Un billón 300 mil millones de pesos. Esa es la millonaria suma que está bajo la lupa de la Fiscalía y que pondrá a dar explicaciones ante el ente acusador a exfuncionarios de la Asociación Colombiana de Medicina Integral (Acemi) y a los representantes de 14 EPS del país.
Un grupo de 30 investigadores, bajo la coordinación del fiscal sexto delegado ante el Tribunal de Bogotá, adelanta las pesquisas para establecer qué delitos cometieron entre el 2006 y el 2009.
En este periodo, según la Superintendencia de Industria y Comercio, se pusieron de acuerdo para negar servicios a los afiliados, “falsear y manipular información y aumentar sus ingresos recobrando al Fosyga por atenciones cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud (POS)”.
De acuerdo con una fuente de la Fiscalía, “en cuatro años pasaron de cobrar 336.000 millones de pesos a un billón 700 mil millones. Eso ya nos genera una alerta. Estamos verificando si ese aumento de más del 400 por ciento se dio por los acuerdos que sancionó la Superintendencia”.
Acemi y sus afiliados han insistido durante años en que no es suficiente el incremento anual aprobado por el gobierno de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), dinero que reciben del sistema las EPS por cada afiliado al año, y han promovido reformas del POS. Y han dicho que el Estado les debe a las EPS más de 2 billones de pesos por servicios prestados.
En abril del 2011, la Superintendencia impuso una sanción sin antecedentes a las EPS por más de 15.000 millones de pesos al demostrar la existencia de un plan coordinado desde Acemi para que sus afiliados unificaran criterios, sin tener en cuenta la reglamentación sobre medicamentos y procedimientos médicos que negarían a sus pacientes.
Esos acuerdos buscaban que, por tutela o mediante trámite en el Comité Técnico Científico (CTC), se cobrara al Fosyga por ese procedimiento que ya estaba cubierto por el POS, logrando ingresos adicionales.
Ahora la Fiscalía abrió un capítulo penal por esos hechos, y en poder de los investigadores ya están las actas y correos electrónicos en los que se evidencia la forma como se dieron los pactos. Fuentes de la Fiscalía señalaron que inicialmente se podrían configurar delitos como peculado, falsedad en documento, fraude procesal y concierto para delinquir.
Una de las evidencias es el acta 006 del comité médico de Acemi, de agosto del 2007. En este documento se analizaron tratamientos y procedimientos que para el “consenso” entre EPS y Acemi deberían o no estar en el POS.
Y en un correo de diciembre del 2007, Juan Pablo Rueda, de Salud Total, les escribe a varias personas: “El Ministerio ahora está pidiendo la Nota Técnica del 2006, que es justamente lo que no queríamos enviar, pues la pueden comparar con la que resulta del estudio de la UPC y se presta para cualquier cosa. Insistiremos enviando la del 2007, pero hay que definir una posición del gremio”.
Según el ente investigador, ya se emitieron órdenes de Policía Judicial para hacer un muestreo de los recobros que pagó el Fosyga y con datos de varios exfuncionarios se han buscado casos puntuales que evidenciarían irregularidades.
Inicialmente serán citados a entrevista el abogado Juan Manuel Díaz-Granados, quien estuvo al frente de Acemi hasta junio del 2011, y los representantes de las 14 EPS mencionadas.
‘La decisión fue injusta’
Jaime Arias, presidente de Acemi, dijo que no lo tomó por sorpresa la apertura de la investigación preliminar y que el gremio colaborará con la justicia.
Aclaró, sin embargo, que “la decisión de la Superintendencia fue injusta, porque desconoció que fue el mismo Gobierno el que pidió la colaboración del gremio para aclarar la aplicación de los Códigos y Procedimientos en Salud y las Clasificaciones y Manuales en Procedimientos en Salud”.
Añadió que los correos de ninguna manera intentaban restringir competencias ni influir sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación, sino solucionar problemas en planes de beneficios.
Las EPS en líos
Colmédica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SOS, Susalud, Saludcoop Cruz Blanca, Cafesalud, EPS Sanitas, Compensar, Ecoopsos, EPS Comfenalco Antioquia y Valle, y Humana Vivir.
16 detenidos en dos años
Han sido condenadas dos personas
Desde mayo del 2011, cuando el presidente Juan Manuel Santos denunció la vena rota por la que se habrían escapado más de $ 4 billones de la salud, la Fiscalía ha judicializado a 16 personas vinculadas a esas irregularidades. Dos de ellas fueron condenadas a 14 años de cárcel.
El proceso empezó a tocar a las EPS en mayo del 2012, cuando fueron capturadas cinco personas de la Nueva EPS, entre ellas Javier Agudelo Valencia, su vicepresidente, por hacer trampas para cobrar cerca de $ 10.000 millones.
Cinco meses después fueron detenidos otros cinco funcionarios de la IPS Previsanar Medicina Alternativa, por cometer fraudes con tutelas y cobrar más de $ 5.000 millones.
Un informe del CTI de la Fiscalía advierte que solo el 25 por ciento de los pagos hechos entre 2006 y 2011 a cinco EPS cumplían con todos los requisitos legales.
REDACCIÓN SALUD
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