Y lo hizo por no haberle puesto remedio, en tres años, a lo que consideró una "gravísima crisis" en el cumplimiento de ese derecho fundamental.
Después de nueve horas de audiencia, los magistrados de ese tribunal exigieron "respuestas rápidas, oportunas y profundas", y "medidas de carácter estructural" para superar las fallas en la prestación del servicio de salud.
En el 2008, la Corte ordenó al Gobierno que tomara medidas para lograr cobertura total y digna para todos los colombianos, además de la ampliación del Plan Obligatorio de Salud (POS), de acuerdo con sus sentencias. Tres años después, concluye que esas órdenes no se han cumplido.
"La Corte registra con profunda preocupación la ausencia de una actualización sustancial del POS basada en estudios rigurosos", señaló el magistrado Iván Palacio, quien presidió la audiencia. (Lea el análisis de la audiencia, escrito por Carlos F. Fernández, asesor médico de EL TIEMPO)
El corte de cuentas corresponde, en su mayoría, a los últimos dos años del pasado gobierno. Los magistrados, sin embargo, le dijeron al actual ministro de la Protección, Mauricio Santa María, que las medidas adoptadas "a la fecha continúan siendo paliativas frente a una problemática tan profunda".
"La prestación del servicio de salud, como lo ha sostenido la Corte, no puede depender exclusivamente de criterios de provecho económico o de simple utilidad", señaló el magistrado Palacio.
Santa María respondió con un compromiso: dijo que el POS estará actualizado antes del primero de diciembre de este año; que se inyectará un billón de pesos más para el presupuesto de la salud en el 2012 y que también habrá más plata para fortalecer las investigaciones contra la corrupción que desangra el sistema.
Cifras en rojo
Las alarmas fueron la constante en la audiencia. El Minprotección advirtió que si no se modifica el actual sistema de recobros, se pondrá en riesgo la misma existencia del sistema, al tiempo que el vice-ministro de Hacienda, Bruce Mac Master, dijo que en el 2015 las cuentas en rojo podrían sumar más de 3 billones de pesos.
El Gobierno destacó que en este momento los regímenes contributivo y subsidiado cobijan al 96 por ciento de la población colombiana, algo más de 44 millones de personas.
Frente a esto, el procurador Alejando Ordóñez ripostó que no es lo mismo hablar de cobertura que de acceso real.
Por su lado, el vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero, reportó que se han abierto 157 procesos penales por corrupción administrativa y 543 por delitos contra la salud pública. Y en la mayoría de esos casos, agregó, la constante es la falta de controles de las autoridades, "lo que propicia la corrupción".
La Fiscalía investiga desvío de presupuestos, recobros ilegales, falsificación de documentos y medicamentos y hasta casos de fallecimientos o daños graves por simple omisión. Forero pronunció en la Corte una frase que retrató fielmente la corrupción que ronda la plata de la salud de todos los colombianos: "Aquí se suelen enfermar más los muertos que los vivos".
El procurador Alejandro Ordóñez, como lo reveló esta semana EL TIEMPO, insistió en una reforma de fondo del sistema y confirmó que por el mal manejo de recursos hay 35 investigaciones a EPS, 128 a alcaldes y gobernadores y 51 a hospitales.
La contralora Sandra Morelli también intervino en la audiencia, y advirtió sobre una millonaria fuga de recursos de la salud a través de las licoreras departamentales y de juegos del chance en algunas regiones del país.
Según la Contralora, otro fraude del sistema se da cuando personas que, teniendo capacidad de pago, evaden aportes declarando menos ingresos y reciben así los beneficios del régimen subsidiado.
La alta funcionaria también sugirió ante la Corte la creación de una comisión especializada que determine los costos reales de medicamentos y tratamientos, como remedio para parar el desangre por cobros inflados.
Marchas frente a la Corte
Con pancartas y consignas de apoyo a los magistrados y de rechazo a las EPS, pacientes y trabajadores del sector salud se manifestaron ayer frente a la Corte Constitucional.
Rosaura Muñoz, mamá de cuatro hijos y abuela de dos nietos, llegó al Palacio de Justicia para culpar al sistema de salud de haberla dejado postrada en una silla de ruedas.
Cuenta que un médico le recetó un medicamento para la fibromialgia al que resultó alérgica, lo que le causó complicaciones que la dejaron discapacitada.
Ella no era la única que se quejaba por el mal servicio. Apoyada sobre una de las barandas puestas frente a la entrada de la Corte, María Navarrete, de 75 años, protestó porque desde hace un mes su EPS no le autoriza la entrega de las bolsas para la colostomía que le practicaron como parte del tratamiento de un cáncer. "Vivo sola, no me autorizan las bolsitas y no puedo ni soñar con que me atiendan en el Instituto de Cancerología, porque la EPS no tiene contrato".
Por casos como los de Rosaura y María llegó a protestar Carmen Mayusa, enfermera de un hospital de Soacha. "Este sistema de salud afecta a todos los colombianos y está estructurado para beneficiar a unos pocos", dijo. Ellas sumaron sus voces a las de otros ciudadanos que le piden al Gobierno que introduzca cambios de fondo al servicio.
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