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Aunque el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene claro que no habrá negociación con las bandas criminales, está trabajando en nuevas herramientas legales que faciliten el sometimiento de esos grupos delictivos.

Esta semana, tras la polémica entrega de 269 miembros del Erpac, uno de los hombres más cercanos del Presidente, el consejero Sergio Jaramillo, dijo que el país necesita normas que "incentiven" el sometimiento de las bandas.

EL TIEMPO estableció que desde hace varios meses el Ejecutivo y la Fiscalía analizan la introducción de ajustes a la legislación que permitan enfrentar mejor el crimen organizado, incluidos los nuevos grupos surgidos tras el desarme paramilitar.

Esos ajustes pasan por la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad (borrar una investigación penal a cambio de colaboración efectiva para desmantelar las organizaciones criminales), incluso en casos de narcotráfico. Es una opción que hoy está prohibida por la ley.

También, se estudian cambios de procedimiento que permitan que la legalización de las capturas pueda extenderse a más de las 36 horas actuales, y que los casos más peligrosos no sean asumidos necesariamente por jueces del sitio donde se producen las capturas. "Las 36 horas no se deben volver una atadura. Nos ponen al borde de la vulneración de la ley, libertad para el investigado y copias para el investigador", dijo el director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa.

La base de la estrategia es que, en ningún caso, trátese de bandas o carteles, el Gobierno hablará con esos grupos. "El mensaje es que no hay negociación posible y que la única vía para ellos es el sometimiento -dijo Jaramillo-. Y, como pasó con el Erpac, el interlocutor es la Fiscalía."

De acuerdo con el consejero, "se ha discutido la idea de trabajar en una nueva ley contra el crimen organizado" que incluya los ajustes ya mencionados. En este momento, a lo máximo que pueden aspirar los integrantes de las bandas criminales es a una rebaja de hasta el 50 por ciento por entregarse a las autoridades.

"No se trata de entregar beneficios a los ilegales, sino de darle instrumentos a la Fiscalía en términos de política criminal, para que sea más eficaz al desarticular esas estructuras. El camino obvio es principio de oportunidad", dijo Jaramillo. El modelo, que se aplica en países como Estados Unidos, se basa en premiar la colaboración de los peces chicos de una organización criminal para llegar hasta los capos o al desmantelamiento total de la red.

A tiempo que les salió al paso a las críticas por el caso del Erpac y aseguró que "no fue asaltada en su buena fe y que no hubo improvisación", la Fiscalía explicó que "hay un profundo desconocimiento de la ciudadanía y de las autoridades de cuál es el procedimiento legal en estos casos".

"El tema ha avanzado bastante en la Fiscalía. El sistema penal tiene dos válvulas de escape: preacuerdo y principio. Y restringe la aplicación para los delitos graves. Esto requiere una reforma constitucional y se tiene que hacer respetando el marco constitucional sin vulnerar el derecho de las víctimas a la reparación, verdad y justicia", dijo Novoa.

De hecho, en la Fiscalía -explicó el funcionario- el tema se ha analizado internamente para que sean empoderados más fiscales y se aplique el principio de oportunidad. La Fiscalía también aseguró que es necesario dar agilidad a los procesos de captura, ya que la Ley 906 restringió la facultad de los fiscales para dictar estas medidas.

De manera que, en casos como los del Erpac, por haber jueces en la zona, los fiscales no podían aplicar las medidas excepcionales para proceder.

Este tema no tendría nada que ver con justicia transicional ni con el llamado marco legal para la paz, que hace tránsito en el Congreso.

Entrega del Erpac paso a paso

1. Siete de la banda fueron carne de cañón

El 8 de noviembre llegó la primera comunicación de alias Caracho, jefe del Erpac, en la que anunciaba al Director de Fiscalías la entrega de la banda.

EL TIEMPO conoció que, antes de tomar la decisión de someterse en masa, siete miembros del Erpac que no tenían orden de captura se entregaron ante jueces de Villavicencio y fueron enviados a sus casas. La Fiscalía respondió a la carta de Caracho cerrando las puertas a una negociación y aclarando que lo único que se les aplicaba era el sometimiento.

Los abogados del Erpac se acercaron a mediados de diciembre para decir que "con o sin la anuencia de la Fiscalía" se iban a entregar. "Nunca anunciaron cuántos, cuándo ni quiénes eran", dijo la Fiscalía.

2. De criminales a víctimas

La hora cero fue el 22 de diciembre, cuando llegaron las primeras 37 personas. "Venían convencidas de que las iban a mandar para la casa", dijo la Fiscalía. Los sometidos debían firmar un acta donde confirmaran que pertenecían al Erpac, pero al ver que los primeros hombres eran enviados directo a La Picota, de Bogotá, se negaron no solo a firmar el documento, sino que declararon que habían sido obligados a ser parte de la banda.

Se entregaron de civil para evitar el porte ilegal de uniformes y sin armas para que no existiera flagrancia.

3. Dos días para identificar a 269 personas

Entre el 22 y el 24 de diciembre, la Fiscalía estableció la plena identidad de los 269 hombres que se entregaron como miembros del Erpac. "No podíamos emitir una orden de captura de un ciudadano que no es, es decir, teníamos que establecer su plena identidad y no podíamos retenerlos porque estaríamos cometiendo un secuestro", dijo la Fiscalía.

4. Echaron para atrás la entrega

Antes de terminar la identificación, el 24 de diciembre, los abogados dan la orden de suspender la entrega. Pese a que se expidieron las órdenes de captura entre el 24 y el 25 de diciembre, los sometidos decidieron irse. Aunque 249 del Erpac no están en la cárcel, la Fiscalía consideró "ganancia" que 19 jefes estén en La Picota, que haya un arsenal incautado y que existan 249 órdenes de captura.

5. 30 años a jefes

"Si se allanan a car- gos, los jefes podrían ser condenados a 30 años. La Fiscalía no les ofreció ningún beneficio y ahora están sometidos a lo que los fiscales logren demostrar", dijo Wilson Martínez, asesor de la Fiscal.

REDACCIN JUSTICIA