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Todo comenzó en abril del 2013. Los días de estudio se convirtieron en un miedo constante para Felipe*. Cada vez que veía a los lejos a un grupo de jóvenes de su colegio se ponía pálido y trataba, infructuosamente, de desviar su camino.

Él tiene 14 años, estudia en un colegio de Kennedy y comenzó a ser intimidado por sus propios compañeros. “Hay una pandilla. Un día comenzaron a insultarme, me golpearon y me robaron el celular sin ningún motivo”, contó el estudiante.

Este adolescente sufrió durante dos meses de un acoso que lo llevó al desespero, sobre todo porque le hicieron una propuesta a cambio de que cesara el hostigamiento. “Me dijeron que todo terminaría si me unía a ellos. A cambio de eso tendría seguridad y dinero”, explicó. (Lea también: Secretaría de Educación revela peligrosidad en entornos escolares).

Luego vino la exigencia más inesperada. “Me dijeron que tenía que viajar con ellos al llano durante un fin de semana para aprender de armas”, dijo.

La negativa del joven empeoró las cosas; ahora lo esperaban a la salida del colegio para golpearlo con más fuerza. El acoso se hizo tan frecuente y tan humillante que él terminó por cortarse el brazo izquierdo, de la desesperación. “Como yo vivo cerca del colegio, saben dónde encontrarme”, afirmó.

De este mismo tipo de hostigamiento, según Felipe, han sido víctimas otros seis alumnos del mismo colegio que han sido intimidados con armas blancas y de fuego. “Mis calificaciones bajaron. No tengo vida social”, dijo el joven, que acepta que no tuvo la suficiente confianza para contarles a sus padres.

Esta amenaza contra estudiantes de colegios públicos se hizo evidente en un estudio liderado por la Fundación Stop Bullying Colombia, que, en cabeza de Ricardo Ruidíaz, se realizó en el 2013 y que además de varios descubrimientos le costó amenazas de muerte. “Comenzaron cuando denuncié que jóvenes de colegios públicos estaban siendo presionados para hacer parte de bandas y pandillas dedicadas a negocios ilícitos”.

Ellos efectuaron 5.500 encuestas virtuales, personales y telefónicas sobre acoso escolar ese año. “Fue la única forma de obtener información, porque nuestro primer gran obstáculo fueron los rectores”, declaró.

En Bogotá hallaron el mayor número de ofensores y de víctimas de acoso escolar. “Los jóvenes agreden a otros, sobre todo por ser homosexuales, barristas de un equipo contrario, negros, indígenas, o ser desplazados”, explicó Ruidíaz.

No obstante, la mayor preocupación que se deriva de este estudio es que se documentaron ocho casos en diferentes localidades, en donde las denuncias fueron más allá del acoso. “Los jóvenes nos dijeron que están siendo reclutados por bandas y pandillas de barrio para inducirlos al negocio del microtráfico, al tráfico de armas y al sicariato. Las entidades distritales lo saben, las directivas de los colegios también, pero no lo dicen por miedo a represalias”, dijo Ruidíaz.

Según el investigador, detrás de este fenómeno está, sin duda, el negocio del microtráfico, cuya operación se ha trasladado a las principales ciudades del país. “Las localidades más críticas son Usme, en donde se ha detectado la presencia de milicias de las Farc; Ciudad Bolívar, en donde bandas criminales, milicias y delincuencia común se disputan el dominio del territorio, y otras localidades, como Kennedy, Bosa y Suba. En esta última, sabemos que los jóvenes están haciendo patrullaje. También tenemos pistas de Engativá, Puente Aranda y San Cristóbal”, dijo Ruidíaz.

Para Stop Bullying Colombia lo más preocupante es que los jóvenes que aseguraron ser víctimas de hostigamientos fueron objeto de golpes y extorsiones. “Ejercen una presión tan grande que pierden hasta su calidad de sueño. Le hacen todo un seguimiento al estudiante, hasta que con excusas de viajes o convivencias de colegio se los llevan a otras regiones los fines de semana para que los padres no sospechen”, dijo.

Toda esta investigación le costó a Ruidíaz ser amenazado, situación que ya es conocido por todas las autoridades, que determinaron que su nivel de riesgo es “extraordinario”. “Recibí llamadas telefónicas, persecuciones, abordajes directos de sicarios, entre otras amenazas”, reveló el investigador, que trabaja con un equipo de 10 personas y 60 voluntarios, que mostraron los resultados, incluso, a la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

Hoy, Felipe, casi dos meses después de dar su testimonio a este medio, tuvo que dejar su colegio tras recibir una puñalada por negarse, con otros dos jóvenes, a dispararle a un comerciante en el barrio Potosí. Según Ruidíaz, el adolescente tuvo que salir de la ciudad.

¿Qué dice la Policía?

El coronel Wilmar Chavarro, jefe de área de la Policía de Infancia y Adolescencia, dijo que hay identificadas 37 estructuras de jóvenes que operan en diferentes barrios, y que ahora se adelanta una clasificación para determinar cuáles están relacionadas con actividades delictivas como el microtráfico o el sicariato y cuántas están focalizando su actuar en los alrededores de los colegios públicos.

“No podemos juzgarlos a todos. Algunos simplemente se agrupan por aficiones al fútbol, ideologías o una cultura urbana”, explicó Chavarro.

Como resultado de la investigación, el trabajo se está priorizando en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa y Usaquén, pero la gran falencia para la Policía es la ausencia de denuncia. “La captación es un delito silencioso. El 99 % de los jóvenes no cuenta nada porque reciben beneficios económicos, droga o los intimidan. La presión es sistemática. Hay violencia escolar”, agregó.

La Policía acepta la presión social en contra de la población adolescente e infantil. “Captan niños cada vez más pequeños. Los usan para transportar drogas, como informantes, luego los drogan y luego la adicción los vuelve delincuentes”.

CAROL MALAVER
Redactora de EL TIEMPO
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