Las alarmantes cifras de crecimiento de menores involucrados en delitos, que van desde el tráfico de drogas hasta atroces homicidos, prenden las alarmas de las autoridades en las principales ciudades del país.
En lo que va del 2013, en Bogotá ya se ha capturado a más menores infractores que en todo el año pasado. La cifra va en 5.896 en octubre, frente a 5.687 en los 12 meses del 2012.
En Barranquilla, las capturas también se han disparado. La subintendente Jeimy Vargas, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía local, manifestó que en lo que va del año han sido retenidos 1.073 menores, mientras que en 2012 esa cifra finalizó en 811. (Lea aquí: Chinche y Jota, dos menores capturados varias veces por delinquir)
“Notamos el incremento, pero ocurre que en muchos de los casos hay niños que son reincidentes y son ingresados varias veces”, explica la oficial
En Cali, donde cada mes la Policía detiene a 200 menores por porte ilegal de armas, venta de estupefacientes, hurtos agravados y calificados, y homicidios, las cifras también suben. El año pasado fueron a parar a los centros de rehabilitación Valle de Lili y El Buen Pastor 590 menores, y este año ya van 622 (de 1.500 capturados en flagrancia).
La situación llega a tal punto que estos dos centros no dan abasto con la cantidad de menores infractores, por lo que se está buscando la construcción de un tercer centro, pero los municipios vecinos se han negado a recibirlos.
A esto se suma que los centros existentes tienen graves problemas de seguridad y los menores se fugan constantemente, como ocurrió el jueves en la noche, cuando se escaparon 23 del centro Valle de Lili.
Medellín no se escapa a la tendencia. En lo corrido del año van 4.288 menores aprehendidos (2.166 por orden judicial), mientras que en el 2012 fueron detenidos 4.122.
Aunque en las ciudades la mayoría de capturas de menores tiene que ver con tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y robos, llaman la atención los casos de homicidios en los que se han visto involucrados menores, por su grado de crueldad.
Casos atroces
En Bogotá hay dos menores, un joven y una niña, señalados de haber realizado un acuerdo para matar, en agosto, a un niño mariachi, de 14 años, al que le propinaron más de 15 puñaladas.
A casos como este se suma el descubierto en Medellín en febrero en la comuna 13, donde dos jóvenes, de 16 años, participaron, con tres adultos, en el descuartizamiento de dos niños de 11 años. Los niños fueron ‘acusados’ de traspasar las llamadas ‘fronteras invisibles’, de un barrio a otro.
Pese a que la Policía tenía indicios de que en el hecho además había participado un menor de 13 años, no pudieron corroborarlo, por lo que este pasó a un hogar de protección, mientras que los otros dos fueron enviados a un centro de reclusión para menores, donde estarán hasta que sean mayores.
Sumado al aumento de capturas, también viene en ascenso el aumento del número de menores que reinciden en conductas delictivas, que está en el 20,9 por ciento (hace dos años era del 18 por ciento).
La mayoría de los menores que capturan las autoridades, sin embargo, no terminan judicializados, a juzgar por un reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Actualmente hay 8.000 menores con problemas con la ley atendidos por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y unos 3.000 permanecen privados de la libertad (la sanción máxima que pueden recibir es de ocho años de cárcel).
Penas hasta de 8 años
Las bajas penas que reciben generan debate. “En los últimos años se ha visto cómo, justamente por la penalización baja, hay una manipulación de la delincuencia organizada a estos menores, para cometer delitos y que tengan penas atenuadas”, afirma la antropóloga Myriam Jimeno Santoyo, directora del grupo de investigación en Conflicto Social y Violencia de la Universidad Nacional.
Adriana González, subdirectora del ICBF, señaló que la postura del instituto “no va encaminada al endurecimiento de penas; esa no es la visión, porque eso no me soluciona los problemas estructurales”.
Y reclamó apoyo de las secretarías de Educación para fortalecer los procesos de formación de los menores infractores.
González recalcó que existe en los menores un grave problema de adicción.
“Casi el 41 por ciento de los que ingresan al sistema, sobre todo los de privación de libertad, tienen consumo de sustancias psicoactivas. Hay actores que se deben sumar para estructurar mucho más fuerte este proceso y que podamos cumplir la finalidad de la justicia restaurativa del sistema”, aseguró.
REDACCIÓN NACIÓN Y BOGOTÁ
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