El Viceministro de Protección Social, Norman Julio Muñoz Muñoz, fue demandado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por emitir un concepto en el que afirma que las terapias de comportamiento aplicado –ABA-,ampliamente usadas en el manejo de niños con autismo y otros trastornos del desarrollo, no tienen ningún soporte científico y que además incluyen componentes más de carácter educativo, por lo cual el sistema de salud no debería cubrirlas.
El demandante, Víctor Velásquez Reyes, argumenta que el concepto del Viceministro “deja sin atención médica a los discapacitados de Colombia, especialmente a los niños”, viola derechos fundamentales y desconoce la constitución y algunas sentencias referidas a la atención de pacientes dentro del sistema de salud.(Vea: terapias para niños autistas)
Como se sabe, las terapias ABA, cuya prestación está amparada hoy por fallos de tutela, aplican técnicas basadas en la división de tareas -desde las más simples hasta las más complejas y abstractas- a través de una serie de pasos que permitirían modificar conductas en niños con autismo, en los cuales se utilizan algunas herramientas de la terapia física, ocupacional, de lenguaje y otros métodos alternativos, que en ciertos casos pueden incluir apoyo de animales.
Sin embargo, desde hace meses, el Ministerio de Salud, frente al gran volumen de recobros al sistema –que entre abril de 2006 y febrero de este año bordearon los $110.000 millones- inició un análisis sobre la pertinencia, la efectividad y la evidencia científica que respalda dichas terapias.
Con base en lo anterior, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud –IETS-, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, después de revisar dentro del marco de la evidencia científica, concluyeron que las terapias ABA no tienen soporte suficiente para ser recomendadas en cuadros de autismo o parálisis cerebral.
Esto motivó al Ministerio a emitir un comunicado, oficiado desde el despacho del Viceministro Norman Julio Muñoz, en el que manifestaba que estas terapias, tal como son ofrecidas, no tienen estructura específica que las liguen integralmente al sistema de salud, carecen de soporte científico y que dentro de la oferta de planes de beneficios para estos pacientes existen alternativas médicas y de otras disciplinas, incluidas las terapias, que permiten su manejo integral. En consecuencia, recomienda no autorizarlas.
Este concepto chocó específicamente con un fallo judicial que favorecía, con terapias ABA, a una menor de edad en el departamento de Córdoba, y quien fue referenciada como eje de la demanda penal interpuesta contra el Viceministro.
“El Ministerio no niega nada que beneficie a los pacientes. La atención integral de la población, principalmente la infantil, es una prioridad del sistema de salud. En ese sentido, es nuestra responsabilidad ofrecerles elementos que estén soportados científicamente. Las terapias ABA no tienen suficiente evidencia para recomendarlas. Lamentablemente, en algunos casos, se prestan para algunos abusos que necesitamos controlar”, le dijo a EL TIEMPO el Viceministro Norman Julio Muñoz.
Agregó que acatará las decisiones que al respecto determine la Fiscalía. La prestación de estas terapias ABA se ha empezado a concentrar en EPS como Coomeva, Saludcoop, Sánitas y Salud Total, a las cuales los jueces les han ordenado brindar estos tratamientos. Eso ha sucedido, particularmente, en ciudades como Valledupar, Barranquilla y Santa Marta.
REDACCION SALUD
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