Por orden directa del presidente Juan Manuel Santos, el Ministerio de Relaciones Exteriores pedirá que la próxima cumbre de cancilleres de la OEA, que se realizará en Washington, se ocupe de la condena al Estado colombiano por varias falsas muertes en la masacre de Mapiripán.
Santos calificó de "aberrante y gravísimo" el caso, que fue descubierto por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. "Es aberrante esta situación (...) porque al parecer más de la mitad de las supuestas víctimas que aparecen en la sentencia que profirió, ni más ni menos, la Corte Interamericana, están vivas o no estuvieron relacionadas" con la masacre, aseguró. (Lea más noticias sobre la masacre de Mapiripán)
La Fiscalía investiga el desembolso de casi 6 mil millones de pesos, que corresponden a indemnizaciones por nueve casos de falsas víctimas. Estas, dice la investigación, murieron en épocas diferentes a la incursión paramilitar en Mapiripán (ocurrida entre el 15 y el 22 de julio de 1997) o están vivas.
En el 2005, la Corte Interamericana ordenó al Estado indemnizar la muerte o desaparición de 20 personas.
"Es una burla al Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tanto hemos defendido. (...) Es triste que situaciones como estas, de avivatos que no pueden llamarse más que corruptos, minen la credibilidad del sistema", aseguró Santos.
Por su lado, el vicepresidente Angelino Garzón dijo que este tipo de hechos "debilitan la credibilidad en una institución tan respetada como la CIDH", y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, advirtió que el riesgo de otras trampas similares en condenas contra el Estado es alto: "Si esto ocurrió en un caso tan sonado como el de Mapiripán, no se descarta que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones".
Anoche, el procurador Alejandro Ordóñez le dijo a EL TIEMPO que, basado en estas denuncias, le pedirá a la Corte Suprema que reabra el caso del general Humberto Uscátegui, quien paga 37 años de cárcel por la pasividad de la Fuerza Pública de los Llanos para frenar a los 'paras', que, sin ningún obstáculo, se desplazaron desde Urabá para perpetrar esa y otras masacres.
Colectivo dice que responderá
Ayer, en Washington, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, admitió que no hay ningún antecedente similar ni "un sistema preestablecido para evaluar este tipo de situaciones". Agregó, en todo caso, que "es un tema de interés para el Sistema Interamericano".
Durante una audiencia que realiza la Comisión, precisamente sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, Rafael Barrios, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, anunció que esa ONG está lista a devolver el dinero que recibió, si se comprueba que esos honorarios obedecen a casos de falsas víctimas.
"No solo se engañó aquí a los representantes de las víctimas, sino al Estado colombiano y al Sistema Interamericano. Fue un engaño en cadena", dijo Barrios.
El Colectivo de Abogados representó, precisamente, a Mariela Contreras, presunta víctima de la masacre de Mapiripán que esta semana reconoció ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz que recibió 1.700 millones de pesos a pesar de que en realidad no fue afectada por ese crimen de los 'paras'. Ella está a punto de convertirse en testigo protegido de la Fiscalía, que hace seis meses empezó a seguirle la pista al fraude.
También ayer, el Colectivo reconoció que por el caso de Contreras recibió honorarios de 480 millones. El abogado Eduardo Carreño admitió que por todas las víctimas que representaron, esos honorarios llegaron a los 7 mil millones.
Ejército, a pedir perdón
Tres militares condenados por masacre de Cajamarca
Ayer, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 40 años de prisión contra tres militares implicados en la masacre de Cajamarca (Tolima), ocurrida hace siete años. Igualmente, les ordenó al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares y al Ejército pedir perdón a las víctimas en un acto público. Una de las condiciones es que deben publicar el fallo en sus páginas web oficiales.
Los tres uniformados condenados por la masacre son el mayor (r.) Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el cabo segundo Wilson Casallas Suescún y el soldado profesional Albeiro Pérez Duque.
Dos nuevos entes contra la corrupción
El presidente Juan Manuel Santos reiteró ayer el compromiso de su administración en la lucha contra la corrupción.
De hecho, reveló que siente "un gran placer cuando el Procurador destituye a alguien por corrupto o la Fiscal manda a alguien a la cárcel por corrupto".
Durante la presentación del libro Superando la corrupción, escrito por Bertrand de Speville y publicado por la Editorial Planeta, el mandatario anunció que antes de terminar este año serán instaladas tanto la Comisión Nacional para la Moralización como la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, ambas contempladas en el Estatuto Anticorrupción.
De igual forma, dijo que se va a crear en la Presidencia "una Secretaría que centralizará el tema de la lucha contra la corrupción".
"El ciudadano debe poder observar el desempeño de las agencias gubernamentales", advirtió el Jefe de Estado.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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