El alto tribunal ordenó al Ejército entregar terrenos de una base militar en Guaviare y le dio al Ministerio de Defensa seis meses para reubicarla. La base es ocupada por la Escuela de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina.
La medida de la Corte busca la protección de las comunidades indígenas Jiw, Guayabero y Nukak.
Según un informe del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la base militar tiene ocupadas seis hectáreas del resguardo en la que mantiene 19 construcciones.
La Corte consideró que estas comunidades están siendo afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en sus áreas ancestrales, con lo cual se violan los derechos fundamentales de sus miembros.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que acatará el auto de la Corte Constitucional.
"Respetamos a la justicia y acataremos la decisión de la Corte", aseguró Pinzón.
El jefe de la cartera de Defensa indicó que la situación no marca un precedente para a salida de tropas del Cauca, como lo ha pedido la Guardia Indígena Nasa.
"Las relaciones de los uniformados con los indígenas en esa zona (Guaviare y Meta) es excelente", dijo Pinzón, que agregó que la posición que había logrado la Fuerza Pública no se verá afectada, como el orden público.
El pedido de la Corte se da tras la polémica que se desató a mediados de julio cuando indígenas retiraron a la Fuerza Pública del cerro Las Torres, en Toribío (Cauca).
Indígenas llaman a concertación con Gobierno
Según las denuncias de las ONG y de los representantes de la comunidad indígena, por la cercanía de la base, 25 indígenas han sufrido graves accidentes con municiones y material explosivo sin estallar que han caído en el territorio del resguardo.
Luis Evelio Andrade, miembro del Consejo Mayor de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), señaló que esta es una situación particular que no puede generalizarse o aplicarse en otros puntos del territorio nacional, pero "sí abre el camino" a que el Ministerio de Defensa, en adelante, consulte con las comunidades antes de instalar bases militares cerca de sus territorios.
"La orden de la Corte no puede aplicarse de manera literal para otros casos pero deja ver la necesidad de concertar con el Ministerio de Defensa para no poner en peligro a las comunidades", señaló Andrade.
REDACCIN JUSTICIA
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