El magistrado Alejandro Ordóñez se lanzó hace cuatro años como candidato a la Procuraduría. En ese entonces su hoja de vida revelaba manchas que en un país menos "clientelizado, burocratizado y lagartizado" que el nuestro le habrían impedido aspirar a un cargo tan poderoso: miembro de una secta católica de extrema derecha, incendió libros y escribió feroces panfletos contra los homosexuales. Por razones que se atribuyen a promesas de puestos y de mano indulgente, alianzas políticas -el inefable uribismo, la godarria conservadora, la godarria liberal-, solidaridad regional -ay, mi admirado Horacio Serpa- y enajenación pasajera -ay, don Gustavo Petro- Ordóñez consiguió el respaldo del Congreso y fue elegido.
Durante este período, realizó algunas cosas buenas -qué tal que no?-, pero se ha convertido en pertinaz violador de los derechos relacionados con la sexualidad femenina y ha sido fiel a su naturaleza sectaria: por hechos semejantes y a partir de pruebas ilegales, condenó a su contradictora Piedad Córdoba a inhabilidad política de 18 años -luego le agregó otros 14- y bendijo en cambio al exembajador Jorge Visbal Martelo, que ahora afronta un proceso penal por vínculos con paramilitares.
Ordóñez empezó su carrera política como fanático y está continuándola como corrupto. El diccionario define así la corrupción: "En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores". Juraría que el Procurador no ha obtenido provecho económico indebido de su gestión. Pero de otra índole, sí: utiliza su alto rango estatal en favor de su reelección y de sus ideas religiosas y políticas, mientras atropella derechos fundamentales de millones de ciudadanas.
De lo primero da cuenta el jurista Rodrigo Uprimny, quien lo acusa de violar el artículo 126 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios estatales colocar como empleados a sus familiares y a los de "servidores públicos competentes para intervenir en su designación". Es sabido que en la Procuraduría trabajan cónyuges, amantes y diversos parientes de magistrados de la Corte Suprema, que candidatizó a Ordóñez, y de parlamentarios que lo elegirán. La esposa del presidente del Congreso acaba de renunciar como procuradora delegada luego de que la periodista Cecilia Orozco denunció el hecho (El Espectador, 9/11/2012). Daniel Coronell ofrece más nombres y cargos en su columna (Semana, 9/1/2012).
Aún más escandaloso que el montaje clientelista es la persecución de las mujeres que, afincadas en sentencias de la Corte Constitucional, solicitaron un aborto con causa legal o pidieron recetas de Misoprostol (píldora para después del coito). Ordóñez y su jauría demandaron o amenazaron con demandar a varias de ellas, intimidaron a médicos y clínicas y mintieron al decir que el Gobierno adelantaba campañas masivas de aborto. Muchos facultativos, asustados, dejaron de atender casos cuyo desenlace sería interesante conocer.
Esta semana, la Corte Constitucional respaldó a las mujeres, amonestó de nuevo al Procurador, le ordenó rectificar sus mentiras y señaló: "Es inaceptable que la Procuraduría desarrolle su función preventiva en contravía de la jurisprudencia constitucional y utilizándola para amenazar el ejercicio de los derechos fundamentales".
Ordóñez puede profesar el credo que quiera, pero no es tolerable que lo propague y aplique en contra de las leyes colombianas. Eso es corrupción. Por mucho menos, él ha inhabilitado la carrera pública de políticos adversarios. Ahora anuncia un proyecto de ley para obligar a que los periodistas informemos de determinada manera sobre niños y jóvenes.
Que Dios nos ampare... pero sin intermediarios.
ESQUIRLAS. Me alertan amigos opitas contra el convenio entre CorMagdalena y una firma china para "aprovechar" el río Magdalena. Según ellos, convertirá al Huila en un mar interior. Quién fiscaliza este proyecto?
Daniel Samper Pizano
cambalache@mail.ddnet.es
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