Paola Beatriz Valdeblánquez hizo parte de 'la Empresa', organización criminal que montaron hace cuatro años abogados y jueces en Ciénaga (Magdalena) y con la que se apoderaron de 15.000 millones de pesos del Instituto del Seguro Social (ISS) en el departamento.
Como ella, cerca de 100 abogados figuran en 1.265 investigaciones disciplinarias que ha abierto el Consejo Superior de la Judicatura contra jueces por embargar de manera fraudulenta cuentas de municipios, departamentos y entidades como el ISS o Cajanal. Hasta el momento, el tribunal sancionó a 44 jueces y 45 abogados, a los que se comprobó su participación en el fraude.
Las decisiones que ha tomado la Judicatura en este año hacen pensar a las autoridades que se está ante un cartel de la justicia.
El caso de Valdeblánquez, quien fue excluida de la profesión de por vida, se repite en municipios de casi toda la Costa Atlántica, incluyendo capitales como Cartagena y Santa Marta, y ciudades como Ibagué. En total, hay 24 investigaciones disciplinarias.
Valdeblánquez alegó haber sido engañada por su colega Édgar San Juan, quien, según ella, elaboró la demanda. Este está preso; la Fiscalía lo investiga por un caso de peculado contra el ISS por 1.800 millones de pesos.
Según las investigaciones, 'la Empresa' les garantiza a los litigantes que intervienen una comisión hasta del 15 por ciento sobre el valor de la deuda demandada más los intereses de mora.
De acuerdo con los reportes de las entidades demandadas, la Judicatura señala en los procesos que ha fallado que se habrían pagado hasta el momento cerca de 40.000 millones en honorarios a los litigantes que se encargan de promover las demandas. Estos procesos se arman con fotocopias de obligaciones ya pagadas, pero que contablemente no se han descargado en las entidades y que en los juzgados se deciden en tiempo récord.
El despacho del juez Vives de Ciénaga era uno de los que así procedían. El funcionario terminó destituido e inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos. La abogada que falló a favor de la abogada Valdeblánquez no fue la única que resolvió en contra del ISS; también lo hizo en otros dos procesos ejecutivos sin tener competencia.
También figuran en esa lista la juez segunda civil de Magangué, Arnedys Payares Pérez, quien en fallos de tutela ordenó a Cajanal el pago de 89 pensiones de gracia por 21.000 millones de pesos, y Antonio Silva, juez primero de Carmen de Bolívar, que embargó a ese municipio por casi 2.000 millones de pesos por supuestas deudas pensionales. Ambos están suspendidos por 12 meses.
El mayor número de sanciones pesan contra el ex juez primero laboral de Quibdó (Chocó) Francisco Antonio Mena -con 24-, todas con suspensión de entre dos y doce meses por haber embargado más de 21.000 millones de pesos destinados a salud y educación.
REDACCIÓN JUSTICIA
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