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En una celda de la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca, permanece tendido en una plancha que sirve de cama un interno con tetraplejía espasmódica. No tiene ningún tipo de movimiento del cuello a los pies.

Fue capturado en marzo en ese estado y pese a los requerimientos de su familia y de las directivas del penal, no cuenta con tratamiento adecuado ni con los cuidados de una enfermera permanente. Así lo corroboró la Defensoría del Pueblo en una visita a la cárcel hace un par de semanas, en la que se evidenció que su supervivencia depende de sus compañeros de reclusión.

Historias similares se cuentan por centenares en los 142 penales y cárceles del país. En lo que va del año, 1.283 presos han tenido que acudir a tutelas para reclamar atención digna, debido a fallas en el servicio de salud que el Estado venía prestando por medio de la EPS Caprecom.

Ese drama se suma al del hacinamiento, que incluso llevó a que este fin de semana, por primera vez, se utilizara en la Modelo de Bogotá el sistema de pico y placa, con las cédulas de ciudadanía, para racionalizar el ingreso de visitas a los internos del país.

Sin médicos y sin remedios

Un informe reservado realizado por el Inpec, conocido por EL TIEMPO.COM, revela que hay enormes problemas de atención médica en 110 penales. En 42 de ellos -entre los que están varios de los más importantes del país, como el nuevo pabellón de La Picota y las cárceles de máxima seguridad de Cómbita, Valledupar y La Dorada- faltan médicos, y cuando los hay, no hay medicamentos.

De ese grupo, existen algunas (las de Valledupar, Tunja, Ipiales y Calarcá, la de mujeres de Pereira y la de Puerto Berrío) en las que simplemente no se presta ese servicio.

Por ejemplo, en la cárcel de Cómbita no hay médico disponible de noche. De 10 de la noche a 6 de la mañana, un auxiliar de enfermería está encargado de atender emergencias para más de mil internos, casi todos de bandas criminales.

En el penal de Calarcá, donde hay 1.232 internos, no hay médico por las tardes ni los fines de semana. Y en el nuevo edificio de La Picota, que tiene 2.228 presos, solo hay un médico por la mañana.
En ese sitio, además, existen problemas con el manejo de residuos y basuras, lo que dispara el riesgo de enfermedades.

La crisis, que viene desde hace año y medio por las constantes fallas de Caprecom, se agudizó en junio pasado con el aumento de capturas, que tiene las cárceles a reventar. El hacinamiento alcanzó casi el 45 por ciento, y en la Modelo, una de las cárceles más grandes, aparecieron brotes de varicela y dos de tuberculosis. Esta enfermedad la padecen otros 136 presos en el país.

Las demoras de la EPS para pagar las cuentas pendientes con hospitales y las cooperativas con las que subcontrataba el personal médico son otro de los agravantes que persisten. Incluso, ante la falta de pago, muchos galenos renunciaron y otros, simplemente, no volvieron, pese a que hoy el servicio debe estar contratado con la red de hospitales.

Tal situación llevó a que el Inpec solicitara a los ministerios de Justicia y de Salud que declararan la emergencia sanitaria en las cárceles, pero ese requerimiento, que también había hecho la Defensoría, no fue aceptado.

Hasta ahora tampoco ha funcionado la reestructuración del Inpec, aprobada desde el año pasado en el Congreso, que supuestamente iba a resolver ese y otros líos, como el de la corrupción. En dicha reestructuración se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, que depende del Ministerio de Justicia y que está encargada de la contratación de salud y alimentos, pero aún no se ven resultados.

La salida, según expertos, es que se modifique el decreto que obliga a contratar con Caprecom, lo cual aún está en proyecto.

Las que más tienen problemas

La cárcel de Acacías, en la que hay más de dos mil internos, es una de las que más dificultades tienen. No tiene medicamentos, les debe los sueldos a los médicos y no hay una IPS que atienda a los internos. En la de Ipiales, con 478 internos, solo se atienden las urgencias, mientras que en la de Calarcá, con más de mil internos, no hay médicos por las tardes ni los fines de semana. En los penales de Buga y Villavicencio, los médicos que atendían a más de dos mil presos renunciaron por falta de pago.

Carlos Mario Ramírez, viceministro de Salud y quien está al frente de la EPS Caprecom, aseguró que el servicio de salud ha mejorado y que el proyecto para romper el monopolio de Caprecom está casi listo.

Por qué la crisis de la salud en las cárceles no se logra superar?

El servicio de salud en las cárceles hoy es mejor que el que existía hace tres meses por dos razones: el de las 22 cárceles está inscrito o es parte de los mismos hospitales públicos.

En cuántos penales ha logrado el contrato con la red de hospitales?

En las 22 cárceles más grandes, que equivalen al 42 por ciento de la población carcelaria del país.

Qué pasa con las restantes?

Si el hospital nos acepta el contrato, lo hacemos con él o si no, nosotros contratamos directamente al personal con Caprecom y no con las cooperativas de trabajo social que existían hasta julio.

Pero la de Cómbita, por ejemplo, no tiene médico de noche. Eso pasa con otras más....

Esto tiene una razón. Con el Inpec acordamos que en las cárceles mayores de 3.500 internos íbamos a tener médicos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y en las cárceles de 1.000 internos, 14 horas. Y en el resto, solo por 8 horas, pero hay disponibilidad de la red pública.

Cómo va el proyecto para que el Inpec pueda contratar con otras EPS?

Está casi listo y busca romper el monopolio asegurado por Caprecom, porque hay municipios donde la EPS no es EPS.

Alarma en Bellavista por 4 presos muertos

Alexánder Martínez, de 36 años, llevaba cinco días con sangrado por nariz y boca, y fiebre y dolor intenso de cabeza y en todo el cuerpo, y había estado dos veces en la unidad de sanidad de la cárcel Bellavista, de Medellín.

Martínez, quien saldría en libertad en diciembre, murió el pasado 24 de agosto en la principal cárcel de la capital antioqueña a la espera de una atención médica adecuada.

"El médico me dijo que los exámenes me salieron malos y dio orden de que me sacaran, pero que eso se demoraba mucho", le dijo el hombre a su esposa horas antes de morir.

Sandra Soto, su compañera por 14 años y con quien tiene tres hijos, aún no sabe qué le pasó.

Ni el Inpec ni Metrosalud -encargado de la atención médica del penal desde agosto- le dan razón de las causas de la muerte de su esposo.

Fue el primero de los cuatro reclusos que han fallecido en Bellavista en los últimos 10 días. "Uno no sabe ni qué pensar. Ellos son seres humanos hagan lo que hagan; no es para que los traten y dejen morir así", denunció Soto. Según la Personería de Medellín, en esta cárcel han fallecido 11 presos en lo que va del año, cifra que muestra el deterioro de la atención en salud del penal, pues, a lo largo del 2011, murieron 13 internos.

"Hemos hecho varias denuncias ante el Ministerio de Defensa y el de Salud, la Procuraduría y todas las ías, pero uno se vuelve impotente frente al tema", reclamó Rodrigo Ardila, personero de Medellín.

Carlos Contreras, representante de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, dijo que "Bellavista es el penal que ha puesto la cuota más alta de personas privadas de la libertad muertas. En los últimos cuatro años ya van 52. El silencio es inexplicable".

Allá el hacinamiento llega al 220 por ciento.

REDACCIN JUSTICIA Y MEDELLN