Una empresa ligada a un presunto robo de tierras en la costa Atlántica, en el sonado caso de Corelca (Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica), figura en el consorcio que se ganó el polémico contrato para construir la nueva sede de la Universidad Distrital en Bosa, por 70.000 millones de pesos.
Se trata de Conequipos, una firma que aparece en la investigación por la presunta apropiación ilegal de un terreno de 34 hectáreas, cerca de Cartagena y avaluado en 50.000 millones de pesos, de propiedad de Corelca. Dentro del terreno están 13 hectáreas de la isla Cocosolo.
Dichas tierras debían ser destinadas a 63 familias que resultaron damnificadas por la extensión de redes eléctricas de Corelca, a finales de los 90, en zona rural de Mompós (Bolívar). “Sin embargo, se instauró una denuncia sobre la negociación entre los falsos propietarios y la empresa Conequipos para adquirir irregularmente el terreno”, afirmó la Fiscalía el 13 de junio del año pasado. Incluso, en esa ocasión, le dictaron medida de aseguramiento a Luis Orlando Barragán Gómez, gerente de Conequipos, bajo los cargos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, cohecho, prevaricato y peculado. Pero una juez de garantías revocó esa decisión, y el empresario sigue hoy vinculado a la investigación.
En el contrato firmado con la Distrital, la representación de Conequipos está en cabeza de Gustavo Alfonso Barragán Galán, hijo de Luis Orlando. Las otras dos firmas aliadas son Ingenieros GF SAS, cuyo representante legal es Honorato Galvis Panqueva. Su nombre también figura en los expedientes del caso Corelca. La tercera es Ziggurat Arquitectura Ltda. En diálogo con este diario, Barragán Galán respondió: “Conequipos es una firma con más de 40 años de cumplimientos. Infortunadamente nos vimos involucrados en un escándalo. Un problema que era civil terminó siendo penal y somos víctimas, porque denunciamos una falsedad en primera instancia y terminamos siendo calificados como los actores intelectuales. No hay irregularidad nuestra”.
El rector (e) de la Distrital, Roberto Vergara, admitió que no investigaron a los consorcios y solo indagaron si tenían inhabilidades. Él negó haberlos favorecido.
El miércoles, por otra parte, la Personería abrió una indagación, en el que vincularán a Vergara y al saliente rector de la Distrital, Inocencio Bahamón. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia informó que el 11 de diciembre y el 14 de enero le remitió denuncias por este caso a la Personería, la Contraloría, la Procuraduría y a la rectoría. El contrato se adjudicó el 24 de diciembre, en plenas fiestas navideñas.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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