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A través de un comunicado, Joaquín Mario Valencia Trujillo, conocido como el ‘Caballista’, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que desde este viernes primero de noviembre iniciará una huelga de hambre para pedirle al gobierno colombiano "tomar acciones decididas y efectivas”, tras una solicitud que le hizo al gobierno de Estados Unidos para que anule el juicio y la condena de 40 años en su contra.

“Pido un nuevo juicio en el que me respeten los derechos con los que me ampara la constitución”, escribió en una carta, que envió al presidente Juan Manuel Santos.

Según los abogados de Valencia, para su extradición la Corte Suprema de Justicia “interpuso especiales condicionamientos”, que fueron aceptados por el gobierno estadounidense, pero que posteriormente “no fueron respetados por la Fiscalía de Estados Unidos cuando lo acusó ante la Corte del Distrito Medio de Florida”.

Según el ‘narco’, esa acusación de la Fiscalía estadounidense contuvo hechos diferentes a los que tenía el documento inicial en su contra, por los que fue condenado y, según dice Valencia, no fueron los que inicialmente acordó la Corte Colombiana. Esto, en razón de que “la Corte se apartó del compromiso entre los poderes ejecutivos, alegando que en Estados Unidos hay independencia absoluta de poderes”, dijo la defensa.

“El jurado recibió instrucciones de la Fiscalía para encontrarlo y declararlo culpable, sobre un diferente documento de acusación conteniendo diversos hechos, violaciones evidentes a los condicionamientos interpuestos por Colombia, aceptados por los Estados Unidos e igualmente violatorios a la Regla de la Especialidad”, alega Valencia.

Alias el ‘Caballista’, que en el 2004 pasó de los clubes más elegantes de Cali y Bogotá a una celda en Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico en el 2006. Y ese mismo año, el consulado en Miami advirtió a la Cancillería que el fallo incluyó dos cargos anteriores al 97 que además no figuraban en el ‘indictment’ (la acusación) que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia y el mismo Gobierno.

A pesar de todas las quejas, entre ellas una de la Corte Suprema en Colombia, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia. La discusión lleva ya más de seis años y hasta ahora EE. UU. se dice en que la condena no violó los acuerdos y, en todo caso, que el Ejecutivo no puede imponerse sobre los jueces, por la independencia de poderes.

REDACCIÓN JUSTICIA