El Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional en la retoma del Palacio de Justicia, en hechos ocurridos en noviembre de 1985, después de que el M-19 se tomó las instalaciones del complejo judicial. En el hecho más de una decena de personas resultaron desaparecidas y muertas.
Este reconocimiento se hizo oficial este martes en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que se hace en Brasilia. En esta, los magistrados escuchan a las partes. (Lea también: El país espera condena menos dura en Corte IDH por retoma del Palacio)
Al iniciar la audiencia, Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, señaló que Colombia admitió su responsabilidad en los hechos y recalcó que “el Estado colombiano no cesará en los esfuerzos para conocer la verdad y hacer justicia”. De igual manera, señaló que “las heridas no han cicatrizado” y “el estado colombiano lamenta su dolor”.
"El día 17 de octubre del año en curso, el Estado presentó el primer reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos de la señora Yolanda Santodomingo Albericci y el señor Eduardo Matson Ospina, por acción, debido a la violación de los derechos a la libertad personal y a la integridad personal", señaló Guillén.
La respresentante de Colombia agregó: "En esa misma oportunidad se aceptó responsabilidad internacional, por omisión, debido a la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como de la obligación consagrada en el inciso 3 del artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor José Vicente Rubiano Galvis y el señor Orlando Quijano".
Antes, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). José de Jesús Orozco, fue tajante en decir que hubo torturas y desaparición forzada en "acciones coordinadas" de las autoridades colombianas.
De hecho, Orozco afirmó que el operativo de la retoma tuvo como objeto “eliminar” a los que se habían tomado el Palacio. También, para la Comisión, no ha habido avances significativos en la investigación y juzgamiento de las desapariciones y “torturas” que se registraron en esa época.
De igual manera, los representantes de las víctimas también se pronunciaron. Pilar Navarrete dijo que “durante 28 años, los gobiernos han premiado la obstaculización de las investigaciones”.
Navarrete aseguró que el reconocimiento es “tardío e incompleto” y solicitó que esa aceptación de la responsabilidad “no se acepte como si fuera una reparación”.
Ya se han ordenado indemnizaciones: Colombia
A pesar de haber aceptado su responsabilidad, el Estado colombiano les dijo a los magistrados de la CorteIdh que Colombia “nunca tuvo seguridad jurídica” en el proceso porque no sabía a por cuáles hechos se debía pronunciar en la primera parte del proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recordó que el Consejo de Estado colombiano ya ha tomado decisiones en términos de indemnizaciones y, por lo tanto, señaló la defensa colombiana, no se debe ordenar nuevas indemnizaciones.
Por eso, los abogados de la Nación afirmaron que, en este caso, se debe replicar el reciente fallo por el bombardeo del caso Santo Domingo, que se conoció en diciembre del año 2012.
En este, la Corte Interamericana no ordenó indemnizaciones debido a que, para ese tribunal, el Consejo de Estado colombiano ya había obligado a la Nación desembolsar dinero a las víctimas del bombardeo.
“Para este caso (Palacio de Justicia), las decisiones del contencioso administrativo son adecuadas y efectivas”, señaló la defensa de Colombia.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
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