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El magistrado del Consejo de Estado Guillermo Vargas Ayala, que esta semana presentó una ponencia que suspende la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tiene estrechas relaciones con la familia del exgerente del Acueducto de Bogotá (EAB) Diego Bravo Borda, protagonista de la crisis de las basuras de 2012 que originó la sanción contra el mandatario.

Vargas Ayala trabajó durante 15 años (de 1995 a 2010) como asesor jurídico de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas (Asinfar), gremio presidido desde hace 24 años por Alberto Bravo Borda, hermano del exgerente de la EAB.

El magistrado conoció a Alberto en los pasillos de la Universidad Externado de Colombia, donde ambos se graduaron como estudiantes de Derecho en 1975, e incluso ambas familias han mantenido vínculos cercanos, pues los papás de los entonces jóvenes estudiantes de leyes (los exmagistrados Gonzalo Vargas Rubiano y Luis Alberto Bravo) tenían una amistad desde ese entonces.

Luego de que al magistrado le correspondió por reparto el estudio del caso Petro en el Consejo de Estado, “decidimos que no volveríamos a hablar por teléfono, ni a vernos, ni nada (…) para evitar que esto que usted me está contando fuera a trascender”, le dijo Alberto a EL TIEMPO, el pasado viernes.

Él señaló que su hermano Diego no tiene ninguna relación con el magistrado que presentó la ponencia que favorece a Petro, y que es estudiada por el tribunal. “No creo que tengan trato, el magistrado es amigo mío. Y a mi hermano lo conoce es por ser mi hermano. No puedo dar fe si ellos se ven en la calle y se saludan como debiera”, explicó Alberto.

Sobre un posible impedimento ético del magistrado, teniendo en cuenta esta relación con los Bravo Borda y el papel que cumplió Diego en la Alcaldía y en la puesta en marcha del esquema de basuras, Alberto señaló que “no existe por ningún motivo”.

La respuesta de Vargas

Tras ser consultado por este diario, el magistrado Vargas Ayala reconoció una “amistad íntima” con Alberto Bravo Borda y dijo que es “conocido” de su hermano Diego, hechos desconocidos hasta ahora. El magistrado afirmó que no ha tenido relaciones comerciales con Diego y que “hace rato” no lo ve.

“El proceso es contra Petro y no contra Diego Bravo. De haber algún impedimento sería con respecto a Alberto Bravo y no con Diego Bravo”, le dijo el magistrado a este diario, en una respuesta enviada por escrito.

Así mismo, explicó las ocasiones en que se ha declarado impedido por cuenta de su paso por el gremio de las farmacéuticas, que dirige su amigo Alberto.

“Me he declarado impedido en varios casos, pero no por amistad íntima con Alberto Bravo, sino por el hecho de que algún laboratorio interesado en un proceso esté vinculado a Asinfar”.

Abogados consultados señalaron que el fallo que emita el Consejo de Estado en los próximos días en el caso Petro tendrá una incidencia directa en el de Diego Bravo, pues ambos fueron investigados y destituidos e inhabilitados por la Procuraduría por los mismos hechos: el nuevo esquema de recolección de las basuras, vigente desde el 18 de diciembre del 2012.

Hay otro antecedente

No es la primera vez que personas que toman decisiones clave en el caso Petro en la justicia resultan tener vínculos con el entorno del exgerente del Acueducto.

El magistrado José María Armenta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –quien ordenó suspender la destitución de Petro en enero– quedó envuelto en un escándalo porque se comprobó que su esposa, Cecilia Calderón Jiménez, fue nombrada como jefe de activos fijos de la EAB, en el 2012, por orden directa de Diego Bravo.

Armenta, además, fue visto almorzando el pasado 12 de febrero con su colega Cerveleón Padilla Linares y el secretario general del Acueducto, William Morales, un hombre de confianza del exgerente Bravo en la empresa de Acueducto e investigado en la actualidad por enriquecimiento ilícito, tal como lo reveló Noticias Uno.

‘Mi hermano se oponía’
Hermano de Diego Bravo habla del modelo de aseo

Alberto Bravo Borda dice que su hermano Diego, exgerente del Acueducto, no estaba de acuerdo con el modelo de aseo. “Como lo supimos en su familia, mi hermano se oponía a eso, él no le renunció a tiempo a este señor (el alcalde Petro). Le decíamos: renuncie, usted no tiene por qué meterse en eso y él no renunció, ese fue su error”, contó Alberto.

Por otra parte, cuatro magistrados del Consejo de Estado se habían declarado impedidos para pronunciarse frente a la destitución del Alcalde, pues dijeron tener familiares trabajando en la Procuraduría y en la Alcaldía.

Pero esos impedimentos fueron negados por el tribunal y los magistrados estudian hoy el caso del mandatario.

YESID LANCHEROS
Redactor de EL TIEMPO
yeslan@eltiempo.com