Aunque las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, respecto de que la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “podría erosionar” el proceso de paz con las Farc, no cayeron bien, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos mantuvo su línea de suma discreción sobre el tema y guardó silencio.
El martes, el Gobierno rechazó duramente las declaraciones del delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, que se pronunció sobre la actuación del procurador Alejandro Ordóñez en el caso Petro, y le recordó que no debe intervenir en discusiones judiciales o disciplinarias.
En ese contexto de rechazo a la intromisión de actores externos en los asuntos internos colombianos, este miércoles en el país también causaron impacto las declaraciones del embajador entrante de EE. UU., que aún no ha llegado a Bogotá.
De hecho, la posición oficial de Colombia sigue siendo la que expresó la Casa de Nariño el lunes, cuando, a través de un comunicado, dijo que respeta el fallo de la Procuraduría y el derecho del Alcalde a defenderse.
EL TIEMPO supo que el Gobierno examinó las declaraciones del nuevo embajador estadounidense, pero que no quiere entrar en controversia con otros países, y menos con un aliado de primera línea como Washington, aunque no está de acuerdo con que diplomáticos extranjeros intervengan en debates judiciales internos.
En fuentes diplomáticas se conoció que, en todo caso, el gobierno colombiano le hablará a Estados Unidos sobre el tema, en circunstancias que están por definirse.
Whitaker, nominado por el presidente Barack Obama como nuevo embajador en Colombia, aseguró que la destitución e inhabilidad de 15 años que dictó la Procuraduría contra Petro podrían llevar a distintos sectores a interpretar que el Estado colombiano no garantiza el pluralismo político.
“Si personas en Colombia concluyen, basados en esa decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones básicas para la paz podrían erosionarse”, enfatizó desde Washington durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado.
Y a la salida de la audiencia buscó matizar su pronunciamiento: “Dije que en la medida en que haya un sentido de que hay una exclusión de la participación política, eso puedo indicar una situación no idónea, enviar una mala señal. Particularmente porque se está en un proceso de paz. No estoy llegando a una conclusión”.
Rechazo de distintos sectores políticos
Pero si bien la actitud del Gobierno fue discreta, otros actores políticos sí rechazaron lo que consideraron una intromisión.
El expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter: “Nuevo embajador de USA debería respetar que muchos pensamos que la paz no es viable con impunidad ni con privilegios para violar la ley”.
Si bien la observación de Uribe se hizo a propósito de lo dicho por el embajador en Washington, su énfasis se dirigió hacia el proceso de paz con las Farc, que es su gran incomodidad.
El rechazo al nuevo embajador estadounidense también vino de sectores afines al alcalde Petro. El senador Luis Carlos Avellaneda, líder de Alianza Verde, dijo que “un Estado no puede meterse en las decisiones de otro país”.
El conservatismo, partido de Ordóñez, le pidió al Presidente que no permita la “intromisión” de otros Estados en la decisiones del Ministerio Público. Incluso, según el senador Arturo Yepes, le pidieron una cita al Jefe de Estado para solicitarle que haga “respetar” al Procurador y sus decisiones.
Los 22 senadores de la colectividad se reunieron este miércoles con Ordóñez para ratificarle su respaldo.
La senadora Alexandra Moreno Piraquive, del movimiento Mira, e integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, dijo: “No debemos permitir que agentes diplomáticos intervengan en nuestros asuntos internos, y menos tomando como excusa la búsqueda de la paz”.
El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, aseguró: “Somos un Estado soberano y aquí se respetan la división y la independencia de los poderes públicos, y eso debe ser respetado por otros Estados. No les compete inmiscuirse en nuestras decisiones”.
Desde el Partido Liberal, el senador Juan Manuel Galán dijo: “Es inadmisible cualquier intromisión por un fallo judicial soberano; no tiene por qué hacer ningún tipo de declaración sobre asuntos internos”.
El senador conservador Arturo Yepes, que lideró desde su partido la solidaridad con el procurador Ordóñez, afirmó: “Queremos manifestarle (al Presidente) nuestra inconformidad”.
“Es una intromisión indebida en política interna. Es una condición de la justicia interna en la que otros estados y organismos internacionales no deben entrometerse”, dijo Carlos Patiño, catedrático de la Universidad Nacional.
REDACCIÓN POLÍTICA
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