La Fiscal General, Viviane Morales, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá una audiencia preliminar para imputar cargos y pedir la medida de aseguramiento contra Andrés Felipe Arias, ex Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Arias, dice la Fiscalía, deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Esta formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento son producto de la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades encontradas en el proceso de celebración y ejecución de diferentes convenios suscritos entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), en el marco del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá programará la fecha para la audiencia de imputación de cargos contra el ex ministro.
Andrés Felipe Arias era el ministro de Agricultura del ex presidente Álvaro Uribe cuando estalló el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
En total son 50 las personas investigadas dentro del caso AIS, incluidas cinco ex funcionarios del Ministerio de Agricultura.
El proceso
La Procuraduría, en octubre del 2010, había abierto pliego de cargos contra los ex ministros de agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, por no haber controlado la entrega de subsidios, aunque el riesgo de trampas estaba advertido.
Según el Ministerio Público, los ex funcionarios no cumplieron su obligación de velar por el buen uso de la plata pública y de hacer valer normas de transparencia y equidad.
La Procuraduría revisó el proceso de asignación y la documentación del convenio firmado por el Ministro de Agricultura con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica), encargado de ejecutar el programa.
En esa documentación hay una auditoría de junio del 2007, que en su momento fue entregada oficialmente al Ministerio y que advertía del riesgo de que "los proponentes manipulen la información de tal manera que el monto efectivo del subsidio termine siendo superior".
Eso fue lo que ocurrió en el 2008, cuando se fraccionaron proyectos para recibir más de un subsidio, pero hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado respecto al caso del ex ministro Andrés Fernández.
Por este escándalo, el pasado mes de abril, el Juez 33 Penal Municipal de control de garantías ordenó trasladar a la cárcel a cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura involucrados.
El Juez aceptó la petición que hizo la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra de la ex directora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, Camila Reyes del Toro, los ex jefes jurídicos de esa cartera, Eugenia Méndez y Oskar August Shoeder, y el ex viceministro, Juan Camilo Salazar.
Los funcionarios tuvieron bajo su cargo la implementación del programa AIS, creado en el gobierno Uribe para enfrentar los retos que tendrían los productores del agro ante una eventual firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero los subsidios, que se iban a entregar a pequeños agricultores, terminaron en manos de influyentes familias y grandes empresarios.
La defensa de Arias
El pasado mes de mayo Arias dejó consignadas ante la Contraloría sus explicaciones sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Arias aseguró que, salvo la firma de los convenios que le dieron vida a AIS, no tuvo mayor participación en la ejecución de ese programa, que fue bandera de la política agrícola del gobierno de Uribe.
Los subsidios que entregaba el ministerio terminaron en manos de poderosas familias a través de procedimientos que, según la Fiscalía, violaron la ley.
Al respecto, Arias aseguró que jamás fue alertado por parte de sus subalternos sobre posibles irregularidades en la entrega de esos recursos.
"Como ministro, mi función se reducía al diseño general y orientación conceptual de la política pública y por lo tanto debía confiar en el equipo técnico encargado y delegado para desarrollar y vigilar la adecuada ejecución del objeto de los convenios", indicó Arias en una diligencia de versión libre a la que fue citado por la Contraloría.
Y agregó que todas sus actuaciones estuvieron basadas en la "presunción de buena fe" sobre lo que le presentaban sus subalternos.
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