En promedio, en Colombia se abren 41 procesos diarios que buscan establecer el padre de un menor de edad. Esos son los cálculos que hacen las defensorías de familia del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y los juzgados de familia, luego de identificar el número de niños que en los últimos tres años no han sido reconocidos por uno de sus progenitores.
Los procesos, que suman cerca de 1.200 al mes, se dan en más del 90 por ciento contra hombres, que son objeto de investigaciones de paternidad que empiezan con una denuncia y que terminan, luego de un largo proceso, en un fallo que otorga un apellido y una liquidación económica sobre los deberes del padre y derechos del menor, entre los que prima el de la identidad.
En total, desde el 2011, en los juzgados de familia del país hay por lo menos 44.913 procesos que han sido abiertos por defensores de familia. El preocupante fenómeno social, en el que la justicia lleva investigaciones de niños que cumplen la mayoría de edad sin que se resuelva su paternidad, compromete a padres y madres que, según el Instituto, no actúan con responsabilidad al momento de tener un hijo.
Para Camilo Domínguez, director de Protección del ICBF, si bien los procesos pueden ser más rápidos, ese no es el problema de fondo, porque “lo que es más grave es que las madres estén decidiendo que sus hijos crezcan sin padre”.
Solo este año, el número de menores que no fueron reconocidos se duplicó, al pasar de 7.597 en el 2012 a 15.911 hasta el 30 de septiembre del 2013. Estas cifras corresponden a las actas que notarios, cónsules y registradores realizaron solo con el apellido de la madre del menor. (Lea también: Juzgados llevan casos por paternidad de más de 10 años sin fallo).
Más allá de que haya una denuncia, los registros civiles terminan en los despachos de los defensores de familia que citan a interrogatorios a los padres y, con las versiones, inician los procesos.
Los casos de este año representan el 10 por ciento de menores registrados en Colombia y corresponden a investigaciones que se abren cuando las “madres solteras” denuncian que ellos se niegan a reconocer al menor. Las cifras, para el director de Protección del ICBF, representan “un alto porcentaje” de mujeres que están registrando a sus hijos sin apellidos del padre. En Colombia, este año van 145.000 madres que tomaron la decisión de registrarlos solas, mientras que en el 2012 el dato fue de 67.468.
El trámite
Domínguez agrega que “es alarmante” que, en un 33 por ciento, el hombre a quien la madre señala como padre de su hijo no lo sea. “Para la institución eso puede mostrar la intención de comprometer a quien no es el papá, o que la sexualidad de la mujer no es lo suficientemente clara para identificarlo plenamente”, dice. “La mayoría de mamás llegan diciendo que el hijo fue fruto de una ‘noche de copas’ o de una relación pasajera, pero que están seguras de que la persona que están denunciando es el padre”, dice Luz Dory Meléndez, una de las 1.115 defensores de familia que hay en el país y quien recibe a diario en Bogotá a madres que acuden a los juzgados de familia ubicados en el centro de la ciudad.
Aunque esos centros están desplegados en casi todos los municipios del país, el corazón de los procesos está en la capital, que es la que más lleva casos.
“Lo primero que se documenta en el expediente es la entrevista con la mamá, en la que se le pregunta detalles de la relación con quien señala como padre, si tiene contacto con él y si tiene testigo de la relación. Con esto se inicia la demanda”, agrega Meléndez.
La primera etapa judicial, según los defensores, termina luego de una intensa y compleja ubicación de domicilio del padre señalado, porque en la mayoría de casos las mujeres no logran tener direcciones de las personas que demandan.
Con la notificación, el demandado asiste a la citación, y en ella puede reconocer al niño. Si lo hace, el defensor puede ordenar el registro del nuevo nombre solo con la firma de un acta.
Pero si esto no ocurre, el trámite que sigue es la realización de una prueba ADN para demostrar científicamente el parentesco.
“La mayoría reconoce la relación, pero el tema se complica cuando nosotros pedimos a la Policía trasladar a Medicina Legal al demandado y no se deja hacer la prueba”, dice la defensora, que agrega que una persona no está obligada a dejarse sacar sangre, lo que hace más difícil el proceso.
Cuando una mamá quiere conocer la filiación o pasa una demanda de paternidad, el ICBF los remite a un juez, que ordena la prueba, que es financiada por el Instituto. Este año se han hecho 2.586 pruebas, de las cuales 317 han sido en Antioquia, el departamento donde más se han efectuado este tipo de procedimientos.
Buscan sensibilizar a la Fuerza Pública
Los defensores de familia consultados por este diario coinciden en afirmar que la gran mayoría –cerca de un 60 por ciento– de procesos por paternidad vinculan a miembros de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa, que analizó la situación en general de los derechos sexuales y reproductivos y el respeto por los derechos de los niños, lanzó hace un año el plan Avanzada, que incluye una serie de recomendaciones para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, evitar la promiscuidad y no visitar prostíbulos.
En este momento, en las escuelas de formación de uniformados está trabajando un equipo de psicólogos y expertos para lograr la sensibilización en temas como la violencia sexual, los derechos de las mujeres, adolescentes y niños, etc. El objetivo del Ministerio es que los uniformados participen de forma voluntaria en las campañas, para evitar relaciones irresponsables.
REDACCIÓN JUSTICIA
Fuente