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La controversia por la Ley de Patrimonio Sumergido, que surgió durante su discusión en el Congreso, se trasladó a la Corte Constitucional.

Un grupo de abogados de la Universidad de los Andes demandó el reglamento de la ley y pide declarar inexequibles los numerales 1 y 2 del artículo 3 de esta norma.

Los demandantes, entre los que se encuentran los abogados Juan Manuel Santos Arango, Federico Lewin Pinzón y Camilo Valdivieso, dicen que la ley viola la Constitución cuando establece que se pueden vender las piezas que se hallen en el fondo del mar y estén repetidas.

“El criterio de que algo no es patrimonio porque está repetido es como decir que si en San Agustín aparece una estatua y está repetida, entonces se puede vender”, dijo Santos Arango, uno de los demandantes. La demanda está en manos del magistrado Alberto Rojas.

La ley, promovida por el Ministerio de Cultura y el Instituto de Antropología e Historia (Icanh), regula la exploración, rescate y explotación de los objetos hallados en los naufragios ubicados en mares colombianos.

Fue rechazada desde el comienzo por un grupo de académicos y arqueólogos, que la consideran permisiva con los cazatesoros, y la Procuraduría advirtió que “tiene vicios de inconstitucionalidad”. Ya había sido demandada sin éxito tres veces.

La semana pasada, tras la polémica por el fallido traslado de piezas de San Agustín a una muestra en Bogotá, la ley fue criticada por arqueólogos como María Victoria Uribe, exdirectora del Icanh.

REDACCIÓN POLÍTICA