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Un informante y dos contadoras colaboran con la Dijín. Evalúan revisar caso de Néstor Díaz, ex jefe de la entidad, por un supuesto pago para no ser investigado.

Andrea Bottina Montero y Diana Marcela Ramos, dos jóvenes contadoras bogotanas, entraron en pánico cuando investigadores de la Dijín llegaron a sus casas, hace cerca de un mes (Vea acá: La mafia infiltró a la Registraduría).

Los detectives les notificaron que decenas de reclamaciones de devolución del IVA -que resultaron ser falsas- llevaban las firmas digitales que ellas habían registrado, y les advirtieron que estaban inmersas en un monumental fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que podía ponerlas tras las rejas.

Ambas negaron los señalamientos, pero luego admitieron haber trabajado durante meses para una mujer a la que identificaron como Jazmín Becerra, de quien dieron ubicación y teléfonos, que de inmediato fueron interceptados (Vea acá: Prevención, la herramienta más efectiva: Transparencia por Colombia).

Esa fue la primera pista concreta que se tuvo de la ex supernumeraria de la Dian a quien las autoridades señalan como una de las cabezas de la mafia de corrupción que el Gobierno destapó esta semana.

"Hay que destruir esos papeles. Hay que destruir todo eso", se escucha en una de las conversaciones interceptadas a Becerra, quien fue aprehendida en la madrugada del jueves (Vea acá: El Estado trabaja en un bloque de búsqueda contra los corruptos).

Según la Fiscalía, esta mujer coordinó -durante años- el robo de información fiscal de compañías inactivas y el montaje de empresas de papel para realizar exportaciones ficticias de chatarra, textiles y cuero, con el fin de reclamar las respectivas devoluciones del IVA. También hay firmas activas vinculadas a miembros de esta red -que se han presentado a licitaciones de la Dian y los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores-, cuya legalidad se verifica (Vea acá el especial multimedia Así operaba la mafia que saqueó a la Dian y se robó un billón de pesos).

Mediante ese mecanismo, esta mafia se apropió de cerca de un billón de pesos, que terminó invertido en caballos de paso, haciendas, carros y finca raíz. La Contraloría rastrea incluso bienes en el exterior.

La investigación -de la que el presidente, Juan Manuel Santos, estuvo al tanto desde principios de año- tomó fuerza a mediados de abril, cuando la Dian puso a disposición de la Dijín a un informante que entregó piezas claves. Según él, parte del dinero que se le robó al fisco pasó por las manos de un corredor de bolsa.

El hombre también dijo que Becerra no actuaba sola y que un ex funcionario -de alto nivel- de la Dian fue quien se ideó todo el andamiaje ilegal para el saqueo de los tributos.

Las autoridades ya saben de quién se trata y están espulgando su fortuna, incluida una finca cerca de Tenjo (Cundinamarca), comprada en efectivo recientemente, y otra en Ibagué (Tolima), que registró por 400 millones de pesos, pero que vale más de mil millones.

Un rastreo similar se le hizo en el 2007 a Néstor Díaz, hoy ex director de la Dian, cuando la Fiscalía y la Procuraduría le iniciaron una indagación sobre un escándalo de idénticas proporciones: un billón de pesos.

En ese momento, como lo reveló EL TIEMPO, varios testigos involucraron a Díaz -entonces jefe de impuestos de la Dian- y otros funcionarios de alto nivel con el cobro de sobornos a contribuyentes, a cambio de borrarles multas. También aseguraron que en ese entonces se hizo una colecta para frenar la investigación y hasta mencionaron al entonces senador David Char.

Y aunque Díaz y Char salieron bien librados, William Salterén -casado con una sobrina de la ex esposa de Néstor Díaz- fue condenado, y uno de los investigados apareció muerto. Se trata de Cosme Noel Mateus Silva, primo hermano del senador Iván Díaz Mateus, quien a su vez resultó ser sobrino de Néstor Díaz.

"Fue el mismo modus operandi de esta organización: pagar por frenar las pesquisas", afirma un investigador que ya está desempolvando el expediente en la Procuraduría y en la Fiscalía. De hecho, reveló que se evalúa la pertinencia de revivirlo y volver a ubicar a los testigos.

En ese momento, Néstor Díaz negó cualquier nexo ilegal y atribuyó todo a venganzas. En esta ocasión, le dijo a EL TIEMPO que durante su administración (2009-2010) siempre se luchó contra esas conductas y que está presto a responderle a la justicia cualquier interrogante. Incluido qué hizo con el documento en el que, en abril del 2010, la Policía Fiscal y Aduanera le dijo como operaba esta banda.

