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El reciente Foro de Biarritz, celebrado en la República Dominicana, se ocupó del tema de la legalización o prohibición de las drogas desde un punto de vista económico. Fue un debate serio, constructivo, no exento de posiciones pasionales.

El tema de las drogas se ha estudiado mucho y desde muy distintos ángulos.La polarización del debate internacional entre prohibicionistas y legalizadores ha conseguido paralizar, en la práctica, la búsqueda de alternativas intermedias que podrían conciliar la necesidad de regular socialmente su consumo y minimizar los costos derivados de su persecución, que ya comienzan a ser mayores que los beneficios resultantes de ella.

Esta aparente sin salida de una guerra que todos ven perdida sin que nadie se atreva a declararlo se explica por el contenido moral que se le ha dado al debate, unos satanizando el consumo de las drogas, mientras otros lo defienden con el argumento del derecho inalienable del individuo a consumirlas.

La política antidrogas vigente ha conseguido que la opinión mundial ya no piense que estas son buenas o malas porque sean nocivas, sino porque están prohibidas; esta prohibición, como lo demuestra el desarrollo histórico de las distintas convenciones relacionadas con la fiscalización de estupefacientes, ha tenido mucho más que ver con la política que con la ciencia: han sido los gobiernos y no los médicos los que han tomado la decisión final acerca de qué drogas son o no ilegales.

El manejo político del problema se ha visto reforzado por el tono satanizante de la política exterior estadounidense, la posición radical de los musulmanes que rechazan su consumo por razones religiosas y la férrea posición china, que, desde las guerras del opio, considera un acto de traición a la patria su simple posesión.

La tendencia reciente a ubicar la discusión dentro de lo que podría llamarse la economía de las drogas ofrece una perspectiva más objetiva para plantear el problema en un escenario menos comprometido emocionalmente con los prejuicios morales y los intereses políticos que polarizan la discusión entre el prohibicionismo fundamentalista y la legalización libertaria. El examen económico del problema lleva a conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, que los intereses que animan a los narcotraficantes y las agencias que los persiguen se confundan en el riesgo que los primeros generan y las segundas aumentan. En otras palabras, las organizaciones criminales que operan el negocio incrementan sus utilidades y consolidan su poder monopólico ante una mayor represión y en presencia de unos consumidores que no responden de manera elástica a las variaciones de los precios.

Una mayor interdicción no eleva el precio ni deprime el consumo de las drogas, porque los narcotraficantes reaccionan con rapidez colocando sus inventarios en el mercado y utilizando rutas alternativas de exportación y distribución al menudeo. La falta de información asequible, sistemática y confiable sobre las drogas es uno de los principales problemas que se encuentran al efectuar el examen económico sobre ellas.

Las agencias encargadas de la fiscalización han terminado por construir sus propios sistemas autorreferentes de información, que se refuerzan a sí mismos para justificar la permanencia en la guerra de quienes los manejan. En Colombia hemos sido víctimas de este problema con las informaciones sobre reducción de cultivos ilícitos, que varían según los distintos satélites internacionales que las agencias empleen en función de sus propios intereses.

Las drogas producen costosas distorsiones en el desempeño de las economías afectadas al crear y alimentar poderosas economías subterráneas; su impacto no solo tiene que ver con su costo directo -en Colombia el costo de la violencia alimentada por el narcotráfico es el 2 por ciento del PIB-, sino también con el daño desestabilizador de la economía producido por fenómenos como el movimiento clandestino de flujos de capitales, el aumento del contrabando, la especulación inmobiliaria, la concentración de tierras rurales y la inflación alimentaria.

A través del lavado de sus utilidades, las organizaciones criminales desvalorizan el acervo patrimonial de los países que cambian su vocación productiva por propósitos acumulativos y especulativos, una de cuyas consecuencias es que la propiedad valga más y produzca menos. A este respecto, la Universidad Nacional ha propuesto una tasa retributiva que distribuya entre los países consumidores, en proporción a su nivel de consumo, los costos económicos de la guerra internacional contra las drogas, en la cual siguen comprometidos, en forma cada vez más solitaria y con fondos de sus propios bolsillos, unos pocos países, Colombia entre ellos.

Los planteamientos de neoliberales como Milton Friedman, que defienden la alternativa no prohibicionista, coinciden con los de los pensadores más radicales de izquierda, aunque difieren en el papel que asignan al Estado en caso de desarrollarse una política alternativa: los neoliberales la niegan en aras del mercado y los radicales la afirman. Para estos últimos, el Estado debe gravar las utilidades resultantes del negocio permitido, regular y prevenir el consumo y combatir las organizaciones criminales que sobrevivan. Evidencias económicas llevan a pensar entonces -sin incurrir en faltas éticas ni sesgos políticos- que los problemas de las drogas están más asociados con su persecución que con su consumo y que resultaría más económico y eficiente ejercer sobre ellas un control a través de la regulación del mercado y la educación sobre su uso sin abuso que insistir en la actual y muy costosa política represiva. Las cifras no mienten. El costo de reducir en uno por ciento el consumo de cocaína en el mundo es de 34 dólares por usuario a través de campañas educativas, de 246 atacando el tráfico y de 737 erradicando los cultivos ilícitos. Es decir, la reeducación de un consumidor permanente o la prevención del consumo de uno nuevo en Nueva York es 22 veces más eficiente, para reducir el mercado de cocaína en el mundo, que la destrucción de una parcela campesina de coca en el Putumayo.

Lo que se discute en esta novedosa perspectiva económica no es si las drogas son o no dañinas o si consumirlas es éticamente correcto. De lo que se trata es de saber si el costo de la actual política para combatirlas, sumado al valor del daño social e institucional que causa ella misma -inestabilidad institucional, aumento del crimen, destrucción del medio ambiente, corrupción pública, congestión carcelaria y de justicia, distorsiones macroeconómicas-, permite concluir que la estrategia actual de interdicción sí es eficiente. Si no lo fuera, según parece, la represión como estrategia internacional de lucha contra las drogas, simple y sencillamente no valdría la pena y tendría que buscarse una política distinta.

El pasado 13 y 14 de octubre se reunieron en República Dominicana el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano; el vicepresidente, Angelino Garzón; el presidente de Rep. Dominicana, Leonel Fernández, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para discutir en el marco del Foro de Biarritz la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo en América Latina, desde la economía, la política y la cultura.

Ernesto Samper Pizano
Especial para EL TIEMPO

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