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"Aislar a los adictos del medio delincuencial en el que viven (...). (Que sean) internados en centros de tratamiento o llevados fuera de las ciudades en las que pueden acceder fácilmente a las drogas".

Esa es una de las polémicas propuestas contenidas en un libro que está a punto de lanzar la Procuraduría General de la Nación y que busca romper los 7 mitos de la legalización de las drogas.

En 155 páginas, editadas por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, el organismo, encabezado por Alejandro Ordóñez, defiende la tesis del aislamiento y señala que no violaría los derechos humanos ni atentaría contra la autonomía de los consumidores, "que de todas formas han perdido por su adicción".

"El aislamiento del individuo es necesario, bien sea para suministrarle un sustituto que ayude a la desintoxicación o para evitar las conductas relacionadas con el consumo que tienen alta probabilidad de causar daño a otros", añade.

En el libro, cuya portada está ilustrada con una imagen del Apocalipsis, la Procuraduría rebate los argumentos de quienes promueven la legalización y asegura que la sentencia de la Corte Constitucional que en 1994 despenalizó la dosis mínima disparó el consumo en el país. "Lejos de plantear la legalización de las drogas ilícitas, el debate en Colombia y ante la comunidad internacional debe centrarse en cuáles son las mejores y más eficaces formas de controlar la producción, tráfico y distribución de drogas", dice.

También cuestiona a las autoridades por lo que llama "permisividad en zonas tomadas por el microtráfico", en donde, dice, la venta de droga se combina con la prostitución y la pederastia. Por cuenta de esa falta de acción, señala el libro, en Colombia hay lugares "reconocidos nacional e internacionalmente como paraísos del turismo sicodélico y sexual", y menciona a Taganga (Magdalena), La Candelaria (centro de Bogotá) y Cartagena.

"Lo malo de las drogas no es su prohibición; deben seguir prohibidas porque son malas. La despenalización, lejos de neutralizar los efectos nocivos, los incrementa", señala el libro. Y agrega que "defender la dignidad del ser humano no puede llegar al extremo de garantizarle los medios para perder toda su dignidad y libertad por la adicción a las drogas".

En el libro, la Procuraduría afirma que, a pesar de que la experiencia dice que hay que atacar el tráfico (en esa etapa se queda el 71 por ciento de la utilidad del negocio ilegal), en Colombia la estrategia "curiosamente se ha centrado en la etapa de producción, que es la que menos valor agregado genera". Añade que "hay que enfocar la lucha contra el narcotráfico en la interdicción". Igualmente, cuestiona el hecho de que el Estado nunca haya logrado un nivel de coordinación para que todas las entidades trabajen al tiempo contra la cadena del narcotráfico.

En este capítulo, la Procuraduría señala que aceptar que la guerra contra las drogas ha fracasado es admitir que otros delitos, como el hurto, han "derrotado los sistemas judiciales del mundo, porque, a pesar de los esfuerzos, hoy siguen existiendo ladrones". Y presenta como un avance el que hayan bajado el consumo mundial de drogas y la pureza de algunas de ellas. Agrega que los consumidores están pagando cinco veces más por la cocaína que compraban en el pasado.

La legalización no ayudaría a reducir el hacinamiento carcelario y, según el libro, tampoco es cierto que las cárceles se estén llenando de "inocentes consumidores". "Son miembros de estructuras criminales que asesinan, sobornan, lavan activos y especulan con el valor de la droga", dice el libro. Cifras del Inpec citadas señalan que en los penales colombianos hay muchos más detenidos por delitos contra la vida y la propiedad que por hechos vinculados al círculo de la droga.

REDACCIN JUSTICIA