El gobierno del presidente Juan Manuel Santos seguía la noche del viernes en busca de salidas jurídicas precisas para impedir, a toda costa, la vigencia de la reforma de la justicia, aprobada esta semana con una lluvia de privilegios para los congresistas -particularmente sobre la pérdida de investidura-, y que generó uno de los mayores escándalos políticos de los últimos tiempos. (Lea también: Santos objeta reforma de la justicia para evitar excarcelación masiva).
Aunque el Gobierno en principio examinó todas las alternativas, en las últimas horas se inclinó por salvar los aspectos buenos de la reforma, y así se lo pedirá al Congreso. (Vea cuáles son los congresistas que se opusieron a la conciliación).
Por lo pronto, se descartó que el Legislativo vaya a ser convocado a sesiones extraordinarias para resolver la crisis. La decisión tomada es esperar a que en el período ordinario, que se iniciará el 20 de julio, se aborde el asunto.
Tras intensas reuniones del alto gobierno ayer en la Casa de Nariño, la tesis imperante era la planteada el jueves por el presidente Santos, en el sentido de devolver el proyecto al Congreso para erradicar los micos que le colgaron en la conciliación. Santos dijo el jueves en la noche que objetaría la reforma "por inconveniente e inconstitucional".
Aunque se esperaba que las razones de Santos fueran enviadas ayer mismo al Congreso, el Presidente y su equipo resolvieron que se tomarán el fin de semana para hacer más consultas y "afinar la argumentación", que divulgarán la próxima semana.
Ayer, Santos escuchó numerosas opiniones de expertos sobre alternativas, entre ellas las del presidente de la Cámara, Simón Gaviria, que le recomendó "archivar" el proyecto.
También escuchó a Roy Barreras, quien presidirá el Congreso a partir del 20 de julio. El congresista, aliado de Santos, dijo que "la solución es tramitar las objeciones y limpiar la reforma en las sesiones ordinarias".
Inclusive se habló de citar a la Mesa de Unidad Nacional, conformada por todos los partidos de la coalición, la próxima semana, para garantizar su apoyo a la estrategia. La Unidad Nacional recoge a casi el 97 por ciento de los miembros del Congreso.
Los jefes de los partidos políticos que integran la coalición anticiparon ayer su apoyo a cualquier decisión que tome el Gobierno.
El Partido Liberal, en cabeza de Simón Gaviria, le comunicó a Santos que "les dará trámite a las objeciones a partir de la próxima legislatura". Efraín Cepeda, jefe del Partido Conservador, consideró "conveniente que el Congreso revise, en las próximas sesiones, las objeciones del Presidente".
Por su lado, Germán Varón, codirector de Cambio Radical, aseguró que el partido "acompaña" a Santos en la decisión que tome y que "respaldará las modificaciones que proponga el Ejecutivo".
En igual sentido, Alfonso Prada, congresista del Partido Verde, garantizó que "se respaldará la decisión del Presidente". Mientras tanto, Clara López, presidenta del Polo, único partido en la oposición, aseguró que la colectividad "hará todo lo posible para que esa reforma sea revocada".
EL TIEMPO pudo establecer que una preocupación especial del Gobierno es la de evitar que el acto legislativo objeto del escándalo sea publicado, pues eso implicaría su entrada en vigencia.
Este hecho (la publicación) solo puede ser ordenado por el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo (conservador), quien anoche regresaba al país procedente de China.
No se sabe cuál será el criterio de Corzo, quien forma parte de la Unidad Nacional. Pero sí se sabe que hay sectores del Congreso que presionan para que se dé la publicación.
El fallo en el que se apoya el Gobierno para objetar
La sentencia de la Corte Constitucional en la que el Gobierno se basa para objetar la reforma de la justicia ocurrió hace 5 años.
Resolvió una demanda contra un acto legislativo aprobado en el 2003 por el Congreso, que modificaba el régimen pensional. Según el demandante, supuestos errores de forma afectarían la legalidad de norma.
La Corte no resolvió de fondo el tema, pero incluyó decisiones claves que podrían ser la última opción para atajar el acto legislativo que se inició buscando mayor eficiencia en la justicia y terminó blindando a los congresistas frente a los procesos penales y de pérdida de investidura.
En teoría, un acto legislativo o modificación de la Carta Política en el Congreso no tiene que ser sancionado por el Presidente de la República para entrar en vigencia, como sí sucede con las leyes ordinarias. En la sentencia del 2007, la Corte consideró que, si bien ese es el trámite regular, si hay "vacíos de regulación" generados por los cambios constitucionales, se puede dar una situación que "debe suplirse por el trámite legislativo ordinario". Es decir, que el Ejecutivo recuperaría en esos casos la facultad de sancionar y de objetar esos actos legislativos.
"Dentro del proceso de formación de las leyes se ha previsto su promulgación por el Gobierno. Nada se opone a que ese trámite, que tiene sentido como un instrumento de autenticidad y de publicidad, que es de obligatorio cumplimiento para el Presidente y que puede suplirse por el Congreso (C. P., art. 168), se aplique también en el trámite de los actos legislativos", dice la sentencia clave.
Hay que archivar la reforma: Simón Gaviria
El presidente de la Cámara y director del Partido Liberal, Simón Gaviria, propuso ayer citar al Congreso a sesiones extras con el fin de archivar la reforma de la justicia, cuya redacción final fue duramente cuestionada por el presidente Juan Manuel Santos, quien la devolverá al Legislativo.
En una carta que le envió al mandatario, Gaviria propone también "convocar un amplio diálogo nacional para que se adopten las decisiones que hagan el servicio de la justicia más eficaz y cercano a los ciudadanos". EL TIEMPO habló con el congresista.
Por qué pide archivar la reforma de la justicia?
Las consecuencias del acto legislativo son muy graves. La Constitución del 91 permite -y hay amplia jurisprudencia en la materia, como lo anotó el Presidente- enmendar los vicios de trámite. Por lo tanto, se debe citar a sesiones extraordinarias y el Congreso debe pronunciarse sobre la conciliación.
El Congreso no ha perdido la competencia sobre la reforma?
Sin promulgación, el acto legislativo no existe en el mundo jurídico, pero sí existe jurisprudencia en el sentido de que el Congreso puede corregir, enmendar y tomar partido sobre los vicios de trámite.
El Ministro de Justicia tiene gran responsabilidad en lo que pasó con la reforma?
Sin duda. El Ministro de Justicia (Juan Carlos Esguerra) es el autor del proyecto y el que radicó la conciliación. Se le alertó de los errores y el Ministro redactó las correcciones antes de votarla. Se declaró satisfecho y dio un parte de confianza de que el Gobierno la respaldaba.
El Presidente no fue bien informado sobre el curso que estaba tomando la reforma?
El Presidente estaba en Brasil. No sé hasta qué punto estuvo en comunicación con el Ministro, pero si el Ministro consideraba que no tenía arreglo la conciliación, debió haber pedido su hundimiento.
Se habla de dinero para desviar el camino de la reforma, de dónde podrían venir esos intereses?
Sobre eso no sé. Actué con absoluta decencia y rectitud, como lo he hecho toda mi vida. Si hubo cosas macabras, es una razón más para pensar que estamos todavía a tiempo para tomar las decisiones que le sirven al país.
Cómo debe ser el diálogo nacional sobre la justicia?
Se pensaba que la reforma tenía algunas cosas positivas, que defendimos (...) Hay otros temas que en el camino se abandonaron o que no se les dio suficiente diálogo y, por lo tanto, tenemos que sentarnos a pensar en un mejor diagnóstico de cuáles son los verdaderos problemas de la justicia.
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