Cuando salió de Mapiripán en el 2001, Mariela Contreras llegó a vivir en una casucha de lata en el barrio San Blas, en el sur de Bogotá, y estuvo en la absoluta pobreza hasta que María Bustos, desplazada de la masacre de 1997, le prometió llevarla al lugar donde le iban a ayudar: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Bustos, dijo Contreras, la convenció de declararse víctima de la matanza cometida por los paras en ese lejano pueblo del Llano a orillas del río Guaviare.
Así, según la Fiscalía, empezó uno de los 9 montajes documentados que llevaron esta semana a que por primera vez un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fuera cuestionado oficialmente por el Estado colombiano, pues habría dado pie a un fraude que pasaría de los 6 mil millones de pesos.
La Fiscalía está tras la pista de Bustos, testigo clave en el caso de Mapiripán y a quien la misma Corte benefició con medidas cautelares de protección. Hasta noviembre del 2002 estaba refugiada en Canadá con tres de sus familiares, entre ellos su padre, Marco Tulio Bustos.
Bustos también aparece como la persona que contactó a Argemiro Arévalo, hijo del difunto Manuel Arévalo. Por esa muerte la Corte ordenó un pago de 160 millones de pesos, pero Argemiro le reconoció a la Fiscalía que su padre falleció realmente el 3 de marzo de 1999 por "muerte natural" ya que "no tenían los medios para llevarlo a un centro médico". El cuerpo -dijo- está enterrado en el cementerio de la población de Anzuelo, zona rural de Mapiripán.
Aunque la CIDH sustentó la medida cautelar con el argumento de que María Esneda Bustos tuvo que cambiar de casa más de cinco veces por las amenazas que recibió por denunciar la alianza de paras y Ejército, la magistrada de justicia y paz Teresa Ruiz pidió esta semana que se investigue si realmente había razones para que ella y su familia recibieran asilo.
Según el fallo de la Corte -que se basó en expedientes colombianos y testimonios de habitantes y autoridades de la zona-, en La Cristalina, la finca de los Bustos, supuestamente murieron cinco personas por las que el Estado fue condenado a pagar casi 2.000 millones de pesos. Una de ellas, José Alberto Pinzón, figura como muerto desde 1989, según archivos de defunción de la Registraduría.
Además de esta inconsistencia, las dudas de la Fiscalía en el caso de los Pinzón radican en que los paramilitares aseguran que nunca llegaron hasta La Cristalina, pues ese viaje les habría tomado al menos siete horas en carro.
En declaraciones ante la Fiscalía en el 2000, Marco Tulio Bustos aseguró que su hijo Alejandro desapareció por los días de la masacre, cuando salió a buscar algunas reses a Mapiripán. La CIDH no condenó al país por ese caso, pero ordenó investigarlo. Hoy, la Fiscalía rastrea si ese Tulio Alejandro Bustos es el mismo que aparece en los registros de Solsalud EPS entre el 2004 y el 2006.
Secreto a voces
A comienzos de este año, un grupo de fiscales de justicia y paz llegó a Mapiripán para reconstruir la verdad de uno de los crímenes más sonados de los paras. Pero se encontraron con que del medio centenar de muertos y desaparecidos de que hablaban la Corte Interamericana y ONG apenas lograron saber datos ciertos de unas diez víctimas.
Los investigadores corroboraron un secreto a voces entre los habitantes: a Mapiripán sí llegaron los paras de Carlos Castaño y sembraron por cinco días el terror, después de cruzar sin problemas por varios retenes de las Fuerzas Militares, pero el crimen no tuvo las dimensiones que todo el país pensaba.
Los fiscales decidieron seguir la pista de las familias de víctimas reconocidas por la Corte y llegaron hasta Mariela Contreras, cuyo grupo familiar, en total, recibió 3.000 millones de pesos por la muerte del esposo de la mujer, Gustavo Caicedo, y la desaparición de sus hijos Hugo y Diego Martínez Contreras.
Ella contó cómo en menos de cuatro años pasó de "aguantar hambre en las calles de Bogotá" a recibir una millonaria indemnización por mentirle a la Corte Interamericana. Y con este testimonio pidió perdón al país ante el Tribunal Superior de Justicia y Paz.
A Hugo no lo desaparecieron los paras. Fue reclutado por las Farc cuando tenía 10 años y se desmovilizó en el Batallón Antonia Santos de Villavicencio, en agosto del 2008. Gustavo Caicedo llevaba muerto ocho meses cuando las Auc llegaron por primera vez en Mapiripán. Y Diego Armando, su otro hijo, desapareció -dijo- el día que salió a buscar a su padrastro. Aunque se desconoce su paradero, se sabe que tramitó su cédula en diciembre del 2000.
Desaparecido y desplazado
Fuentes de Mindefensa dicen que alertaron a la Corte
En el 2009, en una ampliación de su sentencia sobre Mapiripán, la Corte ordenó al Estado colombiano que pagara reparación por la muerte de Wilson Molina Pinto, supuestamente ocurrida doce años antes. El monto de esa indemnización llegó a los 260 millones de pesos.
Sin embargo, la Fiscalía no se explica cómo Molina apareció tramitando un subsidio como desplazado ese mismo año y había tramitado un duplicado de cédula en febrero del 2003.
Fuentes del Ministerio de Defensa le dijeron a EL TIEMPO que hace tres años encontraron inconsistencias en uno de los pagos ordenados por el caso Mapiripán y que se tramitó la notificación al sistema interamericano sobre el fraude.
Sorprendentemente, dicen, la orden del tribunal fue desembolsar el dinero.
También está documentado el caso de mar Patiño Vaca, por cuya muerte se ordenó pagar 394 millones de pesos. Sin embargo, en entrevista con sus familiares, la Fiscalía estableció que lo último que se supo de él es que fue reclutado por las Farc en el año 2002. Por otro de sus hermanos la Corte ordenó pagar 200 millones de pesos, pero fue asesinado por la guerrilla el 4 de diciembre del 2001.
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