La palabra "sindicalista" era para los paramilitares equivalente a apoyar a la guerrilla. Con esa premisa fueron ordenados los asesinatos de decenas de sindicalistas, según un balance de la Fiscalía sobre 28 de esos crímenes que terminaron este año en condenas.
Según el ente investigador, los paras que han declarado en Justicia y Paz han confirmado que "la simple sospecha" era motivo suficiente para ordenar los homicidios.
Es el caso del sindicalista de la Dian Rubén Guerrero, secuestrado, torturado y asesinado en agosto del 2000 en la Costa Atlántica. dgar Córdoba, alias 57, dio la orden para que un supuesto agente del DAS, conocido como Gafitas, lo interrogara. Lo escogió "porque era efectivo sacándole información a la gente con un garrote", declararon los paramilitares en sus versiones.
Antes de ser asesinado, el sindicalista Guerrero fue obligado a escribir en un papel su nombre y a declararse como supuesto jefe político del Movimiento Bolivariano. "Se buscaba doblegar su voluntad para que aceptara la condición de guerrillero, se utilizó un método intimidatorio", señaló el juez que condenó a alias 57 a 17 años de prisión.
En otro caso, que tiene un capítulo especial en la Fiscalía, y que está bajo observación internacional, la justicia condenó a 16 años de cárcel a Juan Galán, alias Moncholo, por el crimen del dirigente de la USO Felipe Mendoza. Lo mataron porque un paramilitar "había escuchado que era auxiliador de la guerrilla".
En varios de los crímenes la justicia ha ordenado que se investigue a integrantes de la Fuerza Pública, como ocurrió en el proceso por la muerte de Germán Eduardo Solano, integrante de la Asociación de Educadores de Arauca. Su victimario, Wilmer Benavides Téllez, alias el Loco, habría recibido información de un sargento y un capitán de la Infantería de Marina. El sindicalista fue asesinado cuando se movilizaba en una moto con su hija de ocho años, quien lo vio morir.
Julio Roberto Gómez, secretario de la Confederación General de Trabajadores, dice que la situación de seguridad ha mejorado, pero advierte que aún no es suficiente.
"El año pasado mataron a 53 sindicalistas en Colombia, la mitad de los que mataron en todo el mundo. Eso demuestra que el país sigue siendo el más peligroso para ejercer este derecho", cuestiona.
REDACCIN JUSTICIA
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