fuerza militar y otro en el manejo de escenas de crímenes. También será perito el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.
Ante la Corte hay 147 personas que reclaman reparación, entre familiares de los desaparecidos y de posibles víctimas de asesinato (el caso del magistrado Carlos Horacio Urán), así como sobrevivientes de torturas.
Como lo reveló hace una semana EL TIEMPO, el Estado ya reconoció su responsabilidad en las torturas y en la violación del debido proceso de las que fueron víctimas los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson Ospino. Ellos fueron señalados como guerrilleros y llevados ilegalmente a instalaciones militares, donde fueron agredidos física y verbalmente.
Los liberaron porque un tío de Matson era en esa época gobernador de Bolívar.
La estrategia de defensa que se empezará a develar hoy lunes incluye también reconocer la responsabilidad por omisión en las desapariciones (porque el Estado no ha podido establecer qué pasó con los empleados de la cafetería), así como la responsabilidad directa en la desaparición de la guerrillera Irma Franco.
Ella, señalan las investigaciones, salió viva del palacio y fue detenida por militares.
Colombia espera que, como sucedió en el caso del bombardeo de Santo Domingo (Arauca), la condena reconozca las indemnizaciones ordenadas por el Consejo de Estado en favor de las familias de los desaparecidos y de otras víctimas de los hechos de noviembre de 1985.
REDACCIÓN JUSTICIA
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