El próximo 14 de noviembre se presentará la ponencia de un proyecto de ley que hace curso en la Cámara de Representantes y que pretende regular el ejercicio profesional de los politólogos en el país, que ya ha recibido fuertes críticas desde la academia.
La iniciativa, que fue radicada por el representante a la Cámara José Gonzalo Gutiérrez, ordena a las entidades públicas y privadas exigir la Tarjeta Profesional del Politólogo.
Este nuevo documento solo lo pueden obtener los que se hayan graduado de una facultad de Ciencias Políticas y, los que ya lo hicieron, tendrán que gestionarla durante el siguiente año después de la promulgación de la norma.
Además, la ley es clara en decir que “en ningún caso podrá equipararse el título de politólogo por el hecho de haber cursado especialización o maestría en algún área relacionada con la ciencia política”.
En el último documento que envió Gutiérrez al ponente de la norma, el representante del Polo Wilson Arias, el autor hace algunas precisiones al proyecto original y estipula las cinco causales de suspensión definitiva de la tarjeta: sentencia condenatoria en firme, haber sido condenado por delitos sexuales y delitos contra la familia, participación probada en grupos al margen de la ley, como asesor, militante, financiador y promotor; incapacidad física o mental y tener más de tres suspensiones de la tarjeta profesional.
Por su parte, se suspenderá la tarjeta por un año cuando se presenten algunos de los siguientes casos: interdicción judicial transitoria (privación de la capacidad de ejercicio de una persona que ha sido sometido a un proceso judicial), incapacidad física o mental o plagio.
Se crearía organismo rector
Tal como lo plantea el autor de la iniciativa, con la ley se crearía un órgano rector que se llamaría Consejo Nacional de Politólogos, donde tendrá asiento el Ministro de Educación, el Ministro del Interior o sus delegados y representantes de los decanos y de egresados de las facultades de Ciencias Políticas privadas y públicas.
Este nuevo organismo será el que expedirá la tarjeta profesional, llevará un registro único nacional, hará un Código de Ética y el proceso sancionatorio, y actuará como un Tribunal de Ética, acreditar en Colombia las asociaciones de politólogo, entre otras funciones.
Este organismo se financiará de la expedición de tarjetas, la cual no superará el medio salario mínimo (unos 280 mil pesos), de las multas, que equivaldrán máximo el medio salario legal vigente, el cobro de la expedición de certificados de antecedentes disciplinarios y erogaciones que obtengan por investigaciones, convenios y donaciones, entre otros.
‘Ley es inoportuna e inconveniente’
Desde el primer momento de conocerse la norma, un sector de la academia ha criticado el proyecto de ley y lo ha catalogado de “inconveniente e inoportuna”.
ELTIEMPO.COM conoció una carta enviada por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana al representante Gutiérrez en la que calificó la iniciativa de “preocupante” y “peligrosa”.
“Preocupa en alto grado querer establecer mecanismos de sanción para el ejercicio de una profesión en la que las posiciones, propuestas y orillas ideológicas que caracterizan el ejercicio que de la profesión hace cada politólogo podría verse amenazada por el uso que eventuales autoridades hagan de su poder sancionatorio”, señalan los académicos.
Y agregan que esta situación podría generar un “peligro al considerar la posibilidad de que actores políticos determinados puedan controlar y regular el ejercicio de unos profesionales que, precisamente, intervienen sobre el cambo de la política (…) lo cual es incluso más preocupante en el contexto de un país caracterizado por una exacerbada polarización ideológica.
Por la misma línea, la Asociación Colombiana de Ciencia Política (Accpol), que reúne a 18 instituciones y organizaciones académicas en el país en esta área, envió otra carta al representante Gutiérrez en la que manifiestan su preocupación por los mecanismos sancionatorios. También señaló que “la regulación de actividades privadas y de profesiones se deben realizar cuando de ellas se desprendan posibilidades de riesgo para la sociedad”.
‘Se está evaluando el tema’
ELTIEMPO.COM se comunicó con el representante Gutiérrez para saber las motivaciones de este proyecto de ley. Al respecto aseguró que unos estudiantes de Ciencias Políticas se le acercaron con la propuesta.
De igual manera, aseguró que se socializó el proyecto en un foro académico en el Congreso, que se llevó a cabo a principios de septiembre, y se hicieron correcciones al proyecto inicial que ya se pusieron a consideración del ponente, el representante Wilson Arias. “Después de la ponencia se dará el primer debate y se decidirá si el proyecto sigue o no. Hacemos normas para beneficiar a las mayorías”, dijo Gutiérrez, del partido de ‘la U’.
Este diario también se comunicó con el despacho del representante Arias, miembro del Polo Democrático. Allí aseguraron que se evalúa el tema y dijeron que hay varias posturas que se han recibido sobre la viabilidad de la iniciativa. Afirmaron que mantendrán reuniones con diferentes sectores y se asistirá a encuentros de politólogos para definir el sentido de la ponencia.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM
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