Las políticas y esfuerzos contra el robo de celulares en Colombia no han funcionado. Así, clarito y sin perendengues. Que no se vayan a sentir atacados en el Mintic: su trabajo, junto al de la Policía y operadores (quienes hicieron e invirtieron lo exigido para ayudar con lo que está a su alcance), ha funcionado.
Lo que sigue fallando es esa parte de la cadena que insufla recursos y, por ende, atractivo comercial al negocio.Porque el robo de celulares es eso, un negocio, una organización delictiva de las más grandes y mejor estructuradas del crimen en Colombia. Tal cual, o mejor, que una ‘bacrim’. Bandas de raponeros y ladrones que entregan el producto a los que venden los terminales, enteros o por partes, principalmente a Ecuador y Venezuela; grupos técnicos encargados de reensamblar y modificar los IMEI de los celulares; y oficinas de comercio local y exterior que se encargan de empacarlos y ponerlos en las manos de los clientes, hasta con factura.
No por nada persiste una fuerte sospecha de que en dicha estructura es posible que existan manos corruptas de algunos miembros ‘torcidos’ de las autoridades e incluso de personas al interior de los mismos operadores.
Según cifras del alcalde menor de Chapinero, Mauricio Jaramillo, en Bogotá se roban cerca de 1.600 celulares al día. Eso es uno por minuto. El robo a mano armada y el ‘cosquilleo’ (que le saquen el móvil del bolsillo a las personas sin que se den cuenta), en especial en escenarios de alta afluencia de gente como una estación o bus de Transmilenio, son las principales modalidades.
Si hacemos un cálculo rápido, y por lo bajo, de un costo promedio de entre 300 y 400 mil pesos por terminal hurtado, estaríamos hablando de un ‘negocio’ que mueve alrededor de 600 millones de pesos al día, sólo en la capital del país.
La DIAN ha fallado. Los celulares, armados y en partes, siguen saliendo por las fronteras. Las cajas repletas de celulares y sus partes, pasan sin inconvenientes por Rumichaca. Los sitios donde se comercializan abiertamente equipos de dudosa procedencia, continuan operando con total tranquilidad, ofreciendo el ‘flasheo’ de los equipos y no conozco el primer capturado y/o condenado por este delito específico de la reprogramación de un celular.
La Policía ha redoblado sus esfuerzos. Han hecho operativos, han capturado a los delincuentes en flagrancia, han decomisado, pero el volumen y vigorosidad de esta bacrim no les da abasto.
Y, por supuesto, el principal eslabón que sigue y seguirá fallando, el que le pone el dinero en las manos a esta infraestructura tenebrosa, es el de la gente. Los colombianos, fieles a nuestra cultura, seguimos comprando móviles que sabemos a ciencia cierta que son robados.
Es el único eslabón de la cadena que quedó por fuera de las penas, multas y sanciones en el programa para acabar con el crimen. Ser sorprendido con un celular robado, amigos del Gobierno, debería ser igual de grave a ir manejando un carro hurtado.
¿Cómo combatir un estilo de vida, una característica antropológica de una Nación que idolatra y celebra la ‘viveza’, el atajo, la burla del establecimiento? Podrán los operadores invertir nuevamente, cada uno, de a tres y cuatro millones de dólares para crear bases de datos negras, blancas, rosadas, azules. Podemos tener miles de policías atrapando ladrones (204 en lo que va del año en Bogotá, la mayoría de ellos libres ante la falta de denuncio del afectado); firmar pactos locales e internacionales, pero está claro que mientras no se castigue duramente al que compra, a la demanda, seguiremos en las mismas. Y viene 4G. No quiero imaginar cómo se elevarán los robos de los codiciados terminales LTE.
José Carlos García R.
EDITOR TECNOLOGÍA
@JoseCarlosTecno
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