Jefatura de Justicia y Paz solicitó ante la Dirección Nacional de Fiscalias y una delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigaciones penales y disciplinarias a notarios de Monteria y Apartado, funcionarios del Incoder, y a Carlos Sotomayor, exrepresentante del Ministerio de Agricultura, por irreguralidades del Fondo Ganadero de Córdoba en la adjudicación de 6.500 hectáreas producto del despojo de tierras a campesinos.
Lo anterior tras declaraciones de Benito Osorio, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien en su cargo entre 1997 y 1998 aprobó compras de 100 a 109 predios del Urabá Antioqueño, en Turbo y Necoclí, que terminaron a nombre del Fondo para promover el paramilitarismo y el despojo de tierras.
La Fiscalía delegada señaló ante la sala de audiencias, que a su vez, Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Castaño, sirvió de intermediaria de las víctimas y el Fondo Ganadero de Córdoba. “Ella como apoderada de las victimas por medio de huellas que no correspondían a los campesinos y otras conductas delictivas apoyo el trámite ante las notarias” indicó la Fiscal.
La administración de estas tierras según indicó la Fiscalía “rechazó las actividades de los campesinos y fue ubicado en un corredor estratégico de los paramilitares, en el que tenían el dominio y seguridad”.
Según investigaciones de la Fiscalía, las hectáreas al momento de la contratación no superaban los 50 mil pesos pese a que estaban por un valor comercial de 300 mil pesos, y se suscribieron en 100 escrituras públicas en las notarias: Tercera de Montería y una de Apartado
Hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado ubicar e individualizar a 60 familias victimas de los despojos, que suman aproximadamente 300 personas.
El exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, señaló ante la sala de audiencias de Justicia y Paz que “en esa región había un interés estratégico por parte de los paramilitares en apoyar al Fondo Ganadero de Córdoba en la compra de estas tierras. Incluso, en esa finca se firmó el acuerdo donde se conformaron las Auc”
Así mismo el abogado del postulado, Jaime Paeres, indicó que “en estos terrenos –tierras compradas por el Fondo Ganadero de Córdoba- había una casa en la que Castaño se refugiaba”
Ante lo anterior, la magistrada solicitó investigar qué congresistas participaron en la modificación de la ley y qué beneficios se obtuvieron con la reforma de la Ley 791 de 2002.
Así mismo, determinar las ocupaciones, modificaciones socioculturales de la zona y el impacto luego del despojo.
REDACCIÓN JUSTICIA
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