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En Washington es un secreto a gritos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ya se decidió a favor de las medidas cautelares en favor del alcalde Gustavo Petro y que están esperando el momento oportuno para hacerlas públicas.

Ese momento podría llegar esta semana si, como todo lo indica, el Consejo de Estado tumba el último grupo de tutelas que aún impide la ejecución de la sanción de destitución e inhabilidad de 15 años contra Petro. (Lea también: Consejo de Estado ratificó decisión en contra de Gustavo Petro).

Aunque podría buscar una medida cautelar en una demanda administrativa, los abogados del Alcalde aseguran que su opción 1A es el Sistema Interamericano.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL TIEMPO, al menos 5 de los 7 comisionados ya dieron su visto bueno a la petición, y solo se requiere una mayoría simple. En la decisión, la CIDH le pediría al Estado colombiano que suspenda el proceso de destitución hasta que el caso sea analizado de fondo por ella misma y luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese proceso podría tardar más de dos años. (A Petro solo le queda una de las tres barreras que puso para no irse)

¿Qué argumentaría? En primer lugar, que la decisión del Procurador estaría en contravía del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia hace parte, y que dice que los funcionarios de elección popular solo pueden salir por condena de un juez y en el marco de un proceso penal.

Así mismo, la CIDH diría que con la decisión se estaría cometiendo un daño irreparable contra Petro y los ciudadanos que lo eligieron. Igualmente, que Petro no habría contado con las garantías de un debido proceso, pues no existe segunda instancia en el juicio disciplinario diferente a la misma Procuraduría que lo investigó y sancionó.

La decisión, como en su momento informó este diario, está tomada desde enero, pero fue puesta en remojo luego que el Tribunal de Cundinamarca aceptó la cascada de tutelas contra la destitución y que ahora están a punto de caerse en el Consejo de Estado. Desde entonces, la Comisión ha estado monitoreando el proceso jurídico en Colombia, más por prudencia que porque haya cambiado de parecer.

En todo caso, una vez se produzca ese hecho, el balón quedará en la cancha del presidente Juan Manuel Santos, quien deberá decidir si ejecuta la medida de la Procuraduría o atiende lo que dicte la Comisión.

No es una cuestión sencilla, pues la Procuraduría lleva décadas sancionando alcaldes y gobernadores en un proceso que, en la legislación colombiana, contempla todas las garantías del debido proceso. Además, las medidas cautelares sobre derechos políticos (no sobre la vida y la integridad) son una variedad casi inédita que generaría duras resistencias en todos los gobiernos de la región.

Lo más probable, dicen los entendidos, es que ante el conflicto, Santos pida un concepto al Consejo de Estado. Si el concepto se alinea con lo que han dicho ya otros órganos judiciales del país –que las funciones de la Procuraduría cubren a todos los funcionarios públicos–, el pedido sería rechazado.

En todo caso, incluso si le funcionan las medidas cautelares, Petro sigue teniendo en vilo su cargo. Las encuestas sobre la revocatoria de su mandato, prevista para el 6 de abril, evidencian que la intención de voto está pasando el umbral del 55 por ciento y que la mayoría se inclinaría por su salida.

Demanda ante Tribunal es la otra posibilidad

1. ¿Por qué negaron las tutelas?

La clave, la del propio Petro, fue negada por el Consejo de Estado porque existen otros mecanismos para que ataque jurídicamente la decisión de destituirlo: una demanda administrativa contra el fallo.

2. ¿Podría frenar la destitución?

Sí. La demanda contra la destitución, que debería interpornerse ante el Tribunal Superior de Cundinamarca (que ya le concedió varias tutelas), puede dar lugar a medidas cautelares mientras hay un fallo de fondo.

3. ¿Lo va a intentar?

Hasta ahora, la defensa del alcalde Petro ha negado que esté pensando en esa vía. Pero también había dicho que no apelaría la tutela que le negó una sala del Tribunal de Cundinamarca, y sin embargo lo hizo.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington