Una certificación firmada por Juan Manuel Santos cuando era ministro de Defensa, en el 2006, juega a favor del general Jaime Humberto Uscátegui en la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si tumba o ratifica la condena de 37 años que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá por la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por los ‘paras’ en julio de 1997.
En esa comunicación, Santos aseguró que, para el momento de la masacre, el Batallón París, que según todas las investigaciones colaboró con los paramilitares que llegaron desde Urabá, no dependía de Uscátegui sino de la Brigada Móvil n.° 2, con sede en San José del Guaviare. Uscátegui, dice la certificación, “no tenía responsabilidad o mando operacional en las tropas de Mapiripán”.
El punto es clave porque el general recibió la ejemplar condena porque supuestamente hizo parte del plan entre ‘paras’ y oficiales del Ejército que permitió que los asesinos se movieran libremente por ese pedazo de los Llanos Orientales.
Los miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) atravesaron el país desde Urabá en dos aviones, uno de los cuales fue usado en varias operaciones logísticas del Ejército. Llegaron al aeropuerto de San José del Guaviare, que estaba bajo custodia del Batallón París, y se movieron en Mapiripán por vía terrestre y fluvial, a través de zonas controladas por la Fuerza Pública.
El general Rito Alejo del Río, que manejaba la zona de donde salieron los ‘paras’ y a quien ha mencionado Salvatore Mancuso como clave en el plan, no ha sido vinculado a la investigación.
En contra de Uscátegui, señalan fuentes que conocen el debate en la Sala Penal, pesa el reporte que recibió en el Comando de Villavicencio sobre el ingreso de las autodefensas a Mapiripán. Ninguna autoridad reaccionó para frenar a los comandos enviados por Carlos Castaño a una zona que era considerada como ‘santuario’ de las Farc en el oriente del país.
En noviembre del 2007, un juez especializado declaró inocente a Uscátegui por los cargos de homicidio y secuestro que le imputaban por este hecho. El 25 de noviembre del 2011 el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y le impuso condena de 40 años, que fueron rebajados a 37.
Muchas de las víctimas de Mapiripán fueron arrojadas a las aguas del Guaviare, por lo que el número exacto de muertos no se conoce.
En el 2005 la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por ese hecho y ordenó el pago de indemnizaciones a veinte familias. Algunas de ellas, se demostraría después, eran falsas víctimas.
REDACCIÓN JUSTICIA
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