En su calendario, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ya tiene anotada una fecha, en la que se jugará todo su futuro político. Se trata del martes 18 de diciembre, día en el que la capital del país apostará por un nuevo modelo de recolección de basuras, dirigido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, y que ha desatado una tormenta de opiniones cruzadas sobre su viabilidad y eficacia.
Petro recibe a EL TIEMPO en su despacho privado del Palacio Liévano, y no oculta su molestia con algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Por eso, anuncia que mañana se reunirá con Gina Parody, la alta consejera presidencial para Bogotá y la Región, con el fin de afinar la comunicación y superar cualquier diferencia.
Asimismo, en esta entrevista, conmina a la Fiscalía a destapar la verdad del carrusel de la contratación y a evitar que se silencie el testimonio del polémico contratista Emilio Tapia, pues recuerda que eso fue lo que ocurrió con los primos Nule.
Alcalde, ¿está molesto con el Gobierno Nacional?
Las relaciones van más allá del protocolo y entre dos partes del Estado tienen que ver con realidades. Con el presidente Juan Manuel Santos y varios de sus ministros hemos logrado construir. Falta más en algunos terrenos prioritarios, como la educación. Ahí hay un vacío, al igual que en medio ambiente. Son temas que gozan de orfandad en las relaciones y nos hace falta mejorar la comunicación. Es cuestión de sentarse y hablar. En el tema de transporte nos sentimos poco valorados (luego de la intervención de la Superintendencia del ramo a TransMilenio), porque si algo ha hecho esta Administración es abrir las troncales que estaban atrasadas por los procesos de corrupción en la carrera 10a. y la calle 26. Y no es porque no quiera la vigilancia de los organismos de control, que de hecho la ejercen de manera permanente. Les cuento que en la Alcaldía hay más funcionarios de la Contraloría que nuestros.
¿El nombramiento de Parody ha ayudado en esas relaciones?
Ella está recién posesionada y el inicio siempre es traumático. Me voy a reunir con ella para hablar. Es una funcionaria del presidente Santos y lo respeto. Sin embargo, debe haber un poco más de tranquilidad en asumir los problemas y hay que enfocarse en aquellos donde la Nación interviene y que son difíciles de resolver.
¿Hay un exceso en el papel del Gobierno frente a su Alcaldía?
Creo que hay que ordenar y planificar todo.
Pero la llegada de Parody a la Casa de Nariño sí causó molestia en su equipo cercano...
Es difícil que sea bien recibido el nombramiento de quien fue competidor en la carrera por la Alcaldía. Eso genera un malestar que se puede solventar si se planifica bien la articulación del Gobierno Nacional con el Distrital. Debo decir que a Gina la conozco desde el Congreso y fue una mujer valiente en sus denuncias contra el paramilitarismo.
En medio de ese tire y afloje, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, ha manifestado su preocupación por un rezago en la construcción en la ciudad...
El Ministro está en la mitad del Gobierno y nosotros estamos comenzando, es decir, estamos planificando y él obligatoriamente necesita ejecutar. Mientras Vargas Lleras se ha sesgado con la mirada de las unidades de viviendas gratuitas y ha puesto un número como objetivo (100.000), nosotros estamos trabajando es en hábitat, pues la solución no es la vivienda, sino el entorno que hay que construir. En algunos casos, la vivienda no es una salida, sino un problema. Por ejemplo, mire lo que les ha pasado a los habitantes de Metrovivienda, en Bosa, que viven al lado del río Bogotá. En este tema de vivienda, estoy próximo a presentar la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que permitirá libertad en la altura de los edificios en el centro ampliado. La filosofía será: entre más se construya hacia arriba, más espacio público se debe liberar abajo.
El Ministro también dice que la ciudad podría perder empleos ligados a la construcción...
El gran peligro para el empleo en Bogotá es el Tratado de Libre Comercio (TLC). Aquí no podemos ocultarnos verdades. La ciudad afronta problemas de empleo, no muy grandes, pero a medida que avancen los años eso me preocupa.
¿Por qué?
Analicen lo que ocurre con el tradicional madrugón en San Victorino, la gran feria de la industria de confecciones. Allí llegan miles de señoras que confeccionan y venden. Pero cada vez más se van a encontrar prendas que no son confeccionadas en el país y son más baratas que las que venden las señoras. Es decir, esa actividad en la que se mueven decenas de miles de familias está siendo afectada por el TLC. Bogotá y Bucaramanga serán las ciudades más afectadas por eso.
¿Cómo están sus relaciones con el Concejo?
Han mejorado si se comparan con el primer día, cuando se intentó organizar una oposición. Hoy, en el Concejo existe un drama sobre las circunstancias judiciales que viven algunos de sus miembros. Nosotros sí queremos que las iniciativas de los concejales que sean pertinentes sean aprobadas. Pero hay circunstancias que perjudican la relación y la actual es muy importante porque en estos dos meses se discuten las fuentes de financiación del Plan de Desarrollo y de nada nos servirá la aprobación del Plan, si se le quita su financiación. Es un contrasentido. Estamos hablando de un cupo de endeudamiento y una reforma tributaria. Si no se aprueban, y si queremos financiar algo de infraestructura, tendremos que sacar un decreto que recorta el gasto. Dichos recortes solo los determinaremos dependiendo de la situación.
