La batalla contra el robo de celulares –la modalidad de hurto que más ha crecido en los últimos años– se sigue perdiendo en el país.
El año pasado, según reportes a las empresas operadoras, a 907.107 usuarios les robaron el celular. Informes de la Policía y la Fiscalía revelan una dramática situación: señaló el viernes el vicefiscal general, Jorge Perdomo, el 98 por ciento de las víctimas no denuncia el robo ante las autoridades correspondientes. Es decir que por los 907.000 robos apenas fueron entabladas oficialmente 18.000 denuncias. (Lea también: En cinco localidades de Bogotá se concentra el robo de celular).
A esto se suma que, asegura la Policía, nueve de cada diez de los delincuentes que son capturados por hurtar celulares recuperan su libertad casi de inmediato. Algunos porque reparan a la víctima o deciden colaborar con la justicia, pero la mayoría porque terminan procesados por hurto simple, que es un delito excarcelable. (Lea también: Robo de celulares será prioridad para la Fiscalía).
Lo que muestran los informes es que las estrategias contra esa modalidad delictiva aún no dan resultados. El año pasado, por todos los delitos, la Policía capturó a 278.024 personas, de las que 12.740 formaban parte de las redes que roban teléfonos. Solo 1.275 de este último grupo están hoy detenidas.
La gravedad de la situación llevó a la Fiscalía a priorizar las investigaciones sobre robo de celulares en Bogotá, que es la ciudad más afectada por ese delito. En la capital fueron hurtados al menos 263.000 teléfonos el año pasado, pero los casos reportados a las autoridades judiciales no llegan a los 10.000, lo que incide en el altísimo grado de impunidad que rodea esta actividad criminal.
El año pasado, la Policía desarticuló 22 grandes bandas dedicadas a robar y comercializar aparatos telefónicos. Lo que hará la Fiscalía será ampliar el foco, de tal manera que se puedan ligar los casos y empezar, de entrada, procesando a los capturados por concierto para delinquir, que asegura condenas de al menos siete años de cárcel. Esa, en palabras del vicefiscal Perdomo, es “la respuesta adecuada de las autoridades” que esperan los ciudadanos.
Un robo cada dos minutos
Bogotá será la probeta del plan porque en sus calles se roban 720 teléfonos cada día –es decir, uno cada dos minutos– y muchas veces con uso de fuerza.
En la capital, en el 60 por ciento de los casos denunciados las víctimas narraron cómo entregaron su móvil luego de que los delincuentes los amedrentaran usando armas de fuego y cuchillos. En el resto de casos, el famoso ‘cosquilleo’, especialmente en el sistema de TransMilenio, y los raponazos fueron la modalidad predominante.
La Fiscalía habilitará sitios de recepción de denuncias en dos portales de TransMilenio –el de Las Américas y en la autopista Norte– para los ciudadanos que son víctimas de estos hechos delictivos.
El 2013, en todo caso, cerró con mejores cifras que el año antepasado. Así, las capturas por robos de celulares fueron 2.007 más que en el 2013, y hubo 167 delincuentes más enviados a la cárcel que en el 2012, cuando se dictaron 1.108 medidas de aseguramiento por robo de celulares. Las investigaciones de la Policía también tocaron las bandas internacionales, que roban y venden celulares en Ecuador, argy, Venezuela y Perú.
‘Me rapó el teléfono y se escapó en una motocicleta’
Las modalidades de atraco, cosquilleo y raponazo son utilizadas por los delincuentes.
Andrés fue una de las más recientes víctimas. El pasado sábado, cuando estaba en una panadería del barrio Carabelas, de la localidad de Puente Aranda en Bogotá, un desconocido le robó su celular. Esta es su declaración:
“Todo pasó en menos de 2 minutos. Se bajó de una moto de alto cilindraje, que yo había visto pasar dos veces por la cuadra esa noche; entró al sitio y, como si nada, me rapó el teléfono. Salió corriendo, se subió a la moto y huyó con su compinche. Apagaron el celular minutos más tarde”.
Bloqueo, una tarea que sigue pendiente
Uno de los frentes de la estrategia contra el hurto de celulares que siguen pendientes es el del bloqueo de los equipos hurtados.
El Gobierno, en cabeza del consejero para la seguridad ciudadana, Francisco José Lloreda, considera que ese es un punto clave para frenar este delito. La tesis es que si no se pueden activar, como ocurre hoy, los celulares robados, necesariamente se impactará un negocio ilegal que mueve cerca de 600 millones de pesos diarios.
Sin embargo, ni el registro de equipos, que es obligatorio, ni los bloqueos de los teléfonos no registrados avanzan al ritmo que se requiere.
En septiembre, solo 4 de cada diez teléfonos en prepago habían sido registrados en las bases de datos. En el país hay casi 40 millones de equipos en esa modalidad, que usualmente es a la que se destinan los equipos hurtados porque el control sobre los pospago es riguroso.
El Gobierno considera también que las empresas deben incrementar el número de bloqueados, por no registrarse.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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