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Así lo creen varios expertos consultados por EL TIEMPO, quienes coincidieron en que si bien la posibilidad de entablar un proceso para acabar el conflicto no está a la vuelta de la esquina, sí es factible que el próximo año se avance en sentar las bases para una futura hoja de ruta.

En este contexto, se espera que a más tardar el 20 de junio el Congreso apruebe el marco jurídico para la paz, una enmienda constitucional con la que el Gobierno quiere dotarse de los fundamentos legales para fomentar desmovilizaciones masivas y generar el espacio para un proceso que ponga fin al conflicto armado: todo ello a través de la justicia transicional.

El propio Santos ha sido claro en señalar que el final del conflicto debe darse a través de una salida política. Lo que, ha dicho, no excluye el hecho de que si los grupos armados insisten en mantener sus acciones de guerra, se les siga combatiendo con la Fuerza Pública.

El 23 de diciembre, desde la base militar de Tolemaida, el mandatario aseguró: "La paz también se consigue combatiendo, perseverando, y esa es la consigna".

Una prioridad

Son muchos los que creen que la paz es una prioridad absoluta en la agenda íntima del Presidente y que, además, el mandatario está plenamente convencido de que sí es posible el escenario de entregar un país pacificado.

Y sus mensajes en este sentido son persistentes. El 7 de diciembre, en una ceremonia en la Escuela General Santander de la Policía (Bogotá), Santos afirmó: "La política nuestra se puede describir en dos palabras: garrote y zanahoria". Y agregó: "Vamos a seguir insistiendo, perseverando, pero al mismo tiempo estamos ofreciendo la salida que han tenido todos los conflictos parecidos al nuestro: una salida política".

Para el analista y columnista Rafael Nieto, este tipo de declaraciones son una muestra elocuente de que Santos quiere consolidar sus expectativas de paz en el 2012.

"Este tema estará cada vez más presente en su agenda, y si bien el 2012 no será el año de la paz, sí será el año en el que el Presidente va a destapar su intención de hacerla y nos dirá cuáles serán los mecanismos que propondrá para ello", dijo Nieto.

Para el ex comisionado de Paz Camilo Gómez, el Jefe de Estado tiene claro que "la tranquilidad militar es importante" para que la población asimile un proceso de paz. Y agrega que el balón está cada vez más en el campo de las Farc, que "en el 2012 deberían tomar la decisión de si quieren o no avanzar hacia un proceso para ponerle fin a la violencia".

Roy Barreras, senador de la U y quien impulsa en el Congreso el marco jurídico para la paz, recordó que los beneficios de la justicia transicional que establece la iniciativa no se darán a los grupos ilegales hasta que no liberen a todos los secuestrados. Pero la iniciativa es ambiciosa, tanto que Barerras no descarta que se les reconozca incluso una vocería política.

"Las posibilidades de una solución dialogada cruzan por la liberación de los secuestrados, y si las Farc abren los ojos, van a destrabar el proceso. La paz será el gran tema del 2012, así como el año anterior fue la ley de víctimas", remató Barreras.

Camilo Gómez resalta como un elemento positivo y facilitador el hecho de que Santos "haya sentado sus planteamientos y los haya mantenido: tiene una línea clara y constante". Pero vuelve a recalcar que esto "no depende solo de él", es decir, que para este baile se necesitan dos.

Por eso, el reciente anuncio de las Farc sobre la liberación de seis secuestrados es tan importante. Si se trata de un gesto con intenciones políticas profundas, podría marcar un inicio. En todo caso, hay pocas dudas de que en el 2012 el tema paz volverá con fuerza a la agenda nacional.

Tiempo de sentencias sobre grandes escándalos

Así como el 2011 fue el año en el que la Fiscalía logró poner presos a varios ex altos funcionarios señalados por los escándalos más sonados de los últimos tiempos, el 2012 estará marcado por las sentencias de los jueces, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, en los mismos procesos.

Siete conjueces y dos magistrados titulares tendrán en sus manos la decisión en los casos del ex secretario general de Presidencia Bernardo Moreno y la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, los principales acusados por las chuzadas contra magistrados, periodistas, políticos de oposición y ONG.

El juicio contra los dos ex funcionarios arrancará en forma a mediados de febrero, por cinco cargos: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

Moreno, que está detenido, y Hurtado, quien es prófuga de la justicia colombiana y logró asilo en Panamá, se exponen a penas que podrían llegar a los 15 años de prisión por uno de los mayores escándalos del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

En el 2012 la Corte también definirá la suerte del ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS). El ex precandidato presidencial permanece retenido en las instalaciones de la Escuela de Caballería de Bogotá y responderá por dos presuntos delitos: peculado en favor de terceros y firma de contratos sin cumplir requisitos legales.

El escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá también llega al momento de las sentencias. La Corte juzga al senador Iván Moreno Rojas, hermano del ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno, quien también está preso y llamado a responder por varios delitos relacionados con la defraudación en los megacontratos de la capital. Ambos se exponen a penas superiores a los 10 años.

Justicia
La reforma, en su etapa definitiva

Antes de junio, el Congreso tiene que darle trámite a la segunda vuelta de la polémica reforma de la justicia, de cuya discusión se fueron la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

En los casi tres meses de receso mientras se reinicia la legislatura, el Gobierno buscará que los magistrados regresen a la discusión de un proyecto que arrancó como de consenso, pero que terminó desencadenando el primer encontronazo entre la administración Santos y las cortes.

Temas como la investigación y el juicio de los congresistas y la eliminación de la facultad de las cortes para ternar candidatos a Procurador y Contralor han calentado la polémica. Los magistrados dicen que el proyecto, como va, afecta la independencia de la Rama Judicial, mientras algunos sectores les ripostan que no quieren perder sus cuotas de poder.

Se inicia aplicación de ley de víctimas
Restitución de tierras y memoria histórica, claves este año

El próximo año comenzará la implementación de la ley de víctimas, considerada una de las banderas del gobierno de Juan Manuel Santos. El Presidente acaba de firmar los decretos reglamentarios que incluyen un tope para la reparación administrativa de las víctimas de hasta 21 millones de pesos. "No se darán más golpecitos en la espalda a los colombianos despojados", dijo Santos. La Unidad de Gestión de Restitución de Tierras agilizará el trámite para los reclamos de quienes sufrieron despojo. También arranca el Centro de Memoria Histórica, dirigido por Gonzalo Sánchez. El Estado tiene el reto de impedir que los violentos se le atraviesen a esta histórica ley.

Regalías
El desafío de la buena distribución y manejo de 8,7 billones de pesos

Los 32 gobernadores y 1.103 alcaldes que se posesionan mañana tienen el desafío de manejar $ 8.7 billones que el país percibirá en el 2012 por concepto de regalías. De la administración que se les dé a esos recursos depende que se cumplan los objetivos que se planteó el Gobierno al modificar el sistema de distribución de las regalías: combatir la pobreza y generar desarrollo en las regiones más pobres del país. Aunque el Ejecutivo logró sacar la reforma en el Congreso luego de inconvenientes, el verdadero reto lo tendrá en el 2012, cuando deberá demostrar que sí se beneficiarán más colombianos con esos recursos, que con esa plata se realizarán grandes obras y que ese dinero sí es para todos y no para unos pocos.

Daniel Valero
Redacción Política

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