Un piquete de al menos 15 policías llegó a la radio Cosmopolita, una popular emisora con 59 años de emisiones, obligaron a suspender la transmisión, confiscaron algunos equipos y la clausuraron definitivamente.
La causa: una deuda acumulada de ocho meses de pago de concesión en la que había incurrido en junio del 2010, pero que fue cancelada en octubre del 2010, según dijo a EL TIEMPO el gerente de la radio, Fernando Guanoluisa. "Se ensañaron con la radio e incluso se presionó al juez para que decida el cierre y violaron la ley porque aún no hay sentencia en firme" señaló.
La mano ejecutora para sacar del aire a otras cinco radios y sistemas de audio y video, en menos de 15 días, fue la Superintendencia de Telecomunicaciones, con lo que suman 14 estaciones clausuradas definitivamente en lo que va del 2012 y otras 20 podrían estar en proceso.
En los procesos judiciales se aduce faltas técnicas, operar con características distintas a las autorizadas, mora del pago de concesión mayor a seis meses y por fuerza de ley como la muerte del concesionario. Sin embargo, en un ambiente de alta confrontación con el Gobierno del presidente Rafael Correa, los gremios periodísticos no dejan de condenar la medida.
Más aún después del anuncio de esta semana del presidente de que ninguno de sus ministros o funcionarios aceptará entrevistas con los medios privados. "Los voceros gubernamentales (...) acudirán a entrevistas en medios privados que no son mercantilistas ni han jugado con el poder mediático para hacer negocios con el Estado" dijo esta mañana el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones ha iniciado varios procesos para dar por terminadas más de una veintena de concesiones, pero bajo el "debido proceso" según el Superintendente Fabián Jaramillo.
"La decisión de dar por terminado el contrato de concesión significa que el operador no tiene autorización legal para emitir señales (...), si la emisora hubiere apagado el transmisor no hubiésemos tenido ninguna acción que cumplir (clausura), señaló.
La organización Reporteros sin Fronteras (RFS) mostró su preocupación y aseguró que "aún no se han agotado todos los recursos legales y calificó como "sospechoso el hecho de que no se limitan a sacar del aire a las emisoras, sino que van hasta la confiscación de su equipo".
La Ley de Radiodifusión sanciona a perpetuidad. Si alguien es sancionado con la reversión de una concesión, a futuro no podrá ser concesionario.
Maggy Ayala Samaniego
Corresponsal de EL TIEMPO
Quito
Fuente