Notificada oficialmente que Colombia no acatará las medidas cautelares que se otorgaron al Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estudia dos posibles escenarios como posible respuesta ante la tajante negativa.
El primero de ellos es acudir ante la Corte Interamericana (Corte IDH, con sede en Costa Rica), para que sea esta la que emita medidas provisionales (así se llaman en esta Corte) en favor de Petro. (Lea también: Radican primera tutela contra decreto que sacó a Petro)
Aunque la CIDH insiste en que sus cautelares deberían ser acatadas por los estados, las de la Corte tienen más peso y sin son consideradas de obligatorio cumplimiento.
Pero ese camino no es nada fácil. De entrada se trata de un órgano más conservador y con un rasero mucho más malo a la hora de conceder medidas provisionales.
Y los antecedentes recientes no le auguran buenos presagios. La última vez que esta Corte analizó un caso de medidas provisionales para proteger derechos políticos fue en el 2005 cuando la CIDH las pidió en favor del excanciller de México Jorge Castañeda y luego que el Estado se negara a acatar las cautelares.
Al excanciller se le había negado el derecho a inscribirse como candidato independiente para las elecciones presidenciales pues las leyes en su país exigían que hiciera parte de un partido político. La Corte, en su sentencia, se negó a concederlas pues consideró que un posible daño a ese derecho político no era irreparable. Además, argumentó que no podía dictar provisionales sin antes conocer el fondo del caso.
Desde entonces la CIDH no ha regresado a la Corte solicitando provisionales para derechos políticos y se había abstenido de otorgar cautelares con este mismo fin hasta que llegó el caso de Petro.
En el 2010, CIDH volvió a recurrir a la Corte en busca de provisionales cuando el estado venezolano ordenó o el cierre de 34 emisoras de radio vulnerando el derecho a la libertad de expresión. La Corte las rechazó también bajo el mismo argumento: que no se cometía un daño irreparable.
Dado que el caso de Petro es distinto, pues su destitución si es irreparable, algunos en la Comisión piensan que podrían correr con mejor suerte.
Por el momento no han decidido si la llevarán y fuentes de su entorno indican que se tomarán algunos días antes de contestar al Estado colombiano.
La segunda alternativa es dar por terminado el episodio y concentrase en el caso de Petro que hace su curso a través del Sistema de Peticiones. Se trata de un camino largo, pues en el mejor de los casos puede tardar unos dos años, pero cuyo resultado es más promisorio.
Fue a través de este, por ejemplo, que al líder de oposición Leopoldo López se le logró levantar la inhabilidad que le había decretado las autoridades en Venezuela.
De otra parte, Colombia le pidió a la Comisión que cancele una audiencia prevista para este lunes en Washington en la que se pensaba tratar del tema de los derechos políticos en el país, en el marco de la destitución del alcalde Gustavo Petro.
A juicio del gobierno, esa audiencia ya no tiene sentido pues la CIDH ya pidió cautelares para Petro y se suponía que era un espacio previsto para discutir la posición de las partes.
Así no se cancele, el gobierno ya tomó la decisión de no asistir.
El desplante a la CIDH parece ser un primer gesto del Gobierno para expresar su malestar por haber otorgado medidas cautelares a Petro y la manera como las comunicó.
Si bien Colombia por lo general asiste a todas las audiencias a las que es convocada, no sería la primera vez que le dejan la “silla vacía” a la Comisión.
En marzo de 2010 el entonces embajador de Colombia ante la OEA, Luis Hoyos, se paró de la mesa en protesta por la decisión de la CIDH de convocar una audiencia para tratar el tema del bombardeo a un campamento de las Farc en Bogotá.
Lo más probable es que el actual embajador, Andrés González, y a quien le correspondería presidir la sesión, lea un comunicado explicado la posición colombiana y luego abandone el recinto.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
- Radican primera tutela contra decreto que sacó a Petro
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