Más de la mitad de los 128 municipios ribereños del río Magdalena vierten en él sus aguas servidas, sin ningún tipo de tratamiento.
Al menos nueve de cada diez le arrojan, también directamente, los desechos de los mataderos locales, altamente contaminantes. Y a pesar de que el Magdalena es uno de los ejes del negocio de hidrocarburos en el país (especialmente en la zona de Barrancabermeja), ninguna autoridad ambiental lleva cuenta de los derrames de combustible sobre sus aguas.
Ese es el panorama que muestra un informe de 272 páginas de la Procuraduría, que señala como “extremadamente grave” la desarticulación de esfuerzos oficiales para proteger la principal arteria del país, que tiene influencia directa sobre más de la mitad de los municipios colombianos.
“El Magdalena se ha convertido en un basurero, lo hemos herido de muerte”, dijo el procurador delegado para asuntos ambientales, Óscar Darío Amaya, al entregar el informe el pasado viernes.
La Procuraduría encontró además que el 27 por ciento de los municipios de la cuenca reporta daños en sus plantas de potabilización. A pesar del riesgo evidente, siete de cada diez municipios nunca han realizado estudios para medir la relación entre la calidad del agua y la morbilidad de la población. Solo el 22 por ciento de estos han podido verificar que su población se enferma por la calidad de las aguas del río.
Lo más preocupante, según el informe, es que “la calidad de potabilización y tratamiento de las aguas del Magdalena es muy baja (...) Evidentemente, su consumo, sin el tratamiento adecuado, aumenta el riesgo de los habitantes de afectar su vida y su salud”.
La alarma es mucho mayor teniendo en cuenta que, según la Procuraduría, 63 por ciento de los municipios de la cuenca no tienen un plan de manejo para los mataderos y que solo 25 por ciento de estos empezaron a crear plantas de sacrificio.
Además, el río recibe otro tipo de contaminación: los derrames de petróleo. Sin embargo, la poca información existente sobre el tema hace que exista un 85 por ciento de probabilidad de que las autoridades no sepan cómo enfrentar una posible emergencia ambiental.
Minería y corrupción
La minería se suma a los ingredientes contaminantes. Aunque esta actividad, que se concentra en la búsqueda de oro de aluvión, es intensa en toda la cuenca, apenas el 15 por ciento de las explotaciones tienen control. Es un hueco negro gravísimo, pues el uso de mercurio y cianuro envenena al río, sobre todo en zonas como el sur de Bolívar.
Sobre la contaminación del suelo, generada por el inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, la Procuraduría advierte que en los municipios cercanos al Magdalena el sistema de barrido de calles no se hace en más de la mitad.
En cuanto a la existencia de grupos ilegales en los municipios de la cuenca del Magdalena, en 86 de estos hay guerrilla; en 35, autodefensas; en 72, pandillas y en 49, bandas criminales.
Sin embargo, el Ministerio Público cuestionó que las alcaldías de 25 municipios desconocen si en sus jurisdicciones hay algún grupo al margen de la ley.
En materia de corrupción, las mayores sanciones a dirigentes de municipios ribereños fueron por irregularidades administrativas en el 29 por ciento de los casos, mientras que por líos contractuales fueron 17 por ciento.
REDACCIÓN JUSTICIA
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