Los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, que hoy están citados ante un juez para recibir su primera condena por el escándalo de la contratación en Bogotá, están a punto de ser objeto de una sanción sin antecedentes.
La Superintendencia de Sociedades les aplicaría, a ellos y a 36 de sus cercanos colaboradores y principales empleados (incluido Mauricio Galofre, también preso), la muerte comercial.
Por diez años, según el expediente conocido por ELTIEMPO.COM, ni los Nule ni las cabezas de sus empresas tendrían autorización legal para "ejercer el comercio".
En la práctica, eso significa que ni siquiera podrían arrendar un local comercial, pues la decisión implica la prohibición legal para "gerenciar una empresa, ser parte de una junta directiva, tomar créditos mercantiles, constituir una sociedad, contratar obras públicas con el Estado y realizar cotidianamente y de manera profesional compraventas de bienes, arrendamientos comerciales y construcciones". Ellos solo podrían manejar sus cuentas individuales y conseguir créditos personales.
De acuerdo con la investigación que encabeza el Supersociedades, Luis Guillermo Vélez, los Nule y varios de sus socios en las juntas directivas de empresas como Translogistic, MNV, Gas Kapital, Aguas Kapital, Ponce de León y Asociados y Bitácora Soluciones habrían realizado o consintieron maniobras fraudulentas con el fin de desaparecer activos una vez se evidenció la quiebra del imperio.
En esencia, lo que se busca es castigar a quienes participaron en decisiones que no necesariamente tienen incidencia penal, pero que favorecieron actuaciones que van en contravía de la transparencia comercial.
Uno de los capítulos que van más adelantados es la polémica negociación con la firma Vergel & Castellanos, que a finales de diciembre del 2009 apareció como propietaria de muchas de las acciones del grupo, en una maniobra que, según la Super, buscaba disminuir el capital que debía ser utilizado para pagar a los acreedores de los Nule.
En la contabilidad de las empresas, que había sido falseada y que la Superintendencia reconstruye hace un año, pues muchos documentos fueron destruidos cuando estalló el escándalo, figuraban deudas que al parecer no existen o habrían sido maquilladas en favor de otras firmas.
La Superintendencia encontró que en la empresa Translogistic había un atraso en la contabilidad de un año y se relacionaban cuentas de cobro falsas. En MNV (Manuel Nule Velilla) se hacía relación de pasivos que no existían. En Gas Kpital se ocultó la cesión de acciones en favor de Vergel & Castellanos por valor de 17.000 millones de pesos. Y en Aguas Capital hay evidencia de autopréstamos con empresas del grupo por 8.000 millones de pesos.
Según la Super, los miembros de las juntas directivas y representantes legales de esas firmas tenían conocimiento de la situación real y no actuaron. Pero no solo las personas y empleados cercanos de los Nule tendrán que responder por su posible participación en las irregularidades.
La Superintendencia envió copias a la Fiscalía de sus hallazgos para que 12 de los contadores y revisores fiscales de las empresas del grupo sean investigados penalmente por delitos como fraude y falsedad.
Igualmente se envió el resumen del proceso a la Junta de Contadores para que estudie la posibilidad de quitarles la tarjeta profesional.
REDACCIN JUSTICIA
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