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Antes de iniciar su intervención en la Comisión de Acusaciones, el ex presidente Álvaro Uribe había prometido que presentaría los detalles de lo que llamó una venganza criminal en contra de su gobierno.

Uribe sostuvo que antes de iniciar su administración, en el 2002, escuchó una versión según la cual el paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, advertía que tenía planeado asesinar al Presidente de la República, porque se trataba de una persona "que había llegado pisando duro".

El ex presidente añadió que su decisión de enviar a los Estados Unidos a los principales jefes de las autodefensas desató un ánimo de venganza que se expresa en las denuncias contra su hermano, Santiago Uribe, y contra sus hijos: Tomás y Jeronimo.

Sobre el primer caso, dijo que un paramilitar trató de salpicar a su hermano con una versión en la que se dice que Santiago Uribe organizó una reunión entre dos paramilitares. Después, añadió, se trató de enlodar en este supuesto hecho a uno de sus hermanos fallecidos.

En cuanto a sus hijos, aseguró que la versión del paramilitar José Gélvez Albarracin, alias El canoso, sobre un supuesto diálogo de Tomás y Jerómino en el Tayrona, en el que habrían abandonado sus escoltas, no es cierto.

Tampoco, dijo, tiene asidero que los paramilitares de Santa Marta hayan aportado dinero a su campaña política en el 2002, en una reunión en la que supuestamente estuvo el mandatario.

En este tema, Uribe insistió en que tiene como norma no recibir dineros directamente en sus campañas políticas y que son gerentes, de reconocida probidad, quienes manejaron los asuntos contables de sus empresas políticas.

El ex presidente añadió que no tuvo injerencia en una supuesto encuentro entre los paras de la Sierra Nevada de Santa Marta y el empresario  Jean Claude Bessudo, para que le permitieran explotar para el turismo ese lugar.

Uribe dijo que él también fue víctima de las interceptaciones ilegales y, según él, prueba de ello fue la revelación comunicación en la que insultó a un ex colaborador de su campaña en Armenia, quien se vio involucrado en un escándalo de corrupción, y una charla con el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, a quien llamó para indagar sobre las denuncias de alias Tasmania.

"Tienen el propósito criminal de desacreditar al gobierno", dijo y luego recriminó que algunos de sus opositores se reúnan con paramilitares detenidos, para ventilar denuncias en su contra.

Álvaro Uribe se refirió al caso del periodista Daniel Coronell, uno de los comunicadores que fue interceptado por el DAS, y dijo que jamás ordenó una persecución en su contra.

Sostuvo que, como mandatario, siempre ha combatido con las armas sobre la mesa. "Jamás pasó por mi mente dar instrucciones ilegales", aseguró.

También argumentó que no utilizó el presupuesto para influir en los medios de comunicación o sobornar periodistas.

Recordó que respetó una licitación que se ganó Coronell para desarrollar un contrato en el Ministerio de Defensa, pese a las críticas expresadas por el columnista en contra de su Gobierno.

Dijo que cuando empezó su administración los periodistas estaban amordazados, pero por los terroristas.

Sobre Holman Morris, otro de los periodistas críticos con su administración, comentó que es su difamador en Washington, junto con el sacerdote Javier Giraldo.

"Soy católico, no me da pena decir que rezo, pero me siento muy mal como católico cuando un integrante de la Iglesia, como el padre Giraldo, se dedica a difamar".

El ex presidente también dedicó parte de su intervención a la ex senadora Piedad Córdoba. Admitió que preguntó en dos ocasiones por ella, en temas relacionados con la muerte de uno de sus escoltas que la ex legisladora le atribuyó al Estado, y cuando, en una conferencia en México, invitó a algunos países a romper relaciones con Colombia.

"Claro que yo pregunté sobre el tema", dijo y luego pidió investigar quién pagó los tiquetes, gastos de hotel y de alimentación de algunos desplazamientos de la ex senadora en el exterior.

En la primera parte de su intervención, el ex mandatario defendió su política de seguridad democrática y dijo que gracias a esta se logró una reducción en la muerte de periodistas y el aumento de sentencias contra personas que atentaron contra trabajadores.

Sobre los tres cargos que enfrenta en esa corporación: concierto para delinquir, abuso de poder e interceptación ilegal de telecomunicaciones, Uribe dijo que en su administración "lo que se dio fue un gran apoyo a la Justicia".

Recordó que el presupuesto en la rama judicial aumentó en 52 por ciento durante su administración y que solo la Fiscalía General pasó de administrar 657.000 millones de pesos a  más de un billón 463 mil millones de pesos.

"Hicimos un gran esfuerzo para apoyar a la Justicia", dijo Uribe, después de reseñar las reformas judiciales que emprendió su Gobierno, para atender las demandas de la rama judicial.

Uribe también dijo que escogió a sus cuatro directores del DAS, organismo acusado de interceptar a magistrados, periodistas y líderes de la oposición, con base en sus hojas de vida, las cuales destacó.

En ese sentido, defendió las calidades profesionales de Jorge Noguera, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Felipe Muñoz.

El ex mandatario aseguró que no dio instrucciones para interferir las telecomunicaciones de civiles en su administración.

Asimismo, renovó sus críticas a la Corte Suprema de Justicia por no escoger al Fiscal General de la Nación de la terna que él envió a esa corporación.  

Dijo que entre los magistrados no primó el principio de cotejar la norma con los hechos y que se le dio un manejo político a esta situación.

Recordó que después de exigir a un penalista para el cargo, escogieron a una constitucionalista y modificaron el reglamento interno para hacerlo.