¿Cuál será la novedad del presupuesto que va a presentar?
Nuestras prioridades están en educación, que crece casi un billón de pesos: de 2,3 billones a 3,1. Queremos financiar 175.000 jóvenes en jornada única de 40 horas semanales y lograr un salto en infraestructura con un criterio que nos diferencia del pasado: no queremos más megacolegios, sino retornar al colegio humano, por llamarlo de alguna manera, que se acerca más a las comunidades. Además, dar un salto en nutrición y llegar a 700.000 raciones de comida diaria. Esto no se medirá a corto plazo, pues estos programas tendrán sus efectos en años posteriores.
¿Qué busca con las prioridades?
Anunciar el año entrante que construimos, por primera vez en Colombia, una renta mínima vital garantizada. Es decir que los más pobres tienen aseguradas las condiciones indispensables para vivir. Ese es un concepto que la izquierda mundial levantó desde Brasil, que viene siendo aplicado en muchas partes del mundo, con esfuerzos priorizados en niños, madres cabeza de familia, víctimas y personas de la tercera edad.Ya avanzamos en el consumo mínimo vital gratuito de agua, y también hay que garantizar un mínimo de salud por fuera de las EPS y dar un subsidio de transporte a la población con Sisbén. Que la gente que camina se suba al bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
¿Y qué proyectos hay para los otros estratos de la población?
Los ricos no viven acá. Los grandes afortunados en Colombia no viven aquí, con algunas excepciones. Tenemos es una clase media alta con problemas económicos en muchas familias. Ese sector no apoya que nosotros prioricemos el presupuesto para disminuir la desigualdad social, que es ejercer la paz. En esos sectores hay un modo de vida de mayor calidad, que se está destruyendo por el uso intensivo del carro particular. Hay que evitar eso.
¿Es consciente de que el próximo 18 de diciembre se juega su pellejo con el nuevo esquema de recolección de aseo, que pasa de manos privadas a la Empresa de Acueducto?
Sí, claro. Incluso podrían estar planificando ya cosas para que ese día no me vaya bien. Desde que ganamos las elecciones, un pequeño grupo -ligado al cartel de la contratación que denuncié- tomó la idea de que había que destruir la opción de nuestro gobierno y no han podido florecer en todo este año. Tenemos políticas arriesgadas, pero no estamos improvisando. Siempre han resultado favorables y las medimos a diario.
¿Garantiza que ese día Bogotá no quedará a un paso de la emergencia sanitaria?
Ya existe esa emergencia. Por esa razón se adjudicaron contratos a dedo para mantener a los operadores privados y ahí sí no había crítica, pese a que ha habido un empeoramiento del servicio. Hay áreas llenas de basuras. Nosotros estamos dando una solución a esa emergencia.
Los privados dicen que la Corte Constitucional sólo exige que no haya libre competencia en el reciclaje, pero que ellos sí pueden entrar a recoger basuras junto al Acueducto...
Por lo menos esta discusión ha permitido que se conozca una sentencia de la Corte que obliga al reciclaje. Pero aquí hay un problema de valoración: reciclar es una forma de aseo y recoger basuras para botarlas en un relleno sanitario también es otra forma. Hoy, todo se ha centrado en recoger basuras y botarlas en el relleno y se nos olvidó el reciclaje. Son modelos mutuamente contradictorios y una ciudad moderna debe reciclar cada vez más. Lo dijo muy bien el gerente de la Empresas Varias de Medellín: la libre competencia no permite el reciclaje. Hoy, no se ha modificado la fórmula de tarifas para el reciclaje y por eso el operador privado maximiza el peso para ir a botar al relleno. Mientras esa fórmula no sea modificada, la libre competencia impide el reciclaje. Entonces, tenemos un modelo de operación pública, que cumple con la sentencia de la Corte, y que no excluye al privado.
¿Es decir?
Podemos subcontratar con los privados, incluso con los actuales, y tenemos todas las herramientas que da la ley.
Ha expresado dudas frente al futuro de las investigaciones por el carrusel de la contratación. ¿Por qué?
Queremos que se sepa toda la verdad y que se recuperen los dineros, pues somos, en representación del Distrito, víctimas en ese proceso.
¿Se está dilatando?
Nosotros les dimos un empujón a esas investigaciones hace dos años. Pero desde ese instante, las estrategias de defensa del cartel se han movido mucho, dentro de la justicia, la sociedad y los medios. Tuvieron un primer éxito e impidieron la confesión de los Nule, y por eso el carrusel nacional no está siendo investigado. Ahora, el que haya surgido Emilio Tapia con la intención de confesar ha generado una nueva reacción y buscan impedir que hable y sobre él llueven muchas presiones. Han sido más fáciles los procesos de paramilitarismo que los del carrusel de la contratación en Bogotá. La conclusión a la que he llegado es que, a diferencia de los paramilitares, que son bandidos de barrio o narcotraficantes, el cartel es del jet set.
¿Usted cree en el fiscal Eduardo Montealegre y en el vicefiscal, Jorge Perdomo, que han estado al frente del tema?
Confío en la justicia. Si vemos que algo anda mal, lo diremos en público. Este es un proceso más difícil que el paramilitarismo.
ERNESTO CORTÉS
YESID LANCHEROS
Redacción de EL TIEMPO
bogota@eltiempo.com
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