El mensaje del procurador Alejandro Ordónez a los que acudirán mañana a las urnas es que voten a conciencia y que no olviden la responsabilidad de evitar que la corrupción y las organizaciones criminales elijan sus candidatos. (Gobierno garantiza que habrá seguridad en estas elecciones)
"Nosotros somos los responsables de nuestras autoridades. Tenemos el deber como ciudadanos de elegir a mandatarios con virtudes cívicas, éticas, que prime en ellos el interés común en sus decisiones, que estén dispuestos a servir a y no a servirse de la función pública", dijo Ordóñez en diálogo con EL TIEMPO. (Lea cómo algunos candidatos ofrecen hasta motos para que voten por ellos)
¿Cómo llega el país a estas elecciones?
El proceso electoral va a surtir los cánones esperados, pero existen puntos críticos. En todo el país hay municipios en riesgo, las autoridades electorales y de Policía tienen un mapa definido. Hay un ambiente de tensión. Eso es innegable. En muchos casos es explicable por las confrontaciones que genera el proceso en las regiones. Pero hay otros aspectos que pudiéramos decir son novedosos, y es que estamos estrenando una nueva normativa.
¿Cuáles son esos riesgos?
Hay unas manifestaciones preocupantes que las autoridades de Policía han advertido. Se han generado hechos de violencia en varios lugares del país, candidatos muertos y puntos del país donde se está ejerciendo presión sobre ellos. Pero el parte de tranquilidad que se puede dar es que con absoluta seguridad el establecimiento está articulado con las autoridades electorales. En la Registraduría, la Fiscalía y la Procuraduría estamos vigilantes.
¿Cuál es la mayor amenaza?
La mayor amenaza, y que echa un manto de duda sobre nuestro sistema político y democrático, es la corrupción. Está desbordada. Está en el primer lugar de los temas que se deben afrontar con una absoluta decisión. Los logros en materia de productividad y seguridad no podrán ser sostenibles con el grado de corrupción en la institucionalidad.
¿Hasta dónde los corruptos penetraron las candidaturas?
Los dineros que están detrás de muchas campañas provienen de actividades ilícitas. La trashumancia electoral (trasteo de votos) se incrementó en todo el país; hay 700 mil inscripciones de cédulas anuladas y los funcionarios públicos intervienen en política. Eso demuestra que los vicios de nuestra democracia se han agudizado. Se carece de temor a la institucionalidad, hay funcionarios a los que no les interesa mantener el pudor y pretenden, como sea, garantizar la sucesión de sus cargos.
¿Cómo ha sido esa injerencia de la corrupción en las campañas?
Hay varios factores, pero el principal es la financiación de las campañas. No nos digamos mentiras, los altos costos de estas son el escenario en el que mejor flotan todas las organizaciones al margen de la ley, llámense bacrim, guerrilla o autodefensas. Lo hacen por medio de la minería ilegal, la mayor fuente de ingresos que tienen hoy los grupos ilegales. En más de 400 municipios del país eso está pasando.
¿Los contratistas siguen influyendo en las campañas?
Esa es una infección del sistema político. Mire un ejemplo: el de un municipio de sexta categoría en el que el alcalde gana un poco más de dos millones de pesos. Esas campañas terminan costando más de 300 millones de pesos ¿Quién termina financiándolas? ¿A quién le interesa? Hay toda una amenaza que va desde los contratistas -ellos financian hoy para contratar mañana- hasta las organizaciones al margen de la ley.
¿Qué tanto han influido en las campañas los políticos presos?
Eso lo deben contestar las autoridades carcelarias, Fiscalía y Policía, que son los que tienen mayores elementos de juicio y los instrumentos para realizar esos controles. Es indudable que muchos de ellos siguen teniendo liderazgo político y tomando decisiones.
¿Qué ha hecho la Procuraduría ante estas amenazas?
Están prendidas las alarmas y la responsabilidad institucional estará muy actuante para neutralizar esos riesgos. Hasta hoy hemos recibido 715 quejas contra servidores públicos por participación en política, por trashumancia y por violaciones del régimen de inhabilidades de los candidatos, y ya hemos abierto 16 procesos disciplinarios contra alcaldes y personeros.
¿Qué va a pasar con los candidatos inhabilitados?
Desde luego que si resultan electos incurrirán en faltas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Se acudirá a las autoridades electorales y al contencioso para adelantar las acciones que sean necesarias para que no se les reconozca la investidura.
¿Cómo acabar con la corrupción política?
Hay algo que he repetido con prudencia e imprudencia, a tiempo y a destiempo, a hora y deshora: la corrupción no es un problema de un gobierno, es de los resortes morales de la sociedad colombiana. No se puede politizar, no se puede decir que es producto del anterior gobierno, se tiene que 'desuribizar'. Hay que generar una nueva cultura. Es necesario que los ciudadanos votemos a conciencia, teniendo en cuenta que lo fundamental es designar a personas para que ejerzan una investidura en orden al fortalecimiento del bien común.
Investigaciones
Procuraduría adelanta 16 procesos por participación indebida en política
De las 715 denuncias que ha recibido la Procuraduría, la mayoría son por indebida participación en política. Por estos hechos se han iniciado 16 procesos disciplinarios contra alcaldes y personeros, por expedir certificados de residencia electoral a ciudadanos no residentes en los municipios donde pretendían ejercer el derecho al voto.
También se adelantan dos investigaciones contra funcionarios de la organización electoral en Soledad (Atlántico) y Yopal (Casanare), por irregularidades relacionadas con la conformación y designación de jurados de votación. De otro lado, el
Alcalde de Melgar (Tolima) fue destituido por intervención indebida en política y quedó inhabilitado por 15 años.
Sistema Uriel recibió 1.510 quejas en 7 meses
La presunta entrega de estupefacientes a jóvenes en Barranquilla a cambio de votar por un candidato en particular, o la distribución de billetes de 20 dólares a votantes o amenazas del retiro de ayudas del Estado son las algunas de las denuncias que ha recibido la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia (Uriel) en esta jornada electoral.
Entre marzo y el 28 de octubre, esa unidad, del Ministerio del Interior, ha conocido en total 1.510 reportes de los ciudadanos de todo el país.
Esta última semana se dispararon las denuncias. Algunos días se contaron por centenares, y todas están siendo verificadas por organismos de seguridad, como la Policía, el DAS, la Contraloría, la Procuraduría y hasta la UIAF.
Antioquia, con 248; Valle, con 125, y Cundinamarca, con 122, son los departamentos que registran más quejas. Guainía era el único que hasta ayer no tenía ningún reporte.
¿Qué tipo de denuncias? La Uriel recibió reportes de delitos electorales, faltas disciplinarias, supuesta influencia de dineros ilícitos y grupos armados, así como de supuestos intereses extranjeros.
En delitos relacionados con los comicios, el fraude en inscripción de cédulas (trashumancia), sumó 235 casos; seguido estuvo corrupción al sufragante, con 85 quejas, y constreñimiento, con 45.
Respecto a faltas disciplinarias, 178 personas llamaron a dar a conocer la presunta participación en política de funcionarios. Más de 200 hablaron de la utilización de bienes públicos para hacer proselitismo; y 210 denunciaron inhabilidades de candidatos.
La presencia o presunta influencia de grupos armados ilegales también está en el ranking de los reportes: hubo 135 quejas.
Aunque en menor proporción, aparece el supuesto ingreso de dineros ilícitos a campañas (39 denuncias), amenazas a candidatos (91), y las amenazas contra las campañas políticas.
GERMÁN JIMÉNEZ LEAL
Periodista de EL TIEMPO
gerjim@eltiempo.com
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