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En cinco años, cerca de 4.000 predios del Estado en zonas costeras fueron invadidos por particulares.

Así lo demuestra un informe de la Dirección Marítima (Dimar), que registra hasta octubre 28.510 bienes de uso públicos en manos de privados en áreas de costa. En la costa Atlántica los invasores son algunos hoteles y particulares que construyeron casas de recreo, mientras que en el Pacífico, el fenómeno se evidencia en la construcción de viviendas subnormales en playas o en las desembocaduras de los ríos.

La creciente situación obligó a la Contraloría General a emitir una alerta en la que asegura que la “pérdida de la propiedad del Estado ha generado un severo daño al ambiente y al patrimonio económico del país”.

Pero lo peor de las invasiones en playas y costas es que la Dimar, este año, solo ha podido darle trámite al 1,7 por ciento de las solicitudes de restitución de los bienes. En total, hay 16.700 peticiones varadas en los estrados judiciales.

Para el contralmirante Ernesto Durán Gil, director de la Dimar, la falta de apoyo y gestión de alcaldes y gobernadores hace que prácticamente el Estado pierda la batalla ante quienes invaden. “Si no dan trámite a las solicitudes de restitución no podemos hacer nada. Falta voluntad política con esta problemática que es una bomba de tiempo”, dice Durán.

Dentro de esos casos en los que se ha impedido la restitución, las autoridades recuerdan los pleitos jurídicos contra el Hotel Hilton o constructoras en Cartagena. (Lea también: La batalla jurídica del Hilton para recuperar la playa que perdió).

La Dimar y la Contraloría coinciden en que los curadores urbanos siguen otorgando licencias para construir casas de lujo en tierras del Estado, en parques naturales y hasta en manglares, que son cubiertos con materiales de construcción que destruyen los ecosistemas. Los casos más graves se dan en Tumaco, Cartagena, Buenaventura, Bahía Solano y Santa Marta.

En esta última, en el sector denominado como Pozos Colorados, en el corregimiento de Gaira, la Dimar ha estudiado la destrucción de un complejo sistema ambiental. “También vemos con preocupación lo que pasa en el golfo del Morrosquillo (Sucre y Córdoba) donde prácticamente se ha perdido la playa. Y en Tumaco, donde si existiera una emergencia por alto oleaje o tsunami, tendríamos una tragedia sin proporciones por la alta población viviendo en situación de riesgo”, agrega el director de la Dimar.

REDACCIÓN JUSTICIA