Por ahora, cinco de los 16 detenidos por este caso (13 capturas y tres entregas voluntarias) ya le dijeron a la Fiscalía que quieren firmar un principio de oportunidad para contarlo todo.

Las autoridades investigan la extraña muerte de Geovanni Vélez Hernández, representante legal de Metales Geovanni, una de las empresas clave en el dossier del caso Dian. "No sabemos en qué circunstancias murió, lo que tenemos como producto de la investigación es que lo mataron", dijo el fiscal Pedro Noel Cárdenas. Los investigadores intentan establecer los motivos y el lugar del crimen del hombre que aparece como uno de los integrantes de la organización. La empresa Metales Geovanni, cuya revisora fiscal es Andrea Botina, recibió en mayo del 2009 un pago de la Dian por 249 millones de pesos. Un mes antes había recibido 163 millones. "Tenían una fábrica de facturas, muchas eran del mismo formato", indicó el fiscal.

La red que desfalcó a la Dian tenía más de 160 lujosas propiedades, entre las que hay un chalet en La Mesa (Cundinamarca), apartamentos en Cartagena, fincas en Tenjo, Medellín y Villavicencio, y una hacienda en Ibagué. En varias de estas fincas había caballos de paso avaluados en astronómicas cifras y, al estilo de los directivos de Saludcoop, se hicieron inversiones en un centro vacacional. En los parqueaderos había automóviles de alta gama: dos BMW, tres Audi último modelo, un Porsche (en el que se movilizaba con escolta Jazmín Becerra) y dos camionetas blindadas. En los allanamientos también fueron incautados 15.000 euros en efectivo (estaban debajo de un colchón), dólares y pesos colombianos.

Varios de los ex trabajadores de la empresa R&B SAS, representada por Blanca Jazmín Becerra, comenzaron a reconocer que sabían de las exportaciones ficticias y que Becerra los tenía amenazados. Diana Marcela Ramos, contadora, aseguró que después de seis meses supo de transacciones ilegales por lo que decidió renunciar. Asegura que Becerra le advirtió que no permi- tiría que fuera a contar a las autoridades lo que estaba pasando y que pensara en su familia. Después de salir de la empresa, ella aseguró que recibió llamadas anónimas y que fue seguida por un vehículo mazda. Andrea Cuevas, otra empleada, dijo que sabía de dinero invertido en bodegas de Medellín y fincas de ganado en el municipio de Agua De Dios.

La Fiscalía reveló el sábado que fue directamente la empresa R&B, la que giró el pago de 1.400 millones de pesos, en dos cuotas, a los ex funcionarios de la Dian que frenaron las investigaciones. Se trata de Ramón Agudelo (capturado), Raúl Pardo y Erbin Martínez Caldera. Ambos, prófugos.

Néstor Díaz Saavedra estuvo 30 años vinculado a la Dian. Aunque es sociólogo, ocupó los cargos de administrador de impuestos en Mitú, Bucaramanga y Villavicen- cio, y jefe de Personas Naturales en Bogotá. En el 2003 fue designado como jefe de impuestos hasta el primero de enero del 2009, cuando fue nombrado director general de la Dian. Allí estuvo hasta el 7 de agosto del 2010, cuando lo reemplazó Juan Ricardo Ortega. Como lo anticipó EL TIEMPO, también deberá explicarle a la Procuraduría por qué su administración nunca multó a los Nule por quedarse con 37.000 millones en impuestos.

La devolución del IVA

La red se aprovechaba de un beneficio que el Estado da a los exportadores: la devolución del impuesto del IVA de los productos que se adquieren para vender en los mercados externos. La Dian devuelve el impuesto al exportador previa presentación de las facturas de compra y el manifiesto de aduana.

Cómo se hizo el fraude

Fueron creadas empresas de fachada. Unas compañías figuraban como proveedoras y otras como exportadoras y entre ellas se cruzaban facturas de ventas ficticias de mercancía. Se falsificaban manifiestos de aduana. Los documentos eran legalizados utilizando contadores recién egresados que prestaban, sin saberlo, su firma. Y los funcionarios corruptos aprobaban la devolución del IVA que nunca se pagó.

Modalidades

Los casos que están en este momento ante la justicia tienen que ver con exportaciones de chatarra. Pero se indagan otras exportaciones, como las de ganado a varios países vecinos.

UNIDAD INVESTIGATIVA
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