La semana pasada, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reveló que habría nuevas modificaciones al pico y placa encaminadas a ampliar la restricción. En esta oportunidad los afectados serían los vehículos particulares que tengan más de 15 años de uso, a los que se les prohibiría circular durante todo el día.
La noticia cayó como un baldado de agua fría sobre los cerca de 600 mil propietarios de vehículos que ruedan por Bogotá a quienes cobijaría la medida por la edad de sus carros.
“La rotación de las placas sería la misma y los horarios para los carros más nuevos se mantendría tal y como está hoy”, aseguró el secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, quien agregó que “es una implementación que vimos en Ciudad de México. Estamos revisando a cuántos vehículos afectaría y si es aplicable”.
Aunque Rodríguez aseguró que es una decisión que se está evaluando, por ahora es difícil saber a ciencia cierta cómo se aplicarían los controles, con base en qué estudios se adoptará y a partir de qué fecha, lo cual para muchos es una muestra de improvisación.
Además, la propuesta es dar marcha atrás a lo que ha venido anunciando esta administración en el sentido de desmontar el pico y placa, porque lo que se ve en la práctica es que va aumentar la restricción para algunos carros. En contraposición, mientras se sigue afectando a los automóviles particulares con la restricción, lo que muestra la realidad es que la medida se agotó como solución.
Prueba de ello es que ni con la salida de circulación de la mitad del parque automotor, como ocurre en la actualidad, Bogotá continúa atorada en las horas pico.
Esto lo que vuelve a probar es que quienes estuvieron al mando de los destinos de Bogotá no tuvieron la visión, no de construir las superautopistas que hoy todavía objetan, pero sí unas vías acordes con el desarrollo de una capital como Bogotá por la que pasa gran parte de la economía colombiana. A esto hay que agregar el eterno problema de los huecos y la poca ejecución de las alcaldías locales para mejorar la malla vial que les corresponde (ver recuadro).
Ahora, imponer restricción a los carros con más de 15 años de uso resultaría en una medida discriminatoria pues tanto estos como los de modelos más recientes pagan impuestos, derechos de semaforización, más todos los gravámenes de la gasolina, con cuya sobretasa el dueño del carro particular contribuye en buena parte a financiar la construcción de vías del transporte masivo como Transmilenio.
En segundo lugar, esta decisión deja en entredicho la revisión técnico mecánica y de gases, pues ese requisito es obligatorio y la prueba tiene parámetros para este tipo de vehículos que bien calibrados y sincronizados cumplen con las normas mínimas de emisión de gases contaminantes (ver recuadro).
Por último, queda el eterno problema de las personas que viven de su carro y que en su mayoría los utilizan para mover pequeños negocios familiares en sus barrios como lavanderías y otros servicios a domicilio, y se mueven solamente en esas localidades. ¿Vale la pena tomar este tipo de medidas?
La revisión técnico mecánica
Según el decreto Ley 019 de 2012, la revisión técnico mecánica para vehículos con más de seis años de uso debe hacerse cada año. En esta prueba se examinan las condiciones físicas, mecánicas y de emisión de gases. Para estos últimos existen parámetros técnicos tanto para vehículos de carburador como de inyección electrónica. Los carros deben cumplir con unos estándares básicos de emisión de gases.
La primera prueba técnica es un diagnóstico rápido del sistema de dirección, luego se revisan los sistemas de suspensión, si hay fugas de aceite, gasolina o refrigerante. Se examinan las articulaciones del vehículo (bujes, rótulas, tijeras, terminales), los frenos y la transmisión.
Se hace una inspección visual que incluye el estado de la carrocería, del sistema de luces (direccionales, luces de parada, de reversa, faros (luz media y plena), de parqueo y el estado de las llantas).
Se hace la prueba de amortiguadores y suspensión y se revisan las revoluciones del motor y su temperatura. Por último, la más exigente, la prueba de emisión de gases contaminantes.
El eterno problema de las calles en mal estado
El 58 por ciento de la malla vial local está en mal estado; el 23,8 por ciento regular y tan sólo el 17,9 por ciento en buen estado. Pero ese no es el mayor problema. Esta semana, la Contraloría de Bogotá denunció la “pésima” ejecución de presupuesto de la Unidad de Mantenimiento Vial, encargada del mantenimiento de la malla vial local.
Esto significa que, a pesar de contar con los recursos para aliviar parte del problema, estos no se están utilizando. Por eso el Contralor sostiene que hay una ineficiente ejecución del presupuesto y pésima intervención a la malla vial local de la ciudad.
Según el contralor Ardila, recursos por más de 167.000 millones de pesos que pertenecían a los Fondos de Desarrollo Local (FDL) para arreglo de la malla vial, no se ejecutaron en el 2012 por lo que el estado de las vías continúa deteriorándose.
En el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, que tiene a su cargo el arreglo de las vías principales y arteriales, la situación es parecida a la de la UMV: de 760 mil 787 millones, la ejecución a 30 de octubre es de 243 mil millones de pesos, sólo se ha ejecutado 32 por ciento.
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