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Ha pasado más de un año desde que en Bogotá empezó a estructurarse una de las licitaciones más costosas y trascendentales para la ciudad, sin que se adviertan mayores avances. Hablamos del nuevo esquema que debe regir para la recolección de basuras, barrido y limpieza de la capital, estimado en 2,3 billones de pesos.

Se trata de un accidentado proceso que, desde sus inicios, ha sido objeto de polémicas, intrigas y muchos intereses económicos de por medio. Hasta la Corte Constitucional ha tenido que abordarlo por cuenta de tutelas que se interpusieron para evitar que se vulneraran derechos de los involucrados -como los recicladores-, y la Procuraduría debió tomar acciones disciplinarias contra funcionarios del Distrito por presuntas fallas en su desarrollo.

Esta serie de tropiezos ha llevado a que, a raíz de la demora en la licitación de aseo, se haya tenido que acudir a la odiosa figura de la urgencia manifiesta y estemos ad portas de una tercera decisión similar o de una prórroga de los contratos de los actuales operadores, que irían hasta finales de año, mientras la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), a cargo del asunto, termina de ajustar la licitación.

El nudo de este vía crucis se acentuó a finales del año pasado, cuando la Corte ordenó suspender el procedimiento hasta que se llevaran a cabo acciones afirmativas en favor de los recicladores. Es decir que, en la recolección de basuras, ellos tuvieran una participación más equitativa en la distribución de utilidades, entre otros puntos.

A la administración del alcalde Petro le correspondió asumir las riendas del asunto y, a partir de los plazos dados por el alto tribunal, inició el ajuste del proceso licitatorio. Pero hoy se le cuestionan la demora y el riesgo que ello representa para la salubridad de la ciudad y la calidad del servicio. Para nadie es un secreto que Bogotá luce sucia en muchos sectores, con escombros por doquier y equipos que revelan decadencia.

La Uaesp, si bien es consciente de esto último, asegura que el proceso avanza dentro del estrecho margen de tiempo que le dejó la Corte, y que muchas decisiones dependen de instancias como la Comisión de Regulación de Agua Potable, que debe aclarar lo relacionado con el manejo de áreas exclusivas para el reciclaje y sentar las bases de un nuevo régimen tarifario dentro de un marco jurídico que no es compatible con la regulación que usualmente se aplicaba al servicio.

En pocas palabras, a juicio de la Uaesp, se trata de una nueva realidad, que modifica el 30 por ciento de la licitación concebida desde sus inicios, lo cual no debería ser óbice para demorar una adjudicación que cuesta alrededor de 300.000 millones de pesos al año y que reclaman 8 millones de bogotanos, que producen 6.000 toneladas de basura al día. De ese tamaño es el desafío que se le plantea a la Administración. Ya la Contraloría Distrital advirtió que no se puede apelar a otra emergencia, pues no existe un hecho sobreviniente que así lo obligue, y que urge aplicar la Ley 42 de 1980.

Además de esta sobre el aseo, la Alcaldía tiene por delante otras decisiones relacionadas con servicios públicos, que siguen pendientes en la agenda de gobierno.

Por ejemplo, en pocos meses vence también el plazo de los llamados contratos de gestión para la operación, manejo y comercialización del agua en Bogotá. Son cinco empresas distribuidas en igual número de zonas, que prestan el servicio hace una década y que fueron concebidas ante la ineficiencia de la Empresa de Acueducto. Pero aún no se sabe del balance de su gestión o si regresaremos a los tiempos de antes.

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